La creatividad del ser humano es esencial en la vida económica y en el campo empresarial. Ésta se manifiesta primordialmente en la elaboración de proyectos e innovación de procesos que optimizan el uso de recursos y facilitan la producción de bienes y servicios que contribuyen al bien común de la sociedad.

Ciertamente, todo ello debe llevarse a cabo en términos y con criterios económicos. Es innegable que cuando una empresa genera beneficios (valor agregado) es porque los factores de la producción han sido utilizados adecuadamente.

Sin embargo, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que al mismo tiempo que se generan beneficios económicos, se atenta contra el patrimonio más valioso de la empresa: su gente. Esto sucede cuando la empresa opera en ambientes socioculturales caracterizados por la explotación de las personas, bajos sueldos y salarios, jornadas excesivas de trabajo, y muchas otras violaciones a los derechos humanos.

Surge entonces la segunda condición para la distribución justa de la riqueza: la acción subsidiaria del Estado. El Estado debe ser un facilitador del desarrollo económico, secundar la actividad de las empresas, crear condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimular aquellas áreas de la economía que sean insuficientes, y sostener a los actores de ésta en momentos de crisis.

Sin embargo, no debemos olvidar que la tarea fundamental del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico que establezca reglas justas y transparentes entre los actores del libre mercado, para evitar que se den monopolios, oligopolios o competencia desleal, en la que una de las partes supera totalmente en poder a la otra, y puede reducirla prácticamente a la esclavitud.

En efecto, el mercado no es capaz, con sus propios mecanismos, de garantizar una distribución equitativa de algunos bienes y servicios esenciales para el desarrollo de los ciudadanos, y es allí donde la complementariedad entre Estado y mercado se hace más necesaria.

Más allá de las bondades del mercado y de las acciones subsidiarias del Estado, se encuentra la actividad concreta y cotidiana de los empresarios y dirigentes de empresa, elemento determinante en la distribución de la riqueza.

Sólo con una formación moral sólida, que implica virtudes como la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir riesgos razonables, la lealtad en las relaciones interpersonales; la fortaleza en la toma de decisiones difíciles y dolorosas, y, sobre todo, la solidaridad y la fraternidad, se puede respetar la dignidad humana de los trabajadores.

Es un deber, en la agenda de un auténtico empresario con responsabilidad social, elevar el nivel de vida de los trabajadores e impulsarlos a su propio desarrollo mediante la capacitación y la oferta de espacios de crecimiento, ya que son estas acciones concretas las que permiten un reparto más justo de la riqueza.