El papa Benedicto XVI ha promulgado un documento para luchar contra el blanqueo de dinero en la instituciones financieras del Vaticano. De este modo se crea el que ya se conoce como ‘Banco Central del Vaticano’ constituido para que vigile todas las operaciones financieras del único banco de Ciudad del Vaticano, el IOR, y las operaciones internacionales de las instituciones financieras de la Santa Sede.

Se trata de la medida de transparencia más importante de los últimos años, y permitirá que el Vaticano entre en la “lista blanca” de países que respetan las normas internacionales anti-lavado de dinero.

Actualmente la policía italiana investiga varias operaciones sospechosas del IOR, el único banco del Vaticano, que realizó dos transferencias sin revelar el nombre de los clientes. El Vaticano asegura que se trata de un malentendido y que ha entregado la información solicitada por las autoridades.

El IOR, o Instituto para las Obras de Religión, es un banco particular, porque sus clientes son diócesis, órdenes religiosas y departamentos y empleados de la Santa Sede. Fue instituido para que no se especule con el dinero de instituciones religiosas y para ahorrarles el coste de las operaciones.

Ahora el Banco Central del Vaticano se encargará de la plena aplicación de las normas internacionales contra los fraudes financieros. También asegurará que los euros vaticanos circulen en cantidad suficiente y no se detengan en las vitrinas de coleccionistas.


Un compromiso con la comunidad internacional

Benedicto XVI subraya, a través de una carta apostólica con la forma del motu proprio, que tiene valor de ley, su compromiso en la adopción de los principios y los instrumentos jurídicos promovidos por la comunidad internacional para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo e indica que aprueba una norma para este fin.

Establece que dicha “Ley para la prevención y lucha del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo” sea aplicada a los Dicasterios de la Curia romana y a todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, al tiempo que constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF) a la que dota de competencias en esas materias y aprueba su estatuto.

El decreto es la aplicación de la norma establecida en la Convención monetaria firmada el 17 de diciembre del año pasado en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Ciudad del Vaticano, para combatir las actividades ilegales en el campo financiero y monetario.


La última “buena acción del año”

Con estas medidas el Vaticano pretende entrar en la llamada “lista blanca” o la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La ley entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2011, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha afirmado que con la nueva normativa “se evitarán en el futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros”.

“El Papa ha firmado un documento inusual para él pero de gran valor y gran significado moral y espiritual. Es una buena forma de acabar este año, con un paso concreto en la dirección de la transparencia y la credibilidad”, ha concluido.


Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio"
sobre la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el campo financiero y monetario (30 de diciembre de 2010)