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La Inquisición en la Edad Media

(1) Origen

Durante las primeras tres décadas del siglo XIII, la Inquisición, como institución, no existió. Pero eventualmente la Europa cristiana estaba en peligro por la herejía, y la legislación penal referente al catarismo estaba en tal condición que la Inquisición parecía una necesidad política. Que estas sectas eran una amenaza a la sociedad cristiana había sido reconocido por la mayor parte por los gobernantes del área bizantina. Desde el siglo X la Emperatriz Teodora había condenado a muerte a una multitud de paulicianos y en el año 1118 el Emperador Alexius Comnenus trató a los Bogomili con igual severidad; pero este hecho no evitó que estas sectas se propagaran por toda la Europa occidental. Por otra parte, estas sectas eran muy agresivas, hostiles al cristianismo, a la Misa, a los sacramentos, a la jerarquía eclesiástica y a su organización; ellos eran también hostiles al gobierno feudal por su actitud hacia los juramentos, de los cuales declararon impermisibles bajo ninguna circunstancia. Ni eran sus opiniones simplemente menos fatales a la continuación de la sociedad humana, porque por un lado prohibieron el matrimonio y la propagación de la raza humana, y por otra parte hicieron del suicidio un deber por la institución de la Endura. Se ha dicho que más cátaros fallecieron con la Endura (el código del suicidio de los cátaros) que con la Inquisición. Era, por lo tanto, bastante natural para los guardianes de la orden existente en Europa, especialmente de la religión cristiana, adoptar medidas represivas contra tales enseñanzas revolucionarias.

En Francia Luis VIII decretó en el año 1226 que las personas incomunicadas por el obispo diocesano, o por su delegado, debían recibir el "castigo apropiado" (debita animadversio). En el año 1249 Luis IX ordenó a sus barones que traten a los heréticos según los dictados del decreto de su deber (de ipsis faciant quod debebant). Según un decreto del Concilio de Toulouse (1229) parece probable que en Francia la muerte por el fuego era entendida ya de acuerdo con la ley antes dicha. Intentar rastrear de esta manera la influencia de ordenanzas imperiales o papales es inútil puesto que el castigo del fuego a los heréticos había sido ya establecido como algo preceptivo. Se dice en el "Etablissements de St. Louis et coutumes de Beauvaisis ", ch. cxiii (Ordonnances de Roys de France, I, 211): "Quand le juge [ecclésiastique] laurait examiné [le suspect] se il trouvait, quil feust bougres, si le devrait faire envoier à la justice laie, et la justice laie le dolt fere ardoir." El "Coutumes de Beauviaisis" corresponde al "Sachsenspiegel" alemán, o al "Espejo de Leyes Saxones", compilado alrededor del año 1235, el cuál también incorporaba una ley sancionada por costumbre (sal man uf der hurt burnen). El emperador Federico II de Italia, desde el 22 de noviembre del año 1220 (Mon. Germ., II, 243), publicó un decreto contra los heréticos, concebido, no obstante en el espíritu de Inocencio III, y Honorio III comisionó a sus emisarios para reforzar la aplicación en ciudades italianas de los decretos canónicos del año 1215 y de la legislación imperial del año 1220. De lo siguiente hay duda de que hasta el año 1224 no había ninguna ley imperial que ordenara, el quemar a los heréticos. El decreto de Lombardía del año 1224 (Mon. Germ., II, 252; cf. ibid., 288) es por consiguiente la primera ley en la cual la muerte por el fuego está contemplada (cf. Ficker, op. cit., 196). No se puede mantener si Honorius III estaba de cualquier manera implicado en el bosquejo de esta ley; el emperador de hecho no tenía la necesidad de la inspiración papal puesto que el quemar a los heréticos en Alemania era en aquella época común; los emisarios del papa, por otra parte, habrían dirigido ciertamente la atención de los emperadores a la antigua Ley Romana que daba el poder de castigar la alta traición por la muerte, y al maniqueísmo en detalle con la muerte a la pira. Los decretos imperiales del año 1220 y del año 1224 fueron adoptados y fueron puestos en el código penal eclesiástico en el año 1231, y pronto se aplicó en Roma. Era con base en esto que la Inquisición del Medievo comenzó a existir.

¿Cuál era la provocación inmediata? Las fuentes contemporáneas no producen ninguna respuesta positiva. El Obispo Douais, que quizás ordena el mejor material contemporáneo original que cualquier otra persona, ha procurado en su último trabajo (l´Inquisition, Ses Origines. Sa Procedure, París, 1906) explicar el aspecto por una ansiedad supuesta de Gregorio IX para prevenir las usurpaciones de Federico II en el tema estrictamente eclesiástico de la doctrina. A este propósito parecería necesario que el papa estableciera una corte distinta y específicamente eclesiástica. Desde este punto de vista, la hipótesis no puede ser probada completamente y sigue siendo obscura la situación sobre el tópico. Había sin duda una razón de temer tales usurpaciones imperiales en una edad llena de los conflictos del Imperio y de sacerdocio. Necesitamos solamente recordar al respecto, las maneras clandestinas del emperador y de su impaciencia fingida para la pureza de la fe, de su legislación cada vez más rigurosa contra heréticos, de las ejecuciones numerosas de sus rivales personales con el pretexto de herejía, de la pasión hereditaria de la familia Hohenstaufen para el control supremo sobre la iglesia y sobre el estado, su demanda de la autoridad divina, sobre ambos, la responsabilidad en sus dominios, etc. ¿Cuál era la vía más natural que la iglesia debía reservarla terminantemente a su propia esfera, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por evitar ofender al emperador? Un tribunal religioso puramente espiritual o papal aseguraría la libertad eclesiástica y la autoridad porque esta corte se podría confiar a los hombres de experiencia y de reputación libre de culpa, y sobretodo a hombres independientes en cuales la iglesia podía confiar con seguridad una decisión en cuanto a la ortodoxia o la heterodoxia de cierta enseñanza. Por otra parte, para resolver los deseos de los emperadores hasta lo permisible, el código penal del imperio se podría asumir como el de control tal como era (cf. Audray, "Regist. de Grégoire IX", n. 535).


(2) El Tribunal Nuevo


(a) Su característica esencial

El papa no estableció la Inquisición como tribunal distinto y separado; lo que hizo fue designar a los jueces especiales pero permanentes, que ejecutaron sus funciones doctrinales en el nombre del papa. Donde se sentaron las bases para la Inquisición. Debe ser observado cuidadosamente que la característica distinta de la Inquisición no era su procedimiento peculiar, ni la examinación secreta de testigos y de la acusación oficial consecuente: este procedimiento era común en todas las cortes a partir de la época de Inocencio III. Ni era la búsqueda de heréticos en todos los lugares: ésta había sido la regla desde el Sínodo Imperial de Verona bajo Lucio III y Federico Barbarossa. Ni estaba la tortura, que no fue prescrita o aún no fue tenida en cuenta décadas después del principio de la Inquisición, ni, finalmente, las varias sanciones, encarcelamiento, incautación, la muerte por fuego, etc. Castigos que existían generalmente mucho más antes de la Inquisición. El Inquisidor, en sentido estricto, era un juez especial pero permanente, actuando en el nombre del Papa y con autoridad de él para ocuparse legalmente de ofensas contra la fe; él tenía sin embargo, que adherirse a las reglas establecidas del procedimiento canónico y pronunciar los castigos acostumbrados.

Muchos lo miraron como intervención de Dios, al tiempo que se originaban dos órdenes religiosas nuevas, los dominicos y los franciscanos, que por su entrenamiento teológico superior y otras características, parecían aptos para realizar la tarea inquisitorial con gran éxito. Era seguro asumir que no fueron dotados simplemente con el conocimiento indispensable, sino que también hacían lo que tenían que hacer absolutamente no por egoísmo y sin la influencia de motivos terrenos, y hacían lo que parecía su deber para el bienestar de la Iglesia. Además, había razón de esperar que, debido a su gran popularidad, no encontrarían demasiada oposición. Al parecer, por lo tanto, natural que los inquisidores debían ser elegidos por los papas principalmente de estas órdenes, especialmente lo de los Dominicanos. Se debe observar, sin embargo, que los inquisidores no eran elegidos exclusivamente de los órdenes mendicantes, aunque sin duda fue lo que busco el Senado de Roma cuando en su juramento de oficina (1231) se mencionó a los inquisidores datos ab ecclesia. En su decreto del año 1232 Federico II les llamó inquisidores ab apostolica sede datos. El dominico Albérico, en noviembre del año 1232, pasó por la Lombardía como inquisidor haereticae pravitatis. Al prior y al secundario-prior de los Dominicanos en Friesbach les dieron una comisión similar desde el 27 de noviembre del año 1231; el 2 de diciembre de1 1232, el monasterio de Strasburgo, y un poco más tarde los monasterios de Wurzburg, de Ratisbon, y de Bremen, también recibieron la comisión. En el año 1233 un edicto de Gregorio IX, refiriéndose a estas materias, fue enviado simultáneamente a los obispos de la Francia meridional y a los priores del la orden de los dominicos. Sabemos que los dominicos fueron enviados como inquisidores en el año 1232 a Alemania a lo largo del río Rin, a los Diócesis de Tarragona en España y a Lombardía; en el año 1233 a Francia, al territorio de Auxerre, a las provincias eclesiásticas de Bourges, de Burdeoux, de Narbonne, y de Auch, y a Burgundy; en el año 1235 a la provincia eclesiástica de Sens. En fin, cerca del año 1255 encontramos la Inquisición en plena actividad en todos los países de la Europa central y la Europa occidental en el condado de Toulouse, en Sicilia, en Aragón, en Lombardía, en Francia, en Burgundy, en Brabant, y en Alemania (cf. Douais, op. cit., p. 36, y Fredericq, "Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 1025-1520", 2 vols., Ghent, 1884-96).

La creencia de que Gregorio IX, por nombrar a los dominicos y franciscanos como inquisidores, retiró la supresión de la herejía de las cortes apropiadas (por ejemplo, de los obispos), es una idea que no se puede generalizar. Tan poco pensaba él en desplazar la autoridad episcopal que, al contrario, él proporcionó explícitamente que ningún tribunal de la inquisición trabajara dondequiera sin la cooperación diocesana de los obispos. Y si, por la fuerza de su jurisdicción papal, los inquisidores manifestaron de vez en cuando una inclinación demasiado grande de actuar independientemente de la autoridad episcopal, era precisamente por ello que los papas los trataron de mantener dentro de sus límites. En el año 1254 Inocencio IV prohibió de nuevo el encarcelamiento perpetuo o la condenación a la muerte por el fuego sin el consentimiento episcopal. Órdenes similares fueron publicados por Urbano IV en el año 1262, Clemente IV en el año 1265, y Gregorio X en el año 1273, hasta que finalmente Bonifacio VIII y Clemente V declararon solemnemente nulo y sin valor todos los juicios publicados en procesos referentes a la fe, a menos que fueran entregados con la aprobación y la cooperación de los obispos. Los papas siempre mantenían con sinceridad la autoridad episcopal, e intentaban liberar los tribunales de la inquisición de cada clase de carácter arbitrario y de caprichos.

Era una carga pesada de responsabilidad -casi demasiado pesada para un mortal común- la que caía sobre los hombros de un inquisidor, quien era obligado, por lo menos indirectamente, a decidir entre la vida y la muerte. La Iglesia tenía que insistir que el inquisidor debe poseer, a un grado supremo, las calidades de un buen juez; que debe ser animado con un celo que brilla intensamente para la Fe, la salvación de almas, y el extirpación de la herejía; que entre todas las dificultades y todos los peligros él nunca debe rendirse a la furia o a la pasión; que debe resolver la hostilidad sin miedo; que no debe rendirse a ningún estímulo o amenaza, pero al mismo tiempo no debe ser despiadado; que, cuando las circunstancias lo permitían, él debe observar misericordia en la asignación de penas; que debe escuchar los consejos de otros y no confiar mucho a su propia opinión, puesto que lo probable es a menudo falso. Así Bernard Guildonis y Eymeric, inquisidores los dos por años, describieron el inquisidor ideal. De tal inquisidor también estaba pensando Gregorio IX sin duda cuando él impulsó a Conrado de Marburg: "ut puniatur sic temeritas perversorum quod innocentiae puritas non laedatur" - es decir, "no castigar al sospechoso para lastimar al inocente." La historia nos muestra cómo los inquisidores contestaron a este ideal. En vez de ser inhumanos, eran, en general, se dijo oficialmente: hombres de carácter inmaculado y a veces de una santidad verdaderamente admirable. Varios de ellos han sido canonizados por la Iglesia. No hay ninguna razón de mirar al juez eclesiástico medieval como intelectualmente y moralmente inferior al juez moderno. Nadie negaría que los jueces de hoy, a pesar de decisiones ásperas ocasionales y los errores de algunos, persiguen una profesión altamente honorable. Semejantemente, los inquisidores medievales deben ser juzgados en su totalidad. Por otra parte, la historia no alinea la hipótesis que los heréticos medievales eran prodigios de la virtud, mereciendo nuestra condolencia anticipadamente.


(b) Procedimiento

Esto comenzó regularmente con un término de un mes "de la tolerancia", proclamado por el inquisidor cuando él viniera a un distrito en donde se sospechaba había herejía. Convocaba a los habitantes a aparecer ante el inquisidor. A los que confesaron por cuenta propia, un castigo apropiado (por ejemplo, un peregrinaje) fue impuesto, pero nunca fue impuesto un castigo severo como el encarcelamiento o la entrega a los poderes civiles. Sin embargo, estas relaciones con los residentes de un lugar a menudo daban paso a situaciones más graves, indicaban la área apropiada para la investigación, y a veces mucha evidencia contra individuos era obtenida así. Estas personas, entonces fueron citados ante jueces -generalmente por el sacerdote de la parroquia, aunque de vez en cuando por las autoridades seculares- y el proceso daba inicio. Si el acusado inmediatamente daba una confesión completa y libre, el asunto era pronto concluído, y no operaba a desventaja del acusado. Pero en la mayoría de los casos el acusado se negó, aun después de jurar en los cuatro Evangelios, y esta negación era obstinada en la medida que el testimonio le incriminaba. David de Augsburg (cf. Preger, "Der Traktat des David von Augsburg uber die Waldenser", Munich 1878 pp43 sqq.) precisó al inquisidor cuatro métodos de extraer la admisión abierta:

el miedo de la muerte, es decir permitiendo que el acusado entienda que la muerte por el fuego le aguardaba si él no confesaría;
más o menos el confinamiento estricto, posiblemente acentuado por la falta de alimento; visitas de los hombres probados que procurarían inducir la confesión libre con la persuasión amistosa; la tortura, lo que será discutido más adelante.


(c) Los testigos

Cuando no se hizo ninguna admisión voluntaria, la evidencia fue sospechada. Legalmente, tuvo que haber por lo menos dos testigos, aunque los jueces conscientes se contentaban raramente con ese número. El principio había sido llevado hasta aquel tiempo por la Iglesia que el testimonio de un herético, de una persona excomulgada, de un perjuro, en otras palabras, de un "infame, "era sin valor ante las cortes". Pero en su propósito de lograr más confiabilidad, la Iglesia suprimió esta práctica, y de validar la evidencia de un herético a casi su valor completo en procesos tratando de la fe. Esto aparece desde el siglo XII en el "Decretum Gratiani". Mientras que Federico II fácilmente consintió a esta nueva medida, los inquisidores parecían al principio con dudas respecto al valor de la evidencia de una persona "infame". Nuevas medidas fueron adoptadas en el año 1261 por Alejandro IV, tanto en teoría como en práctica. Las modificaciones fueron importantes y se mantuvo relativamente en secreto. De esa misma forma actuaban los herejes. Incluso antes del establecimiento de la Inquisición los nombres de los testigos fueron retenidos a veces de la persona acusada, y este uso fue legalizado por Gregorio IX, Inocencio IV, y Alejandro IV. Bonifacio VIII, no obstante, lo abrogó por su Bula Pontífica "Ut commissi vobis officii"(Sext. Decret., 1. V, tit. ii); y ordenó que en todos los procesos, incluso los de tipo inquisitoriales, los testigos deben ser nombrados al acusado. No había confrontación personal de los testigos ni había interrogatorio.

Los testigos para la defensa casi nunca se aparecieron, porque infaliblemente serían sospechados de ser herejes por si mismos o considerados favorables a la herejía. Por la misma razón a esos acusados raramente les concedieron asesores jurídicos, y por lo tanto fueron obligados a hacer respuestas personales a las preguntas principales. Ésta sin embargo, no era tampoco innovación nueva, ya que en el año 1205 Inocencio III, en la publicación de la Bula Pontífica "si adversus vos" prohibió ayuda alguna de caracter legal de cualquier tipo para los herejes: "A Uds. les prohibimos terminantemente, abogados y notarios, que ayuden a los herejes de ninguna manera, por el consejo o por el apoyo, y en tal manera como creer en ellos, unirse con ellos, darles ninguna ayuda, ni defenderlos de ninguna manera". Pero esta severidad pronto se relajó, y también en la época de Eymerico parece haber sido la costumbre universal conceder a los herejes un asesor jurídico, quien, sin embargo, tenía que ser sin ninguna sospecha, "vertical, de lealtad indudable, experta en ley civil y en la ley Canónica, y entusiasta hacia la fe".

Mientras tanto, aun en esas épocas duras, se creían tales severidades como algo legal y excesivo, y habían propuestas para hacerlas más atenuadas de varias maneras para proteger los derechos naturales del acusado. Primero él podría contar al juez los nombres de sus enemigos: si la carga originaria con ellos, los testigos falsos serían derogados sin dificultad adicional. Además, estaba indudablemente una ventaja para el acusado que ellos fueron castigados sin misericordia. El inquisidor antedicho, Bernard Gui, relaciona un caso de un padre que acusó falsamente a su hijo de la herejía. La inocencia del hijo fue rápidamente evidente, y de pronto el acusador falso fue prendido y condenado a prisión de por vida (solam vitam ei ex misericordia relinquentes). Además, él fue empicotado por cinco domingos consecutivos frente a la iglesia durante el servicio, con la cabeza calva y las manos atadas. El perjurio en esos días contó como una ofensa enorme, en particular cuando lo cometió un testigo falso. Por otra parte, el acusado tenía una ventaja considerable en que el inquisidor tenía que conducir el proceso con la cooperación del obispo diocesano o sus representantes, a quienes todos los documentos referentes al proceso tenían que ser remitidos. Ambos, el inquisidor y el obispo, tenían que convocar y consultar con un número de hombres virtuosos con experiencia (boni viri), y tenían que decidir de acuerdo el uno con el otro (vota). Inocencio IV (el 11 de julio del año 1254), Alejandro IV (el 15 de abril del año 1255 y el 27 de abril del año 1260), y Urbano IV (el 2 el de agosto de1 año 1264) prescribieron estrictamente a esta institución de los boni viri - quiere decir, consulta en los casos difíciles de hombres con experiencia, bien educados en teología y la ley Canónica. A esos hombres les dieron los documentos del proceso o en su totalidad o, por lo menos, en un extracto elaborado por un notario público; también eran hechos conocidos de los nombres de los testigos, y su primer deber era decidir si los testigos fueran creíbles o no.

Los boni viri eran invitados con mucha frecuencia. Treinta, cincuenta, ochenta o más personas -laicos y sacerdotes; seculares y regulares- eran convocados, todos eran hombres altamente respetados e independientes, y habían sido juramentados sólo para dar veredicto sobre los casos ante ellos según su mejor de su conocimiento y creencia. Substancialmente se les llamaron siempre para decidir dos preguntas: si había culpabilidad o cuál culpabilidad poner, y qué castigo debía ser infligido. No debían ser influenciados por consideraciones personales. El caso era sometido a ellos en abstracto, por ejemplo, el nombre de la persona incriminada no se les daba. Aunque, en sentido estricto, los boni viri tenían la derecha solamente a un voto consultivo, la decisión final estaba generalmente de acuerdo con sus opiniones, y si su decisión era revisada, estaba siempre en la dirección de la clemencia, la mitigación de los resultados ocurriendo con frecuencia. A los jueces también tenían la ayuda de un consejo permanente, compuesto por otros jueces jurados. En estas disposiciones hay seguramente las garantías más valiosas para la operación pretendiendo ser todo objetiva, imparcial, y justa de las cortes de la Inquisición. Aparte de la conducta de su propia defensa, el acusado era dispuesto a otros medios legales para salvaguardar sus derechos: él podría rechazar a un juez que había mostrado prejudicio, y en cualquier etapa del proceso podría apelar a Roma. Eymerico nos conduce a deducir que en Aragón las súplicas a la Silla Santa no eran raras. Él mismo como inquisidor en una ocasión tuvo que ir a Roma a defender en persona su propia posición, pero él aconsejaba a otros inquisidores contra esta idea, como significaba simplemente la pérdida de mucho tiempo y dinero; era más sabio, él dice, ver un caso en tal manera que ningún defecto podría ser encontrado. En el acontecimiento de una súplica, los documentos del caso debían ser enviados a Roma bajo sello, y Roma no sólo les escudriñaba, sino también daba el veredicto final. Aparentemente, las súplicas a Roma eran un tanto más suaves o por lo menos se ganaba más tiempo.


(d) Los Castigos

El autor no pudo encontrar nada que sugiriera que los acusados estaban encarcelados durante el período del proceso. Era ciertamente la costumbre conceder a la persona acusada su libertad hasta el sermo generalis, si era el acusado implicado tan fuertemente por testigos o por su confesión; él no era considerado culpable todavía, aunque le obligaron que prometiera bajo juramento siempre estar listo a aparecer ante el inquisidor, y al final a aceptar con buena tolerancia su sentencia. El juramento era por cierto una arma terrible en las manos del juez medieval. Si la persona acusada lo guardó, el juez estaba inclinado a favorecer al acusado; por otra parte, si el acusado lo violó, su crédito empeoraba. Se sabía que muchas sectas odiaban los juramentos en principio; por lo tanto la violación de un juramento hacía fácil incurrir la suspicacia de la herejía. Además del juramento, el inquisidor pudo asegurarse exigiendo una suma de dinero como fianza, o a los fiadores confiables que eran garantes de la seguridad para el acusado. Ocurría, también, que los fiadores emprendieron bajo juramento entregar a los acusados "muertos o vivos". Era quizás desagradable vivir bajo la carga de tal obligación, pero, de todos modos, era más soportable que aguardar un veredicto final en el confinamiento rígido por meses o por más tiempo.

Curiosamente, la tortura no fue mirada como modo del castigo, sino puramente como un método de sacar la verdad. No estaba en el precepto eclesiástico, y fue prohibida por mucho tiempo en las cortes eclesiásticas. Ni era originalmente un factor importante en el procedimiento inquisidor, siendo desautorizada hasta veinte años después de la institución de la Inquisición. Primero fue autorizada por Inocencio IV en su Bula Pontífica "Ad exstirpanda" del 15 de mayo del año 1262 que fue confirmada por Alejandro IV el 30 de noviembre del año 1259 y por Clemente IV el 3 de noviembre del año 1265. El límite puesto sobre la tortura era citra membri diminutionem et mortis periculum - quiere decir, no podía causar la pérdida de vida o miembro o poner en riesgo la vida del acusado. La tortura debía ser usado solamente una vez, y después de ser aplicada a menos que los acusados fueran inciertos en sus declaraciones, y se parecía ser ya condenados virtualmente por las pruebas múltiples y abundantes. En general, este testimonio por métodos violentos debía estar diferido por el mayor tiempo posible, y su uso se permitía sólo cuando todas las otras medidas fueran agotadas. Los jueces concienzudos y sensibles correctamente no daban ninguna gran importancia a las confesiones extraídos por la tortura. Después de la experiencia Eymerico declaró: Quaestiones sunt fallaces et inefficaces -la tortura es engañosa e ineficaz.

Si esta legislación papal había sido adherida en la práctica, el historiador de la Inquisición tendría pocas dificultades a satisfacer. En el principio, la tortura era considerada tan odiosa que se prohibían a los clérigos estar presentes bajo la pena de la irregularidad. Tuvo que ser interrumpida a veces para permitir al inquisidor continuar su examen. Por lo tanto, el 27 de abril del año 1260, Alejandro IV autorizó a los inquisidores que absolvieran el uno al otro de esta irregularidad. Urbano IV el 2 de agosto del año 1262, renovó el permiso, y éste pronto fue interpretado como autorización formal para continuar el examen del compartimiento de la tortura. Los manuales de los inquisidores fielmente notaron y aprobaron este uso. La regla general se ejecutó en términos de que la tortura debiera ser usada solamente una vez. Pero esto fue evitado a veces -primero, si se asume eso con cada nueva evidencia la tortura se podía utilizar de nuevo, y en segundo lugar, imponiendo tormentos frescos ante la pobre víctima (a menudo en diversos días), no por la repetición, sino como una continuación (non ad modum iterationis sed continuationis), según lo defendido por Eymerico; "quia, iterari non debent, nisi novis superventibus indiciis, continuari non prohibentur". ¿Pero qué se debía hacer cuando el acusado, dejado libre tortura, negó lo que ya había confesado? Algunos sostenían con Eymerico que el acusado debe quedar en libertad. Otros, sin embargo, como el autor del "Sacro Arsenale" sostenían que la tortura debe ser continuada porque el acusado se había incriminado demasiado seriamente por su confesión anterior. Cuando Clemente V formuló sus regulaciones para el empleo de la tortura, él nunca se imaginaba que eventualmente los testigos serían también sujetos de torutura. Del silencio del papa se concluyó que un testigo podía ponerse en tortura por la discreción del inquisidor. Por otra parte, si el acusado fue condenado por testigos, o había abogado por culpable, la tortura se podía utilizar todavía para obligarle que atestigüe contra sus amigos y sus compañeros. Sería opuesto a toda la equidad -así se lee en el "SacroArsenale, ovvero Pratica dell Officio della Santa Inquisizione" (Bologna, 1665) -se podrá infligir tortura a menos que el juez fue personalmente persuadido de la culpabilidad del acusado.

Pero una de las dificultades del procedimiento es porqué la tortura fue utilizada como medio para establecer la verdad. Por una parte, la tortura duró hasta que el acusado aceptaba culpa o estaba a punto de aceptarla. Por otra parte, no fue deseable, y de hecho no fue posible, obtener una confesión libremente, sin la coacción de la tortura.

Es clara la poca confianza que se puede tener sobre la aserción citada tan a menudo en los ensayos "confessionem esse veram, non factam vi tormentorum" (la confesión era verdadera y libre); aunque no se ha leído en las páginas precedentes que después de ser bajado del estante (postquam depositus fuit de tormento) el acusado confesara libremente de esto o de aquello. Sin embargo, no es tan relevante decir que a la tortura se le menciona raramente en los expedientes de ensayo de la inquisición ( por ejemplo, de 636 condenaciones entre 1309 y 1323 se le menciona sólo una vez), esto no prueba que la tortura fue aplicada raramente. Debido a que la tortura fue infligida originalmente fuera del cuarto de la Corte por los funcionarios asignados y puesto que solamente la confesión voluntaria era válida ante los jueces, allí no hubo ninguna oportunidad para mencionar en los expedientes el hecho de la tortura. Por otra parte, es históricamente verdad que los Papas sostenían que la tortura no debería de arriesgar la vida del acusado y que también intentaban suprimir determinados abusos cuando tales eran conocidos. Así, Clemente V ordenó que los inquisidores no deberían aplicar la tortura sin el consentimiento del Obispo diocesano. Desde mediados del siglo XIII ellos no rechazaron el principio en sí y como las restricciones a su uso no fueron siempre seguidas, su severidad aunque se dice exagerada, fue en muchos casos extrema.

Los cónsules de Carcasone en 1286, se quejaron al Papa, al Rey de Francia y a los vicarios del obispo local contra el inquisidor Jean Garland, lo acusaron de infligir tortura de una manera absolutamente inhumana y este caso no fue aislado. El caso de Savonarola (q.v.) nunca ha sido totalmente aclarado a este respecto. El informe oficial dice que él tuvo que sufrir tres y medio el "trato drástico". Cuando Alexander VI mostró descontento con lo referido, el gobierno florentino se excusó indicando que Savonarola era un hombre de extraordinaria resistencia y que lo habían torturado vigorosamente en muchos días (assidua quaestione multis diebus, protonotario papal; Burchard, dice siete veces) pero con poco efecto. Se debe observar que la tortura fue utilizada lo más cruelmente posible donde los inquisidores fueron expuestos mayormente a la presión de la autoridad civil. Frederick II, aunque siempre jactándose de su celo por la pureza de la fé, abusó del estante y la inquisición para apartar a sus enemigos personales. La ruina trágica de los templarios es atribuida al abuso de la tortura por Philip el Justo y sus verdugos. Por ejemplo, treinta y seis templarios en Paris y veinticinco templarios en Sens murieron como resultado de la tortura. La bendecida Juana de Arco no habría sido enviada a la estaca como una recalcitrante hereje, si sus jueces no hubieran sido herramientas de la política inglesa. Los excesos de la inquisición española son en gran parte debido al hecho de que en sus propósitos civiles, la administración eclipsó el eclesiástico. Cada lector de los "criminalis de Cautio " del padre jesuita Friedrich Spee sabe a quién principalmente se debe establecer los horrores de los ensayos de la brujería. La mayoría de los castigos que se atribuían a lo inquisidor no eran inhumanos, ya sea por su naturaleza o por la manera de su inflexión. Frecuentemente eran pedidos ciertos trabajos buenos, por ejemplo, la construcción de una iglesia, visitar un templo, un peregrinaje más o menos distante, el ofrecimiento de una vela o de un cáliz, la participación en un cruzada, y cosas similares. Otros trabajos eran más de carácter real y hasta cierto punto, algunos castigos que degradaban; por ejemplo, multas que fueron dedicadas con propósitos públicos tales como el edificar iglesias, carreteras y cosas similares; el azotar con barras durante servicio religioso, el cepo, el cargar cruces, etcétera.

Las penas más duras fueron el encarcelamiento en varios grados, la exclusión de la comunión de la iglesia y la entrega generalmente a la autoridad civil. "Cum ecclesia " ejecutó la expresión regular, "ultra no habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et iudicio saeculari", puesto que la iglesia no puede castigar más lejos sus delitos, ella lo deja a la autoridad civil. Naturalmente, el castigo como sanción legal es siempre una cosa dura y dolorosa, bien sea decretado por la justicia civil o eclesiástica. Sin embargo, siempre hay una distinción esencial entre el castigo civil y eclesiástico. Mientras que el castigo infligido por la autoridad secular se refiere principalmente a la violación de la ley, la iglesia busca sobre todo la corrección del delincuente; de hecho su bienestar espiritual, que frecuentemente está tanto en consideración que el elemento de castigo casi se pierde de vista.

Mandatos para oír santa misa los domingos y días de fiesta, para mantener los servicios religiosos, para abstenerse del trabajo manual, para recibir la comunión en las principales festivades del año, para abstenerse de profecías y de usurar, etc., pueden ayudar eficazmente hacia el cumplimiento del deber cristiano. Lo que era además titular en el inquisidor para considerar no simplemente la sanción externa sino también el cambio interno del corazón, su sentencia perdió la perspectiva mecánica tan a menudo característica de la condenación civil. Por otra parte, las penas incurridas fueron en numerosas ocasiones remitidas, mitigadas o conmutadas. En los expedientes de la inquisición leemos con frecuencia que debido a la vejez, enfermedad o pobreza en la familia, el castigo fue reducido materialmente debido a la compasión del inquisidor o a la petición de un buen católico. El encarcelamiento de por vida fue alterado por una multa, y ésta por limosna; la participación en una cruzada fue conmutada en un peregrinaje, mientras que un peregrinaje distante y costoso se convirtió en una visita a un santuario o a una iglesia vecina, etcétera. Si se abusaba de la clemencia, los inquisidores, estaban autorizados a restablecer por completo el castigo original. En conjunto, la inquisición fue conducida humanamente. Así leemos que un hijo obtuvo la libertad de sus padres simplemente pidiéndola, sin proponer ningunas razones especiales. La licencia de salida levantada para tres semanas, tres meses o un período ilimitado, dígase hasta la recuperación o el deceso de padres enfermos no era infrecuente. Los inquisidores fueron censurados o desposeídos por la misma Roma porque eran demasiado ásperos, pero nunca porque eran demasiado piadosos.

El encarcelamiento no fue siempre considerado castigo en el sentido apropiado: fue más bien visto como una oportunidad para el arrepentimiento, una precaución contra la reincidencia o el afectar a otros. Se le conocía como Enmuración (del latin murus, pared) o encarcelamiento y era aplicado por un tiempo definido o de por vida. "Enmuración" de por vida fue aplicada a aquellos quienes dejaron de beneficiarse por el antedicho término de tolerancia o que quizás se habían retractado solamente por miedo a morir. El murus strictus seu arctus, or carcer strictissimus, implico un confinamiento cerrado y solitario, agravado de vez en cuando por el ayuno o encadenamientos. En la práctica, sin embargo, estas regulaciones no siempre fueron cumplidas literalmente. Leemos de personas encarceladas que recibían visitas algo libremente, practicando juegos o cenando con sus carceleros. Por otra parte, el confinamiento solitario algunas veces fue juzgado insuficiente y entonces los enclaustrados fueron puestos en hierros o encadenados a la pared de la prisión. Miembros de una orden religiosa, cuando eran condenados de por vida, fueron encarcelados en su propio convento y sin que les fuera permitido hablar con nadie de su fraternidad. El dungeon o la celda eufemisticamente fue llamado " en paso " que era de hecho, la tumba de un hombre enterrado vivo. Fue visto como un favor notable cuando en 1330, a través de los buenos oficios del Arzobispo de Toulouse, el Rey francés permitió que un dignatario de cierta orden visitara el " en paso " dos veces al mes y consolara a sus hombres encarcelados; en contra de dicho favor los Dominicanos alojaron con Clemente VI una protesta infructuosa. Aunque las celdas de la prisión fueron ordenadas a ser mantenidas de tal manera que no pongan en peligro la vida o la salud del prisionero, su condición verdadera era deplorante, como se puede ver en un documento publicado por J. B. Vidal (Annales de St-Louis desFrancais, 1905P. 362):

En algunas celdas los infortunados estuvieron en cadenas, incapaces de moverse alrededor, y forzados a dormir en piso de tierra.... Había poco respeto para la limpieza. En algunos casos no había luz o ventilación y el alimento era escaso y muy pobre.

Los papas, de vez en cuando, tuvieron que poner un fin a las condiciones de semejantes atrocidades a través de sus Obispos o Cardenales. Después de examinar las prisiones de Carcassonne y de Albi en 1306, los legados Pierre de la Chapelle y Bedranger de Fredol despidieron al guardia, quitaron los encadenamientos de los cautivos y rescataron algunos de quienes se hallaban en los subterráneos. Se esperaba que el Obispo local proporcionara los alimentos de la propiedad confiscada del preso. Para aquellos condenados a un confinamiento cerrado, era bastante, apenas más que el pan y el agua. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que permitieran a los presos otros alimentos, vino y también dinero de afuera, esto básicamente fue tolerado.

No era oficialmente la iglesia quien condenaba a muerte a herejes impertinentes, más preciso a la estaca. Como legados de la iglesia romana incluso Gregorio IV nunca fue más lejos que las ordenanzas penales requeridas de Inocencio III, ni nunca infringió un castigo más severo que la ex-comunicación. No fue hasta cuatro años después del comienzo de su pontificado que él admitió la opinión, entonces frecuente entre los jurisconsultos, que herejía debería debía ser castigada con pena de muerte, viendo que esta confesión no era una ofensa menos seria que la alta traición. Sin embargo él continuó insistiendo en el derecho exclusivo de la iglesia para decidir de manera auténtica en materias de herejía, pero al mismo tiempo no fue su oficina la que pronunciaba la sentencia de muerte. A partir de entonces la iglesia expulsó de su seno al herético impenitente, con lo cual el estado se encargó de ejecutar temporalmente el castigo. Frederick II opinó de la misma manera, en su constitución de 1224, él dice que el hereje condenado por una corte eclesiástica, en autoridad imperial, sufrirá la muerte por el fuego (auctoritate nostra ignis iudicio concremandos) y en algo semejante en 1233 "praesentis nostrae legis edicto damnatos mortem pati decernimus. " De esta manera Gregory IX podía ser visto como si no hubiera tenido parte directa o indirecta en la muerte del hereje condenado, ni tampoco los papas sucesores. En la aprobación papal de Inocencio IV el "anuncio existirpanda " (1252) dice:

Cuando los encontrados culpables de herejía han sido entregados al poder civil por el Obispo o su representante, o el magistrado jefe de la ciudad los tomarán inmediatamente y en el plazo máximo de cinco días deberán ejecutar las leyes contra ellos.
Por otra parte, él ordena que esta aprobación papal y las regulaciones correspondientes de Frederick II sean incorporadas en cada ciudad entre los estatutos municipales bajo pena de excomunicación, la cual fue ejecutada en aquellos que no seguían los decretos papales e imperiales. Ni podría haber ninguna duda en cuanto a qué regulaciones civiles fueran aplicadas para los pasajes que ordenaron quemar los heréticos impenitentes. Esto fue incluido en los decretos papales de las constituciones imperiales "Commissis nobis " e " Inconsutibilem tunicam ". La aprobación papal antedicha continuó siendo desde entonces un documento fundamental de la inquisición, renovado o reforzado por varios papas, Alejandro IV (1254-61), Clemente IV (1265-68), Nicolás IV (1288-02), Bonifacio VIII (1294-1303) y otros. Las autoridades civiles, por lo tanto, fueron impuestas por los papas bajo pena de excomunicación para ejecutar las sentencias legales que condenaron heréticos impenitentes a la hoguera. Es de anotar que la excomunicación en sí mismo no era ninguna bagatela; si la persona excomulgada no se liberaba de la excomunicación dentro de un año, la legislación de ese período la consideraba como un herético e incurría en todas las penalidades que afectaban la herejía.


El número de víctimas

No se puede indicar con exactitud el número de víctimas entregadas a la autoridad civil. Sin embargo, tenemos cierta información valiosa sobre algunos de los tribunales de la inquisición y sus estadísticas no dejan de ser interesantes. En Pamiers, de 1318 a 1324, de veinticuatro personas condenadas cinco no fueron entregadas a la autoridad civil. En Toulouse, de 1308 a 1323, sólo cuarenta y dos de novecientos treinta llevan la nota siniestra "el relictus culia saeculari". Así, en Pamiers uno de trece, y en Toulouse uno de cuarenta y dos parecen haber sido quemado por herejía, aunque estos lugares eran sedes de los centros de herejía y por lo tanto sedes principales de la inquisición. También podemos agregar que éste fue el período más activo de la institución. Estos datos y otros de la misma naturaleza indican para la versión oficial que la inquisición marca un avance substancial en la administración contemporánea de la justicia y por lo tanto en la civilización general de la humanidad. Un destino más terrible le aguardó el herético o hereje cuando era juzgado por una corte secular. En 1249, el Conde Raymundo VII de Toulouse permitió que se quemara en su presencia a ochenta confesados herejes, sin permiso a retractarse. La gran cantidad de los quemados detallados en varias historias no han sido autentificados completamente y son ya sea invención, o se basan en materiales que pertenecen a la inquisición española de épocas posteriores o de los ensayos alemanes de la brujería (Vacandard, CIT de Op. Sys. 237 y sig.).

Una vez que la ley romana concerniente al crimen laesae majestatis había sido creada para cubrir el caso de herejía, fue solamente natural que la tesorería real o imperial imitara la fiscalía romana y reclamara los bienes de las personas condenadas. Se considera una fortuna, aunque la justicia haya sido inconsistente y ciertamente no estricta, que ésta pena no afectó a cada persona condenada sino solamente a quienes eran condenados a confinamiento perpetuo o a la estaca (por fuego). Aun así, esta circunstancia no dejo de agregar un poco a la pena, especialmente como en este respecto a la gente inocente, la esposa y niños del condenado eran las principales víctimas. El embargo fue también decretado contra las personas difuntas, y hay un número relativamente alto de tales juicios. De los seiscientos treinta y seis casos que se dieron ante el inquisidor Bernardo Gui, ochenta y ocho pertenecieron a gente muerta.


(e) El Veredicto Final

La decisión final fue generalmente pronunciada con una ceremonia solemne en el sermo generalis--o el auto-da-fé (acto de fe), como fue llamada más adelante. Uno o dos días antes de éste sermo, rápidamente se leía las acusaciones a cada uno de los acusados y en el vernáculo, la noche anterior se les decía dónde y cuándo aparecer para oír el veredicto. El sermo, un discurso corto o exhortación, comenzaba muy temprano por la mañana seguido por el juramento de los funcionarios seculares quienes rendián voto de obediencia al inquisidor en todas las cosas que pertenecían a la supresión de la herejía. Luego seguían regularmente los "supuestos decretos de la misericordia" (es decir las conmutaciones, las mitigaciones, y remisión de penas previamente impuestas) y finalmente los castigos debidos fueron asignados al culpable, después de que sus ofensas hubieran sido enumeradas otra vez. Este aviso comenzaba con los castigos de menor importancia y continuaba al más severo; es decir, encarcelamiento perpetuo o muerte. Los culpables eran entregados a la autoridad civil y con éste acto se cerraba el sermo generalis y los procedimientos de la inquisición llegaban a su fin.


(3) Los escenarios principales de las actividades de inquisición fueron Europa central y meridional.

Los países escandinavos fueron considerados de reserva en su conjunto. La inquisicion aparece en Inglaterra solamente en la ocasión del ensayo de los templarios, no se le conocía en Castilla y Portugal hasta el arribo al poder de Fernando e Isabel. Fue presentada en los Países Bajos con la dominación española, mientras que en Francia del norte era relativamente poco conocida. Por otra parte, ya sea debido al peligroso y prevaleciente sectarismo o a la gran severidad de los gobernantes eclesiásticos y civiles, la inquisición tuvo un gran peso en Italia, en Francia (especialmente Lombardía), en Francia meridional (particularmente en Toulouse y en Languedoc) y finalmente en el reino de Aragón y en Alemania. Honorato IV (1285-87) la presentó en Serdeña y en el siglo XV ésta mostró un celo excesivo en Flandes y Bohemia. Los inquisidores eran en general irreprochables, no simplemente en la conducta personal sino en la administración de su oficina. Algunos sin embargo, como Roberto le Bougre, un búlgaro convertido al cristianismo y posteriormente un dominicano, parecen haberse rendido a un fanatismo ciego y haber provocado deliberadamente ejecuciones en masse. El 29 de Mayo de año 1239, en Montwimer en Champágnen, Roberto consignó a las llamas simultáneamente a alrededor de ciento ochenta personas a la vez, cuyos ensayos habrían comenzado y terminado en el plazo de una semana.


(4) ¿Cómo podemos explicar la inquisición en la luz de su propio período?

El trabajo del verdadero historiador no es el de defender hechos y condiciones, sino el de estudiarlos y entenderlos en su curso y relación natural. Es incuestionable que en el pasado cualquier comunidad o nación concedió la tolerancia perfecta a aquellos que instalaron un credo diferente del que era la generalidad. Un tipo de la ley del hierro sería el de disponer la humanidad a la intolerancia religiosa. Incluso mucho antes de que el estado romano haya tratado de controlar con violencia las usurpaciones rápidas del cristianismo, Platón ya había declarado uno de los deberes supremos de la autoridad gubernamental en su estado ideal en no mostrar ninguna tolerancia hacia los "sin dios" (ateos). Esto es, hacia aquellos que negaron al estado de religión aunque estaban contentos de vivir reservados y sin ganar prosélitos, su propio ejemplo, él dijo, sería peligroso. Debían de haber sido mantenidos en custodia "en un lugar en donde uno crece sabio" (sophronisterion), como el lugar del encarcelamiento eufemísticamente fue llamado. Debían de ser relegados a aquel sitio por cinco años y durante dicho tiempo escuchar instrucciones religiosas todos los días. Los opositores más activos y persuasivos de la religión del estado debían ser encarcelados de por vida en calabozos terribles y después de la muerte que se privaran del entierro. Es así evidente la poca justificación que hay con respecto a la intolerancia como producto de las edades medias. En el pasado los hombres siempre creyeron que nada debía crear problemas a la paz pública y el bienestar común. Por otra parte, una fé pública uniforme era la garantía más segura para la estabilidad y la prosperidad de los estados. Mientras más se complementa la religión como parte de la vida nacional y cuanto más fuerte es la convicción general de su inviolabilidad y origen divino, más dispuestos estarían los hombres a considerar cada ataque contra él como un crimen intolerable contra Dios y una amenaza criminal muy alta a la paz pública. Los primeros emperadores cristianos creyeron que uno de los deberes principales de un gobernante imperial debía ser el de colocar su espada al servicio de la iglesia y del ortodoxo, especialmente cuando sus títulos de " Pontifex Maximus " y el de" Obispo del exterior " parecían discutir a sus divinamente designados agentes del cielo.

No obstante, los prelados principales de la iglesia por siglos no aceptaban la práctica de los gobernantes civiles en esta materia y se restringieron de tales medidas estrictas contra la herejía como castigo, la que juzgaban contraria con el espíritu del cristianismo. Sin embargo, en la Edad Media, la fe católica llegó a ser la fe dominante y el bienestar de la Cámara del Estado llego a integrarse cercanamente con la causa de la unidad religiosa. El rey Pedro de Aragón, por lo tanto expresó la convicción universal cuando él dijo: "los enemigos de la cruz de Cristo y violadores de la ley cristiana son además nuestros enemigos y los enemigos de nuestro reino deberían por lo tanto ser tratados como tal". El emperador Frederick II acentuó esta visión más vigorosamente que cualquier otro príncipe y la hizo cumplir en sus promulgaciones draconianas contra los herejes. Los representantes de la iglesia también fueron hijos de su propio tiempo y en su conflicto con la herejía validaron la ayuda que su edad libremente les ofreció. Teólogos y canonistas, los más altos y más bendecidos, se dirigían por el código de sus días e intentaron explicarlo y justificarlo. El docto y santo Raymundo de Peñafuerte, estimado altamente por Gregorio IX, estaba satisfecho con las penalidades que venían de Inocente III; por ejemplo, la interdicción del imperio, de la incautación de la propiedad, del confinamiento en la prisión, etc. Pero antes del final del siglo, Santo Tomás de Aquino (Summa Theol., II-II 11:3 y II-II 11:4) ya había abogado por el castigo capital para la herejía, aunque no se puede decir que sus argumentos no eran convincentes. El doctor angelical, no obstante habla solamente de una manera general del castigo de muerte y no especifica más de cerca la manera de su inflicción. El celebrado Henry de Segusia (Susa), nombrado Hostienes por sus episcopales Mar de Ostia (muerto en el año 1271) y no la menos eminente Juana Andrea (muerta en el año 1345) cuando al interpretar el decreto " ad abolendam" de Lucius III, toman debita animadversio (debido castigo) como sinónimo con ignis crematio (muerte por el fuego), un significado que no asoció ciertamente a la expresión original de 1184. Los teólogos y los juristas basaron su actitud hasta cierto punto en la semejanza entre herejía y el alto crimen (crimen laesae maiestatis), una sugerencia que debieron a la ley de la Roma antigua. Por otra parte, discutieron en que si la pena de muerte se podría infligir directamente en ladrones y falsificadores que nos roban mercancías, cuán más justo en aquellos que nos engañan fuera de cosas materiales, fuera de la fe, de los sacramentos, de la vida del alma. En la legislación severa del Viejo Testamento (Deut., xiii, 6-9; xvii, 1-6) encontraron otro argumento. Y al fin algunos deban impulsar que esas ordenanzas fueron abrogadas por la cristiandad, las palabras de Cristo eran repetidas: "no he venido a destruir sino a satisfacer" (Mateo V, v. 17); también su otro refrán (Juan, xv 6): " el que no cree en mí será echado como una rama, marchitará, lo recogerán, lo echarán al fuego y se quemará " (in ignem mittent, et ardet).

Es bien sabido que la creencia en la justicia de castigar herejía con muerte era tan común entre los reformadores siglo XVI -Lutero, Suinglio, Calvino y sus seguidores- y podemos decir que su tolerancia comenzó cuando su poder terminó. El teólogo reformado, Hierónimo Zanchi declaró en una conferencia entregada en la universidad de Heidlelberg:

Ahora no preguntamos si las autoridades pueden ejercer la sentencia de muerte sobre los herejes; de eso no puede haber duda y todos los hombres doctos y sanos de mente lo reconocen. La única pregunta es si las autoridades están obligadas a realizar este deber.

Zanchi contesta afirmativamente en términos de la autoridad de " todos los hombres doctos y piadosos que han escrito en el tema en nuestro día " (politische Blatter, CXL de Historisch-, (1907), p. 364). Puede ser que en los tiempos modernos, los hombres ven con más clemencia los puntos de vista de otros, pero ¿esto inmediatamente hace que sus opiniones sean objetivamente más correctas que las de sus precursores? ¿No hay más inclinación a la persecución? Como el profesor Friedberg escribió en 1871 en Holtzendorffs "Jarhbuch fur Gesetzebung": "Si una nueva sociedad religiosa fuera a ser establecida hoy con los principios tales como los del consul del Vaticano, la iglesia católica declara una cuestión de fe indudablemente la consideraríamos una tarea del estado para suprimir, destruir y desarraigar por la fuerza " (Kolnische Volkszeitung, No. 782, 15 de sept. de 1909). ¿Indican estos sentimientos una capacidad justa de valorar las instituciones y opiniones de siglos anteriores, no según sensaciones modernas sino a los estándares de su edad?

En relación con la inquisición es necesario advertir, por un lado el distinguir claramente entre los principios y el hecho histórico; por otro lado, esas exageraciones o descripciones retóricas que revelan divisiones y una determinación obvia de dañar el Catolicismo en vez de animar el espíritu de tolerancia y fomentar su ejercicio. Es también esencial observar que la inquisición, en su establecimiento y procedimiento, no perteneció a la esfera de la creencia, sino a la de disciplina. La enseñanza dogmática de la iglesia no es afectada de manera alguna por la pregunta de si la inquisición fue justa en su práctica o sabia en sus métodos o extrema en su práctica. La iglesia establecida por Cristo como una sociedad perfecta se autoriza para crear leyes y para infligir las penas por su violación. La herejía no solo viola su ley sino que las ataca directamente; unidad de la creencia; desde el principio, el herético o hereje había incurrido en todas las penas de las cortes eclesiásticas. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio y más aún cuando la gente de Europa del norte llegaron a ser naciones cristianas, la alianza cercana de la iglesia y del estado hizo la unidad de la fe esencial, no solamente para la organización eclesiástica sino que también para la sociedad civil. Por lo consiguiente, herejía era un crimen en que los reguladores seculares estuvieron obligados en hacer cumplir el castigo. La herejía fue vista incluso como un crimen peor que otros crímenes, aún que la alta traición; para la sociedad de esa época era lo que llamamos anarquía. Por lo tanto la severidad con la cual el hereje fue tratado por la autoridad secular ocurría de hecho mucho antes de lo que la inquisición fue establecida.

En lo que concierne al carácter de estos castigos, debe ser considerado que eran la expresión natural no solamente de la autoridad legislativa, pero también del odio popular a la herejía en una era que trató vigorosa y ásperamente con criminales de cada tipo. El herético, en una palabra, era simplemente un criminal cuya ofensa, en la mente popular, merecía (y a veces recibía) un castigo tan sumario como el que es ejercido a menudo en nuestros propios días por un populacho enfurecido a los autores de crímenes detestados. Dicha intolerancia no era peculiar en el catolicismo sino que era el acompañamiento natural de la profunda convicción religiosa en aquellos y también en quienes abandonaron la iglesia. Es evidente por las medidas tomadas por algunos de los reformadores contra los que diferenciaron de ellos en materias de la creencia. Como el doctor Dr. Schaff declara en su " historia de la iglesia cristiana " (vol. V, Nueva York, 1907, p. 524),

Para humillación de las iglesias protestantes, la intolerancia religiosa e incluso la persecución a muerte fue continuada aún después de la reforma. En Ginebra la teoría perniciosa fue puesta en práctica por el estado y la iglesia, aún con el uso de la tortura y de la admisión del testimonio de hijos contra sus padres y con la sanción de Calvino. Bullinger, en la segunda confesión helvética, anunció el principio de que herejía podría ser castigada como se hace al asesinato o la traición.

Por otra parte, se puede citar en prueba de eso la historia entera de las Leyes Penales contra católicos en Inglaterra e Irlanda y el frecuente espíritu de la intolerancia en muchas de las colonias americanas durante los siglos XVII, y XVIII. Obviamente sería absurdo culpar a la religión protestante como responsable de éstas prácticas. Pero instalando el principio del juicio privado que aplicado lógicamente hizo la herejía imposible, los primeros reformadores procedieron a tratar a los disidentes como habían sido tratados los herejes medievales. Es trivial sugerir que esto fuera inconsistente en vista de la profundidad que produce en el significado de una tolerancia que a menudo es solamente teórica y la fuente de esa intolerancia es la misma que los hombres muestran hacia el error.




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