Catholic.net - Las Sociedades de Convivencia y su Ley innecesaria

Finalmente el PRD parece decidido a cumplir el viejo compromiso contraído con un grupo minoritario, pero muy activo: la alianza lésbico-gay, que ha luchado insistentemente en que las uniones homosexuales sean reconocidas jurídicamente. La iniciativa ha evolucionado a través del tiempo y de pasar a ser, de manera descarada, una forma de “familia”, ahora recurren al eufemismo de adoptar la figura de “sociedades de convivencia”.

La legislación propuesta es totalmente innecesaria, pues todos los derechos y complementos que pretenden adquirir por el hecho de asociarse y vivir juntos, heredarse, donarse, etc., pueden ser adquiridos por cualquier otra forma de contratos ya previstos en otras disposiciones, sin necesidad de recurrir a una legislación específica que sería redundante.

¿Acaso es la supuesta protección que buscan, la razón de ser de la ley que están por votar los Asambleístas? La respuesta contundente debe ser NO. Hay otros caminos y formas a través de las cuales dos o más personas se obligan entre sí a darse protección y apoyo, o a heredarse. Tampoco es cierto que esta ley sea benéfica para cualquier tipo de asociaciones que busquen esta complementariedad.

La Ley de Sociedades de Convivencia es el intento de los grupos homosexuales de dar personalidad jurídica a su cohabitación de manera similar a la familia. Se pretende que una unión que no va de acuerdo con la naturaleza de los sexos y que, por lo mismo, no puede ser un matrimonio ni una familia, asuma los derechos y deberes de ésta, adquiriendo una personalidad específica ante la sociedad, como si con ello, porque está en la Ley, adquiriera una legitimidad que la naturaleza humana no les otorga.

La pretensión de las parejas homosexuales de ser acogidas, protegidas y elevadas socialmente como una institución social, es mucho más ambiciosa que lo que la misma legislación ha otorgado a la familia, no sólo por los niveles jurídicos que ha adquirido el concubinato, sino porque se le otorgaría características de institución social que no se ha otorgado a la familia.

Quizá muchos no lo sepan, pero en el Derecho mexicano la familia tiene muy pocas y muy débiles referencias. Es más, diríamos que la familia como institución social no es reconocida. Se reconoce la unión de los miembros de la misma y los derechos que ellos adquieren. Se regula la relación con los hijos, aunque hoy se pretende debilitar la patria potestad con otras leyes y acciones so pretexto de los derechos del niño. Pero la familia, como sujeto social, no es reconocida.

Esta deficiencia quizá se explica porque siendo de derecho natural, la familia no adquiere su personalidad por la Ley, aunque ésta debiera reconocerla y protegerla como tal, explicitando sus deberes y derechos en una norma específica. Sin embargo, preguntaría yo, dónde se encuentra la legislación específica que constituye a la familia, en cuanto tal, como sujeto de derechos y deberes. La respuesta es clara, en ningún lugar. Y, sin embargo, la familia es la célula básica de la sociedad, punto de partida de la convivencia y la reproducción humana, no sólo físicamente, sino también en los ámbitos espiritual y cultural. Contra la familia se ha actuado mucho en la misma legislación, hasta se propicia su disolución y se mina la autoridad de los padres. Pero la familia es y será.

En cambio, una realidad artificial, ajena a las leyes de la naturaleza, pide a gritos la protección de una ley, aunque repita lo que está ya en otra legislación, para pretender adquirir personalidad jurídica y, dizque con ello, legitimidad.

La sociedad no gana nada, y a fin de cuentas quienes buscan esta protección tampoco, o muy poco: el nombre. Lo demás permanece igual jurídicamente.

Sin embargo, el efecto más importante que buscan los promotores de la legislación, es dar un lugar social a un hecho, que aunque tiene que ser tolerado, no por ello indica que sea algo deseado o conveniente. Con esta ley uno se pregunta dónde está la coherencia entre quienes están en contra de la pederastía, si por otro lado los actos que se condenan en estas acciones quedan aparentemente consagrados por esta legislación. No hay lógica.

Ciertamente que ni homosexuales ni lesbianas deben ser discriminados o menospreciados, son personas con todos sus derechos. Pero tampoco es verdad que por serlo requieran o merezcan unos derechos especiales, específicos, o que sus relaciones demanden una protección legal peculiar. La ley no les da lo que la naturaleza humana les niega.

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