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«La Iglesia no es una Ong»
Los obispos de Kenya denuncian las nuevas reglas del gobierno, que podrían poner en riesgo la libertad de culto de todos y las obras sociales


Por: Davide Maggiore | Fuente: www.lastampa.it/vaticaninsider/es



«Me estoy dirigiendo a Kakuma, al campo para refugiados sudsudaneses, me ocupo de su pastoral». Virgilio Pante, obispo de Maralal, en Kenya, no es un hombre «de escritorio»: desarrolla su ministerio entre Nairobi, la diócesis (a unos 350 kilómetros al norte) y los campos para refugiados en diferentes partes del país. Pero estas tareas no lo distraen de lo que sucede en la capital, en donde una iniciativa del gobierno está suscitando la oposición de los religiosos de diferentes confesiones.

El nombre oficial del proyecto de ley, presentado en diciembre del año pasado, es Religious Societies Rules, reglas para las sociedades religiosas: en práctica se trata de una serie de obligaciones que las diferentes confesiones deberán respetar con tal de poder desempeñar sus funciones. El ámbito del culto y de la predicación ya ha tenido problemas en el pasado en el país, sobre todo si se recuerdan las redadas de las fuerzas del orden en contra de las mezquitas sospechosas de difundir ideas radicales y de estar vinculadas al movimiento armado somalí al-Shabaab, que ha atacado en varias ocasiones en territorio keniata. Pero esta vez están en la mira, según parece, las cientos de auto proclamadas iglesias que están teniendo un éxito inusitado entre la población. «Sus fundadores —reconoce mons. Pante— se enriquecen proclamando presuntas curaciones y utilizando el nombre de Dios: tienen éxito entre los pobres, pero poseen casas, edificios y autos de lujo».

Justamente para evitar fenómenos de este tipo, la propuesta de ley del gobierno prevé que todos los religiosos y predicadores presenten un certificado que demuestre su formación teológica. Y van más allá, dando a las autoridades de vigilancia el poder de entrar a los lugares de culto para efectuar verificaciones sin aviso previo y para obligar a las sociedades religiosas a llevar registros actualizados de todos los fieles. Estos dos puntos, en particular, fueron criticados por los obispos católicos en un comunicado de la Conferencia Episcopal de Kenya, en el que las nuevas disposiciones son descritas como «una licencia para que el gobierno viole la libertad de culto constitucionalmente garantizada». «Las autoridades parecen considerarnos una especie de Ong, o una sociedad por acciones que se rige según los números, mientras nuestro trabajo es antes que nada espiritual», recordó el obispo de Maralal, según quien, con las nuevas disposiciones, todas las actividades de la iglesia, incluida la pastoral entre los migrantes, podrían correr el riesgo de encontrar obstáculos con esta nueva concepción burocrática de la religión.

«La historia es la que habla por la Iglesia católica y por las demás grandes confesiones —sostiene—, y demuestra que lo que hemos recibido lo hemos utilizado en la instrucción, en la sanidad, en las actividades sociales… ¡Ahora parecería que nos quisieran castigar, por los errores de otros!». Pero la gente, insiste, «sabe lo que hacemos; incluso muchos políticos son hijos de la Iglesia, han sido formados en nuestras escuelas, han comido en nuestros comedores, han sido curados en nuestros hospitales… Durante la visita de Papa Francisco a Nairobi escucharon sus palabras y vieron sus gestos, y lo citan como modelo de responsabilidad y de liderazgo».

Además, los católicos no son los únicos que se han movilizado contra las nuevas disposiciones. A su lado también se ha puesto en movimiento la Evangelical Alliance of Kenya, que reúne a más de 300 denominaciones protestantes. Y los llamados de los religiosos han provocado la reacción del mismo presidente de la república, Uhuru Kenyatta, que pidió al ministro de Justicia revisar el contenido de la propuesta. Una decisión que tal vez tiene que ver con motivos electorales, pues dentro de un año habrá elecciones políticas en el país y solamente la Evangelical Alliance reúne a más de 10 millones de personas, es decir una tercera parte del electorado de Kenya.







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