MÉXICO, miércoles, 12 marzo 2008


Medios nacionales de prensa han destacado, el día de hoy, que la Cámara Federal de Diputados, tiene listo un proyecto de ley mediante la cual se establecería, por vez primera en la historia de México y en su Constitución, el carácter laico del Estado, y habría una serie de sanciones a los funcionarios públicos que no se apeguen --rigurosamente-- a este principio.

En concreto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja pretende reformar tres artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (los artículos 40, 115 y 130), para establecer una división tajante que separe al Estado y a la Iglesia católica, que aglutina a 90 por ciento de la población de un país con 105 millones de habitantes.

En el proyecto de reforma, los diputados intentarán establecer --como principio constitucional-- el carácter laico que debe prevalecer en los asuntos referentes a la República.

Esta propuesta concibe la «laicidad» más bien como «laicismo», es decir, como hostilidad o indiferencia del Estado ante la religión. La laicidad, o separación Iglesia-Estado, sin embargo, no implica tradicionalmente un prejuicio negativo ante lo religioso, sino más bien garantiza la libertad religiosa a los creyentes de las diferentes religiones.

Esto, según la exposición de motivos de los legisladores, implicaría el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia, la adhesión a cualquier manifestación religiosa o filosófica y a su práctica tanto en lo individual como en lo colectivo.

El proyecto de reforma se produce en tiempos en los que la Iglesia católica mexicana ha introducido una serie de propuestas para reformar el artículo 24 de la Constitución y así garantizar la libertad religiosa en México.

Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, lo que debería reformarse es el dejar a un lado el concepto de «libertad de culto» y sustituirlo por el de libertad religiosa, en el marco del décimo quinto aniversario de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

La reforma pretendería establecer como obligatoria la laicidad para los servidores públicos quienes, en caso de no respetar esta norma, se harían acreedores de diversas sanciones.

«Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, deberán guiar su actuación respetando y salvaguardando en todo momento, la separación entre asuntos políticos y religiosos, entre aquellos relativos al Estado y las Iglesias y entre creencias personales y función pública. El incumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidades», se lee en la propuesta para reformar el artículo 130 constitucional.

El proyecto de reforma también indica expresamente que el Estado no podrá establecer ningún tipo de privilegio a favor de Iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna.

El objetivo, se lee en el proyecto, es luchar «por la neutralidad del Estado en materia religiosa, lo que implica obligadamente que no asuma ni actúe a favor de alguna confesión en particular y, tampoco lo haga en contra de alguna de las manifestaciones religiosas existentes en territorio mexicano».

También, agrega, «se intenta salvaguardar la pluralidad religiosa que existe en nuestro país, otorgando la garantía de imparcialidad y neutralidad de los gobernantes, las instituciones públicas y los actos que de ello se deriven».