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La sana laicidad, muy diferente del laicismo

La sana laicidad, muy diferente del laicismo
Existe, como alternativa al laicismo, un modo correcto de relacionar las religiones en su dimensión pública y el Estado: la sana laicidad.


Por: P. Fernando Pascual L.C. | Fuente: Sacerdos



El laicismo está de moda. Lo percibimos en algunos ámbitos académicos y en grupos de presión que buscan marginar y excluir lo religioso de la esfera pública, especialmente (aunque no sólo) de las instituciones y de centros dirigidos por el estado o por las administraciones locales (escuelas, hospitales, cárceles, etc.).

Por laicismo se entiende aquella ideología que quiere excluir o incluso combatir la presencia de lo religioso no sólo en el estado, sino en cualquier ámbito público o social. El laicismo interviene positivamente contra la dimensión social y pública, incluso contra las libertades individuales, que deberían ser garantizadas para todas las religiones, al impedir que los miembros de las mismas participen, desde los principios éticos propios, en la política o en otros ámbitos de la vida social.

Existe, como alternativa al laicismo, un modo correcto de relacionar las religiones en su dimensión pública y el Estado. Es lo que podríamos llamar «sana laicidad».

Pío XII explicaba, en un discurso pronunciado el 23 de marzo de 1958, cómo pertenece a la tradición de la Iglesia la idea de una «sana laicidad», entendida como «el esfuerzo continuo para tener separados y al mismo tiempo unidos los dos Poderes» (político y religioso), en el respeto que merece la distinción entre Dios y el César.

Esta tradición encuentra dos formulaciones clásicas en el pasado. Una, en el siglo V, en una carta del Papa Gelasio I (492-496) al emperador Anastasio. En ella el Papa recordaba que Dios había querido que las potestades religiosa y política quedasen separadas para que ninguna autoridad se ensoberbeciera.

La otra formulación se encuentra en el mundo medieval, en las Decretales de Gregorio IX (1234), en las que se explica cómo Dios habría creado dos lumbreras para guiar a los hombres: una más grande, para el día (poder espiritual); y otra más pequeña, para la noche (poder temporal).

Los choques entre el Papado y los reyes medievales, especialmente durante lo que conocemos como «lucha de las investiduras», provocaron situaciones dramáticas a la hora de comprender cómo habría que armonizar estos dos poderes, el civil y el religioso. La ruptura que se produce con las divisiones doctrinales del siglo XVI, el desarrollo del Iluminismo en clave muchas veces anticatólica, y las luchas surgidas a favor o en contra del liberalismo después del trauma de la Revolución francesa, explican por qué la Iglesia tuvo que recorrer un largo camino para reencontrar una doctrina que ya poseía, pero que necesitaba aplicar a los nuevos contextos nacionales e internacionales, especialmente en los dos últimos siglos.

Una formulación madura sobre el modo correcto de entender la distinción y colaboración entre los poderes civiles y la religión quedó plasmada en la Constitución pastoral Gaudium et Spes, especialmente en los números 36 y 76. Juan Pablo II y Benedicto XVI han hablado en diversas ocasiones sobre la laicidad, y sobre los peligros que se derivan de actitudes laicistas, presentes en algunos países y organismos del así llamado mundo occidental.

Encontramos una síntesis de la doctrina católica sobre la laicidad en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia, publicado el año 2004 por el Pontificio consejo “Justicia y Paz”. Tal síntesis gira en torno a dos palabras claves: autonomía y colaboración.

La primera palabra, autonomía. El estado pertenece al mundo de las realidades que pueden funcionar desde leyes y principios que no necesitan estar explícitamente vinculados a una religión concreta, o a un credo, o a una fe, sin que ello excluya que puedan darse formas de colaboración entre las autoridades civiles y las autoridades religiosas.

El estado, como realidad autónoma, está dotado de aquellos elementos que le permiten promover el bien común y la realización de las personas y los grupos, una realización que ciertamente no se limita al orden intraterreno, sino que incluye la apertura a las realidades transcendentes.

Todo ello supone la subordinación del estado a una ética superior, sin la cual el poder público, como cualquier realidad terrena, corre el riesgo de desvirtuarse y de caer en extremismos ideológicos y totalitarios. Lo había explicado Juan Pablo II en un importante discurso ante el Parlamento europeo (Estrasburgo, 11 octubre 1988), al indicar que ningún gobierno puede regirse como si no tuviese que responder a ninguna instancia superior.

Por su parte, la religión no interfiere en los modos concretos de organizar la vida política, ni impone propuestas concretas para el gobierno de los pueblos, en el respeto que merecen aquellas opciones institucionales que asuman y tutelen las verdades esenciales sobre el hombre y sobre la vida social. Ello no impide a la Iglesia denunciar situaciones y normativas que vayan contra la ley natural, contra la dignidad de algunos seres humanos (nacidos o no nacidos, sanos o enfermos), o contra la autonomía que debe ser respetada a la Iglesia como institución que persigue sus fines con estructuras propias.

La segunda palabra, colaboración. El estado está llamado a apoyar, cuando sea necesario, y según el principio de subsidiariedad, aquellas instancias sociales que necesiten ayuda para su plena realización. Entre ellas hay que incluir las que tienen que ver con la vida religiosa de la gente, máxime en pueblos donde las confesiones religiosas pueden tener una fuerza social muy relevante y merecen (por estar basadas en el querer de la gente) algún tipo de apoyo por parte de la autoridad.

Es posible, en ese sentido, que un estado sea aconfesional (aceptando una «sana laicidad») y al mismo tiempo subvencione a una confesión religiosa importante en la sociedad por su presencia y por su labor humanizadora (hospitales, escuelas, centros de acogidas a emigrantes, etc.).

Hay que recordar, además, que la democracia como sistema de gobierno supone que en la misma puedan participar y «competir» diversas visiones y perspectivas sobre la mejor manera de organizar la res publica. Los católicos están llamados a ofrecer sus valores y sus principios en la vida pública, especialmente a la hora de defender la dignidad de la persona, el derecho a la vida, el sentido genuino del matrimonio y la familia, etc.

Por lo mismo, sería totalmente incorrecto marginar o excluir a los católicos de su participación pública, como si su participación atentase contra la laicidad del estado.

Lo explicaba la Congregación para la doctrina de la fe en la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública (24 de noviembre de 2002): «Aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia individual, pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante» (n. 6).

Al revés, si el Estado se funda sobre un modo correcto de entender la laicidad, un país puede crecer y consolidarse “a partir de una feliz conjugación entre principios religiosos, éticos y políticos”, con una “sana laicidad, donde la dimensión religiosa, en la diversidad de sus expresiones, no sólo es tolerada, sino valorada como ‘alma’ de la nación y garantía fundamental de los derechos y de los deberes del ser humano”, y donde la Iglesia “puede desempeñar con libertad y compromiso su misión de evangelización y promoción humana” (Benedicto XVI, Audiencia general del 30 de abril de 2008, evocando su viaje a los Estados Unidos de América).

Los católicos sienten la necesidad de impregnar con valores morales la cultura y el mundo del trabajo, como recordaba el Concilio Vaticano II en Lumen gentium (n. 36). La sana laicidad es el ámbito que permita realizar esta enorme tarea, que promueve una sociedad abierta y capaz de acoger el dinamismo de quienes están llamados a contribuir al bien común desde la perspectiva religiosa, que tanto puede enriquecernos a todos, especialmente al ofrecer una luz profunda respecto de la dignidad humana y del fin ultraterreno al que todos y cada uno hemos sido llamados.

(NB: Este trabajo recoge en parte ideas ya expresadas en otro artículo, titulado "Laicidad, Estado e Iglesia").

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