La disolución de los monasterios (referida por escritores católicos como la supresión de los monasterios) fue el proceso formal que tuvo lugar entre 1536 y 1540, por el cual el rey Enrique VIII de Inglaterra confiscó la propiedad de las instituciones de la Iglesia Católica en Inglaterra, y tomó control de ellas como la nueva cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Esto sucedió aproximadamente al mismo tiempo que la reforma protestante ocurría en la Europa continental.

Comenzó en 1534 cuando el parlamento le dio autoridad a Thomas Cromwell para "visitar" los monasterios (abadías y conventos) en apariencia para dar instrucciones a sus ocupantes acerca de las nuevas reglas que regirían su supervisión por el Rey en vez del Papa, pero en realidad para hacer un inventario de las propiedades. Más tarde, en 1535, esa autoridad fue delegada a una comisión.

En el verano de ese mismo año los visitadores comenzaron a hacer su trabajo, mientras predicadores eran enviados a las parroquias a dar sermones desprestigiando a los monjes y monjas, preparando así la confiscación. Al mismo tiempo, los visitadores mandaban al Parlamento informes escritos (probablemente exagerados), acerca de las graves faltas sexuales, morales, y económicas cometidas en los monasterios.

Sobre la base de esos informes, el Parlamento puso en vigor una ley en 1536, que entregaba al Rey de Inglaterra el derecho de propiedad sobre todos los monasterios con ingresos anuales inferiores a £ 200. Como esa medida no produjo el monto de ingresos esperado, en 1539 otra ley entregó a la Corona el resto de los monasterios existentes. Algunos monasterios intentaron resistir, pero después de que tres abades fueran ejecutados, el resto se resignó a los hechos; la creación de la Iglesia Anglicana hizo que Enrique VIII ofreciera también a numerosos abades y monjes la posibilidad de integrarse a dicho núcleo religioso como predicadores pagados por el gobierno, mientras que otros monjes recibirían una pensión vitalicia como compensación financiera por perder su medio de vida. Tal posibilidad hizo que muchos monasterios aceptaran la confiscación real sin mayor resistencia.

Los monasterios de Inglaterra, así como las órdenes religiosas que los poseían, tenían en su poder gran cantidad de tierras fértiles y de explotaciones agrícolas, así como riqueza inmobiliaria y en metálico, por lo cual su transferencia forzada a la Corona causaba una efectiva transformación de la economía; de hecho los diezmos recibidos por los monasterios siguieron siendo exigidos pero esta vez en calidad de tributo real.

No obstante, la codicia de los funcionarios reales y la propia presión de Enrique VIII para acumular grandes fondos en poco tiempo generó que muchas propiedades fueran vendidas por montos ínfimos a aristócratas y pequeña nobleza de las áreas rurales; también se perdieron obras de arte destruidas al no ser susceptibles de considerarse para la venta. En tanto la Corona se había reservado la entrega de los objetos de oro y plata, los cristales, ornamentos, y objetos similares fueron vendidos a ricos terratenientes, inclusive los edificios religiosos fueron deliberadamente destruidos en el afán de extraer piedras para otras construcciones o vigas metálicas para su reventa. También se perdieron importantes libros y manuscritos antiguos, algunos destruidos pero muchos otros vendidos a coleccionistas ricos y luego sacados de Inglaterra y dispersados por Europa. Uno de los pocos que se salvó fue el Libro de Kells, que sólo sobrevivió al ser contrabandeado fuera del país por el abad saliente, que lo llevó a Irlanda.

Imagen: Restos de la Abadía de Glastonbury