El Estado estadounidense de Arizona ha endurecido su legislación en materia de inmigración. A partir de ahora, cualquier persona indocumentada pasará a ser tratada como un delincuente ya que convierte en delito menor la inmigración ilegal en Arizona.

Con la nueva norma en la mano un sin papeles puede llegar a pasar en Arizona hasta seis meses en la cárcel y tener que pagar multas de hasta 6.000 euros. Con esta ley el Gobierno de Arizona permite que su Policía detenga a cualquier persona si tiene alguna “sospecha razonable” de que es un inmigrante sin papeles.

La reacción internacional no se ha hecho esperar a pesar de que esta ley está respaldada por un 65% de los ciudadanos (de hecho la gobernadora de Arizona ha visto crecer la intención de voto hasta un 48%). En México, país que protagoniza el mayor índice de inmigración legal y no legal en el sur de Estados Unidos, se han puesto en pie de guerra desde sectores políticos, económicos y sociales. El propio Consejo Coordinador Empresarial de México (tan poco dado a postularse políticamente) ha llamado al boicot de los bienes y servicios producidos o radicados en Arizona.

La ley ha sido criticada por el propio presidente Barack Obama que ha considerado que la iniciativa “no va en la dirección adecuada”. El Departamento de Justicia ha prometido revisar a fondo dicha norma para comprobar que se trata de una iniciativa constitucional.

La ley fue sancionada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril y el propio presidente de México, Felipe Calderón se ha postulado contrario a la iniciativa del Estado sureño. La sensación que tienen los mexicanos es que la ley de Brewer les “agravia” tal y como consideraron algunos senadores mexicanos que han decidido posponer un acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre casos de emergencia provocados por desastres naturales. Han dicho no sentirse con “ánimo”.

Los favorables a la norma niegan el carácter racista de la ley y menos aún que se pretenda desencadenar una ‘caza al inmigrante’ por parte de la Policía de Arizona. El que fuera presidenciable a la Casa Blanca, el republicano John McCain apoya la iniciativa como tantas figuras destacadas del partido republicano.

La iniciativa, según los republicanos, pretendería reducir los índices de criminalidad que han aumentado en las zonas fronterizas de Arizona, de lo cual culpan a los inmigrantes irregulares, en su mayoría mexicanos.

La Iglesia mexicana alza su voz

La Archidiócesis de México ha condenado que se prejuzgue “a cualquier indocumentado como criminal”. En un editorial publicado hoy en el semanario Desde la Fe, el arzobispado señaló que con esta forma de actuar se violan las garantías individuales”, “derechos humanos”, la “buena fama” y la “dignidad” de los indocumentados, cualquiera que sea su nacionalidad.

“Considerar como delincuente a todo inmigrante o a todo sospechoso de ser indocumentado refleja una actitud de desprecio al ser humano”, aseguró la archidiócesis, que encabeza el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera.

Del mismo modo, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha repudiado la ley contra los ilegales que ha tildado de “personas honestas, trabajadoras y de gran dignidad”.

“Expresamos hoy nuestro total desacuerdo con la ley recientemente aprobada en el estado de Arizona, en Estados Unidos, por ser gravemente injusta, ya que incrimina a nuestros hermanos indocumentados, emigrantes, como que fueran personas malas, delincuentes”, ha declarado en rueda de prensa el arzobispo.

Del mismo modo, pero sin abordar directamente el caso de Arizona, la Iglesia católica española ha defendido el valor de la inmigración como una oportunidad para la sociedad y lamentó la tendencia de excluir y criminalizar a los extranjeros sin papales.

“La inmigración no es un problema ni una amenaza o invasión, es una oportunidad para la sociedad”, ha manifestado José Luis Pinilla, responsable de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española. El jesuita sentenció que “con un modelo de sociedad excluyente, perdemos todos”.