Las leyes que permiten el aborto promueven un mundo injusto. En otras palabras, una ley que despenaliza o regula el aborto es intrínsecamente injusta, es una “no ley”. Porque la ley existe para promover el orden público y tutelar los derechos de los seres humanos.

Una ley que admite la eliminación de seres humanos antes de su nacimiento va contra la esencia del derecho e implica mantener una grave situación de “delitos legalizados”, lo cual es una negación profunda del principio de igualdad.

Lo explicaba Juan Pablo II en la encíclica “Evangelium vitae”, n. 72: “las leyes que, como el aborto y la eutanasia, legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes están en total e insuperable contradicción con el derecho inviolable a la vida inherente a todos los hombres, y niegan, por tanto, la igualdad de todos ante la ley”. Una ley que permite estos delitos no es realmente “ley”, sino “corrupción de la ley”, recordaba también el Papa citando un texto de santo Tomás de Aquino.

Por eso es urgente suprimir cuanto antes las leyes que despenalizan o legalizan el aborto.

En algunos países, parece imposible modificar tales leyes. En parte porque los principales grupos políticos representados en el parlamento son partidarios del aborto legal o muestran ante el tema una indiferencia alarmante. En parte porque asociaciones pseudofeministas, e incluso grupos que se autodeclaran promotores de los derechos humanos, defienden con pasión las leyes del aborto, o incluso una mayor liberalización de las mismas. En parte porque algunas “clínicas” privadas y organizaciones nacionales e internacionales a favor del aborto manejan una enorme cantidad de dinero y trabajan hábilmente en favor de sus “intereses”, con un grave desprecio hacia la vida de los millones de hijos que cada a_o son asesinados por culpa del aborto.

Ante este panorama, algunas personas de buena voluntad defienden “mejorar” las leyes sobre el aborto. Se trataría de una acción prudente que limitase el daño. Proponen, por ejemplo, aumentar los controles públicos antes de que se realice un aborto. O impedir por ley los abortos tardíos (después de la semana 22, por ejemplo). O crear consultorios de asistencia a los que sea obligatorio acudir antes de realizar un aborto, parar encontrar caminos que permitan disuadir a la mujer antes de cometer una decisión tan dramática.

Se trata de medidas que nacen de una intención buena: salvar la vida de unos hijos que, de lo contrario, nunca nacerían. Pero son medidas insuficientes, pues no van a la raíz del problema: la mentalidad y la fuerza impositiva de quienes consideran que existen vidas humanas menos importantes que otras vidas humanas.

Necesitamos, por lo tanto, acometer un trabajo mucho más profundo y más serio. Un estado empieza a ser verdaderamente justo sólo cuando cualquier vida humana sea tutelada en sus derechos fundamentales, especialmente en el derecho que nos permite participar en la vida social: el derecho a la vida.
Ello no quita, sin embargo, el que en algunas situaciones concretas se puedan apoyar medidas y leyes que limiten el daño del aborto, si no existe la posibilidad de suprimir completamente leyes permisivas. Lo explicaba Juan Pablo II en “Evangelium vitae” n. 73:

“Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. [...] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los da_os de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos”.

La oposición al aborto es, en el mundo actual, una urgencia profunda que involucra a todos los defensores de la justicia. Allí donde sea posible, habrá que suprimir las leyes abortistas. Donde la supresión resulte, por ahora, impracticable, habrá que buscar nuevos caminos para reducir el enorme daño que resulta de la difusión de una mentalidad permisiva ante un tema clave para la vida de millones de seres humanos que piden silenciosamente el respeto de su derecho a la vida.

La Madre Teresa de Calcuta explicaba que el aborto mata la paz del mundo. Por eso podemos a_adir que el mejor camino para promover la paz y la justicia consiste en acoger, respetar, amar al más peque_o e indefenso de los seres humanos, al hijo que han empezado a vivir en el seno materno. También con leyes que prohíban cualquier tipo de aborto.

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