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Contraría la ley natural, mina la familia y los fundamentos
de la sociedad, contradice el bien común y el bien
de los niños: es la reflexión del presidente de la
Conferencia Episcopal de Sudáfrica ante la aprobación del «matrimonio homosexual».
El Parlamento sudafricano aprobó el martes la ley del «matrimonio»
entre personas del mismo sexo -al término de un fuerte
debate- por 230 votos a favor, 41 en contra y
3 abstenciones.
La ley afirma que el matrimonio es una
«unión voluntaria entre dos personas, solemnizada y registrada como matrimonio
o como unión civil». El gobierno afirma que la nueva
disposición se enmarca en su intento por combatir toda forma
de discriminación.
En octubre, el cardenal Wilfrid Fox Napier OFM
–arzobispo de Durban- difundió una declaración explicando por qué la
Iglesia mantenía una postura opuesta a tal norma, entonces en
debate, a petición de un Comité de Asuntos Internos del
parlamento.
«Estamos de acuerdo en que la ley civil y
la ley moral son cosas diferentes», pero «las leyes hechas
por manos humanas no pueden legitimar lo que es contrario
a la ley moral natural», explicaba el cardenal Napier.
La
legalización de las uniones entre personas del mismo sexo mina
además la familia, apuntaba el purpurado: «A través de las
culturas y de diferentes credos religiosos, el matrimonio es el
fundamento de la familia» y se contempla «como una relación
permanente de amor entre un hombre y una mujer, una
relación abierta a la nueva vida y el futuro de
la raza humana».
Pero es que también, en los diferentes
credos religiosos y culturas, «la familia se contempla como la
unidad básica de la sociedad» y ésta «debe su continua
supervivencia a la familia, fundada en el matrimonio», y el
«matrimonio como lo conocemos es reconocido por el Estado porque
contribuye al bien común», mientras que «las uniones homosexuales no
ejercen esta función», observaba el purpurado sudafricano.
Tales uniones también
contrarían el bien de los niños, pues al cuidado de
una pareja del mismo sexo se verían privados de la
experiencia de la paternidad y la maternidad, «una grave injusticia
a estos niños que serían forzados a crecer en un
entorno que no conduce a su desarrollo humano pleno», añade.
Tal norma igualmente transmite un mensaje erróneo. Y es que
«la ley juega un papel educativo»; «cuando algo está permitido
por ley, los patrones sociales de pensamiento y conducta cambian»,
porque «lo que es “legal” se convierte en permisible, aceptable»,
alertaba el cardenal Napier.
Estos razonamientos están lejos de cualquier
discriminación, recalcaba el purpurado: «la Iglesia católica deplora la discriminación
contra las personas homosexuales», quienes «tienen derecho a ser tratadas
con respeto por los individuos y la sociedad».
«El reconocimiento
legal del matrimonio, incluyendo los beneficios asociado a él, no
es cuestión sólo del compromiso personal que realizan el esposo
y la esposa para el bienestar de la sociedad. La
justicia misma demanda que sería erróneo redefinir el matrimonio para
proporcionar beneficios a quienes no pueden estar comprendidos dentro del
matrimonio», proseguía.
Y «algunos de estos beneficios -añadía- se pueden
obtener de otras formas» o podrían extenderse mediante medidas que
no impliquen una redefinición del matrimonio.
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