España asistió el pasado domingo 22 de mayo a una significativa jornada electoral. Sus algo más de ocho mil municipios y trece de sus diecisiete comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, fueron llamadas, como cada cuatro años, a las urnas. La jornada electoral vino precedida por la irrupción en campaña del llamado Movimiento 15-M o «Democracia real ya» y sus acampadas en las principales plazas de más de un centenar de ciudades con una difusa carga reivindicativa.

Cerradas las urnas y ya con los escrutinios en las manos, no hay duda alguna a la hora de afirmar el carácter histórico de estos comicios, desarrollados dentro de la normalidad democrática propia de una nación como España, inmersa en estos procesos desde 1977.

La participación ciudadana en las votaciones fue dos puntos y medio superior a las elecciones locales y regionales de 2007, situándose en el 66,23%. El indudable vencedor de los comicios fue el PP con casi ocho millones y medio de votos en las municipales –en ellas se votaba en toda España– y un 37,53% de los sufragios. A casi diez puntos, se quedó el PSOE, con dos millones doscientos votos menos y un porcentaje del 27,79%. Como tercera fuerza en representación de ediles se consolidó CIU y como tercera fuerza más votada, con un 6,31%, Izquierda Unida, apenas un punto más que en 2007. Más allá de algunas novedades significativas de carácter local como en Asturias, otros dos aspectos a tener en cuenta del resultado de las urnas del 22-M fueron el gran respaldo en Euskadi a la polémica e inquietante Bildu, que puede resultar determinante en numerosos e importantes municipios; y el hueco que sigue abriéndose, sobre todo en Madrid, Unión Progreso y Democracia. Por otro lado, bajó la abstención y crecieron los votos en blanco y el nulo, hasta, en los tres casos, casi un millón de personas, datos que no resultan especialmente relevantes.

¿Y cuál es ahora el escenario una vez que han hablado lar urnas? Obviamente el PP gobernará en los principales ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas en liza el 22-M excepto Navarra; Extremadura si PSOE e IU forman Gobierno de coalición; y en Asturias podría apoyar al Foro. Pero obviamente también –y máxime cuando los resultados hablan por sí solos– nuestra reflexión pretende trascender el análisis puramente político para buscar su inspiración y su interpelación en los principios del humanismo cristiano y de la Doctrina Social de la Iglesia.

Desde este planteamiento fundamental, creemos que lo que España necesita tras el 22-M es, en primer lugar, un renovado y eficaz esfuerzo conjunto por atajar la crisis económica desde sus mismas raíces, que –repitamos una vez más– es la tremenda crisis moral de la idolatría del dinero, de la codicia, de la insolidaridad y del relativismo y permisivismo ético. España, en segundo lugar, necesita ahondar en su misma identidad y en sus recursos históricos y presentes para recuperar una serie de valores capitales que en los últimos años han corrido el riesgo de ser frívola e insensatamente dilapidados. Ya en noviembre de 2006 los obispos españoles, a través de la instrucción pastoral de la CEE Orientaciones morales ante la situación actual de España, alertaban de los efectos perniciosos de la fuerte oleada de laicismo que se propiciaba desde instancias gubernamentales y desde destacadísimos poderes fácticos y mediáticos. Esta oleada de laicismo amenazaba la reconciliación y difundía una mentalidad laicista que deliberadamente prescindía de Dios –incluso ridiculizaba y ridiculiza a los creyentes– «en la visión y valoración del mundo, en la imagen que el hombre tiene de sí mismo, del origen y término de su existencia, de las normas y los objetivos de sus actividades personales y sociales».

Tras el 22-M, España necesita asimismo seguir mejorando su democracia, haciéndola más participativa, visible y concreta, trabajando por los verdaderos intereses y necesidades de todos los ciudadanos, repudiando cualquier ambigüedad y complicidad con la corrupción en la forma o expresión que sea. Sobre cómo mejorar la democracia, ya nuestros obispos, en los números 60 y 61 de su citada instrucción de hace cuatro años y medio, apuntaban algunas ideas precisas y útiles. Entre ellas, los prelados previenen contra la tentación de las instituciones a extender sus competencias a todos los órdenes de la vida, con el riesgo de invadir ámbitos personales y familiares que no les corresponden, «desarrollando un intervencionismo injustificado y asfixiante».