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Declaración del Pontificio Consejo para la Familia acerca de la
Resolución del Parlamento Europeo del 16/3/2000 sobre equiparación entre familia
y ´uniones de hecho´, incluso homosexuales.
Los medios de comunicación informan
que el Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución sobre el
respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, que
contempla también la modalidad de las uniones de hecho y
entre ellas la convivencia registrada entre personas de un mismo
sexo, as’ como la necesidad del reconocimiento de ´matrimonios legales´
entre personas del mismo sexo.
Esta Resolución representa un grave y
reiterado atentado contra la familia fundada en el matrimonio, como
unión de amor y de vida entre un hombre y
una mujer, de la cual naturalmente nace la vida. En
tal unión matrimonial, como bien necesario que es, está sólidamente
basada toda sociedad. Negar esta fundamental y elemental verdad antropológica
llevaría a la destrucción del tejido social. Asimilar tales uniones
de hecho, y más aún las homosexuales, a las uniones
propiamente matrimoniales e invitar a que los Parlamentos legislen en
este sentido, constituye un desconocimiento de la profunda aspiración
de los pueblos en su más honda identidad?
A lo largo
de la historia los pueblos han reconocido con sabiduría lo
que es y comporta el matrimonio, ahora sometido por el
Parlamento Europeo en esta Resolución a tan lamentable tergiversación. Por
fortuna, los Parlamentos de Europa sabrán seguramente estar en sintonía
con la inmensa mayoría de las familias europeas, a las
que urge ayudar en su noble misión y que ahora
se verán injustamente equiparadas a esta clase de ´uniones´, por
esta resolución, que en ninguna forma tiene auténtico valor de
ley o de orientación obligante. La naturaleza específica de la
familia, fundada en el matrimonio, es reconocida por la mayoría
de las Constituciones europeas. Esta no es por otra parte
sólo una verdad de los creyentes, sino patrimonio natural de
la humanidad, inscrita en el corazón del hombre y que
marca la cultura de los pueblos.
Por tanto, los legisladores, y
en modo particular los parlamentarios católicos, no podrían cooperar con
su voto a esta clase de legislación, que, por ir
contra el bien común y la verdad del hombre, sería
propiamente inicua.
Ciudad del Vaticano, 17 de marzo de 2000
Cardenal Alfonso
López Trujillo Presidente
+Francisco Gil Hellón, Secretario
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