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Santa Sede: el grave problema de los mercados offshore
En la vigilia de la Conferencia de Dhoa, la Santa Sede pide nuevas reglas para los mercados financieros que favorezcan a los países más pobres


Por: . | Fuente: Fides



Ciudad del Vaticano

Intervenir sobre la fuga de capitales en las centrales financieras offshore que representan una dispersión enorme de recursos a través de la evasión fiscal; plantear políticas basadas en la cooperación a favor de los países pobres; no vaciar de contenidos la Conferencia de Dhoa promovida por las Naciones Unidas (del 29 de noviembre al 2 de diciembre) dedicada a las finanzas y al desarrollo. El riesgo es que el reciente G20, del que han sido excluidos los países pobres, anule o reduzca mucho la cita auspiciada por la Onu, cita a la que los países en vías de desarrollo miran con esperanza.
Son estos algunos de los puntos clave de la “Nota” dedicada a la actual crisis económica mundial difundida por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” con la aprobación de la Secretaría de Estado Vaticana. El tema unificador de las propuestas gira sobre un concepto base: “Para afrontar la crisis es necesario un nuevo pacto financiero internacional”. En resumen las recetas a nivel nacional ya no bastan, es necesaria una alianza entre Estados y organismos internacionales que apunte a la inclusión y no a una marginación ulterior de las naciones que tienen más necesidad de ayuda; una inversión de tendencia de 360 grados que ponga los principios de la cooperación, de la solidaridad, del bien común, en el primer lugar en las grandes opciones de la economía global.

El Pontificio Consejo “Justicia y Paz” afirma, entre otras cosas, que el actual sistema económico y financiero internacional está basado sobre una postura que afecta las realidades más pobres del planeta: “Son los países pobres quienes financian a los países ricos, que reciben recursos que provienen de las fugas de capital privado, de las decisiones gubernativas de acantonar reservas oficiales bajo forma de actividades financieras seguras colocadas en los mercados financieramente evolucionados o en los mercados offshore”.

También acerca de los desequilibrios entre el norte y el sur del mundo, y por lo tanto entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, la Nota subraya un importante principio general: “Es necesario evitar que se desate la cadena del proteccionismo recíproco; más bien se deben fortalecer las prácticas de cooperación en materia de transparencia y de vigilancia sobre el sistema financiero – dice el documento –. En particular, es importante que el, sin duda necesario, diálogo político entre los países más ricos no lleve a soluciones basadas sobre acuerdos exclusivos, sino que relance un espacio de cooperación abierto y tendencialmente inclusivo”.

Esta debería ser la visión ética de fondo, mientras la situación es bastante diferente: “los envíos de los emigrados comportan un flujo de recursos que, a nivel macro, superan ampliamente los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a los ricos del Norte y los mismos pobres del Sur deben emigrar y trabajar en el Norte para sostener a sus familias en el Sur”.

El mundo actual se encuentra así al centro de una contradicción de la que nace la urgencia de construir nuevas estrategias de intervención, y entonces es tanto más necesario “considerar atentamente el papel, escondido pero crucial, del sistema financiero offshore”.

El Pontificio Consejo no deja de considerar que justamente en este ámbito es necesario descubrir algunas de las razones fundamentales de la actual crisis, desde aquí en efecto cobran vida fenómenos como las “fugas de capital de proporciones gigantescas, los flujos legales motivados por objetivos de evasión fiscal y encanalados también a través de sobre/subfacturación de los flujos comerciales internacionales, el reciclaje de las ganancias de actividades ilegales”. Según “Justicia y Paz” se trata de una mole de actividades financieras que corresponde a una evasión fiscal de 255 mil millones de dólares, que corresponde a más de tres veces el completo monto de las ayudas públicas al desarrollo por parte de los países Ocse. En este escenario tan complejo, un papel importante corresponde a los ciudadanos que pueden introducir “comportamientos responsables en materia de consumo e inversión”.







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