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El primer derecho a tutelar
El primer derecho a tutelar
Uno de los deberes fundamentales del Estado es proteger la vida de los seres humanos. Sin la tutela de este derecho, el Estado mismo mina las bases en que debe asentarse toda sociedad


Por: Antonio Cañizares | Fuente: La Razón



11/12/07

El aborto provocado es en sí mismo una acción gravemente inmoral. Abortar es eliminar al propio hijo, es eliminar violentamente una vida humana. El derecho a la vida es el más fundamental y sacrosanto de los derechos humanos.

¿Qué sentido tiene hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios, privados o públicos, para destruir vidas humanas indefensas?

Varias personas han sido detenidas en Barcelona por practicar abortos ilegales. La noticia llenó de estupor, de estremecimiento e indignación porque se trataba de criaturas en gestación ya muy avanzada y porque el destino final de sus restos era una máquina trituradora y el desagüe. Mayor bajeza y crueldad, imposible. No podemos permanecer en silencio ante este hecho. Pero tampoco podemos ni debemos callar ante los más de 90.000 abortos legales practicados en el año pasado. Aunque sea más llamativo, y se pueda ver con rasgos aún más fuertes la maldad y la crueldad del aborto en el caso de estas clínicas, todo aborto provocado contiene la misma maldad de eliminación de una vida humana inocente, frágil e indefensa.

El aborto provocado es en sí mismo una acción gravemente inmoral. Llamando a las cosas por su nombre: abortar es eliminar al propio hijo, es eliminar violentamente una vida humana. Es una violación del derecho fundamental a la vida, que es base de la convivencia entre los hombres y de la vida en sociedad. El aborto es un crimen contra la persona y contra la sociedad misma.

El aborto es una hecatombe silenciosa que no puede dejar indiferentes, no digo ya a los hombres de Iglesia, sino a nadie, tampoco a los responsables de la cosa pública, las personas que piensan en el porvenir de las naciones. Quien niegue la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, comete una gravísima violación del orden moral. ¿Qué sentido tiene hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios, privados o públicos, para destruir vidas humanas indefensas?

El respeto absoluto a la vida de un ser humano inocente es norma de comportamiento privado o público para todos los hombres y mujeres que quieran vivir éticamente. Ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar este derecho fundamental e inalienable. «Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad». (Juan Pablo II).

En el fenómeno tristísimo e involutivo del aborto, de tal modo generalizado por la permisividad de las leyes en todo el mundo, quien verdaderamente ha sido derrotado es el hombre; es la mujer. Ha sido derrotada la sociedad asentada sobre el bien común, ya que con el aborto se sacrifica la vida de un ser humano a bienes de valor inferior y se supedita el bien común a la eliminación de la vida en pro frecuentemente de un bienestar. Ha sido derrotado el médico que ha renegado del juramento y del título más noble de la medicina: el de defender y salvar la vida humana; han sido derrotados los legisladores y quienes han de aplicar el derecho, llamados todos ellos a implantar la justicia y defender al débil.

En verdad ha sido también derrotado el Estado de derecho, que ha renunciado a la protección fundamental y al sacrosanto derecho de la persona a la vida para convertirse en instrumento de un presunto interés de la colectividad; y que incluso, a veces, se muestra incapaz de defender la observancia de sus mismas leyes permisivas. El Estado en lugar de intervenir, como es su misión, para defender al inocente en peligro, impidiendo su muerte y asegurando, con medios adecuados, su existencia y crecimiento, con sus leyes permisivas contra la vida humana, como es al aborto, ¿no estará autorizando, de facto, la ejecución de sentencias de muerte, sin que además el moriturus pueda defenderse? No existe verdadera justicia en un país que permita la eliminación de vidas humanas inocentes, frágiles e indefensas. Un pueblo que mata a sus propios hijos es un pueblo sin futuro.

Uno de los deberes fundamentales del Estado es proteger la vida de los seres humanos. Sin la tutela de este derecho, el Estado mismo mina las bases en que debe asentarse toda sociedad. Las legislaciones permisivas en cuestiones fundamentales, como es el derecho a la vida, y la actuación de las sociedades apoyándose en tales leyes, está influyendo en la conciencia del pueblo, que cada día ve más amenazada su capacidad para obrar correctamente conforme a lo verdadero y lo bueno por sí mismo. No podemos engañarnos y cerrar los ojos a este deterioro moral. Sin catastrofismo de ningún tipo, sí con realismo responsable, advierto, como ya he hecho en otras ocasiones, que nos hallamos ante caminos de desmoralización muy peligrosos. Todo hombre de buena voluntad que actúe conforme a la razón, tiene la obligación moral de poner cuantos medios legítimos a su alcance se precisen para evitar que este atentado contra la vida humana llegue a ser una realidad. Todas las personas que estén a favor de la vida, católicos o no, habremos de comprometernos en la defensa del no nacido frente a las leyes que favorecen el aborto. Las situaciones, a veces dramáticas, que se pueden plantear ante una maternidad no querida o difícilmente soportable, tendrán que resolverse entre todos por caminos éticos sociales y dignificadores. Cuantos quieran mantener una actitud solidaria, precisamente por ello, han de ofrecerse, en lo que sean y representen, a colaborar en la lucha contra las situaciones personales, familiares y sociales que inducen a algunas madres al aborto provocado como «solución». Nadie puede sentirse tranquilo si no colabora en esta lucha pacífica en defensa de la vida humana amenazada, haciendo, sobre todo, posible unas condiciones de vida en las que el aborto ya no tenga lugar y solucionando los problemas que están en la base de esta dolorosa situación: mejorando las condiciones económicas, promoviendo una verdadera educación sexual, favoreciendo la adopción, apoyando al matrimonio y a la familia, ayudando a las madres solteras, creando instituciones adecuadas donde puedan ser acogidas las madres que están en dificultades y los niños que sus padres no puedan o no quieran aceptar, llevando a cabo una verdadera educación de la persona humana, en la verdad, que ofrezca los fundamentos últimos para reconocer la dignidad y grandeza inviolables que corresponde a todo ser humano por el hecho de serlo, desde su concepción hasta su muerte natural.

No quiero ni pretendo, por supuesto, agravar las penas ni los sentimientos de nadie. De lo que se trata es, ante los hechos monstruosos denunciados en aquellas clínicas abortivas, de provocar un movimiento de reflexión y serenidad para que los problemas que se plantean en torno al aborto encuentren un camino de solución verdaderamente ético y social, y que se defienda y proteja toda vida humana. Este es el camino del progreso y de la verdadera humanidad en el cual todos debemos colaborar.

Sin excepción de nadie deberíamos defender juntos y proteger unidos, con fuerza, con claridad y con paciencia el derecho de todos a la vida, especialmente cuando se trata de niños que no han nacido y que por ello mismo están más necesitados de ayuda. La Iglesia, por supuesto, y todos los hombres que actúen conforme a la razón deberían defender la validez ilimitada del quinto mandamiento de Dios: «no matarás», inscrito por él en la naturaleza humana, y que pertenece a «la gramática» del ser humano. No se puede ni se debe olvidar que el derecho a la vida es el más fundamental y más sacrosanto de los derechos humanos. Apoyar, defender, proteger y promover este derecho es garantía de futuro.

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