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Iniciativa de ley en defensa de la maternidad
Iniciativa de ley en defensa de la maternidad
Hacer las previsiones normativas necesarias para que, en el ámbito territorial del Distrito Federal, exista una red solidaria de ayuda a las embarazadas, a fin de ofrecerles soluciones alternativas a sus problemas, compatibles con la continuación de la ge


Por: . | Fuente: Acción Nacional



27 de Marzo, 2007.
Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de protección a la maternidad en México DF

Los diputados que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V incisos g), i), k), y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones XI y XIII, XV y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17 fracción IV, 88 fracción I, y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos presentar la siguiente Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de protección a la maternidad del Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de esta IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentaron 2 iniciativas de ley para reformar diversos ordenamientos legales con la finalidad de despenalizar la práctica del aborto hasta las 12 ó 14 semanas de gestación, argumentando una afectación al proyecto de vida de la mujer que tiene un embarazo no deseado.

Este debate se ha tratado y discutido en los medios de comunicación exclusivamente por legisladores hombres, con excepción de la Diputada Paula Soto, quien ha argumentado la postura del PAN.

Hoy las mujeres legisladoras, como parte toral de la discusión, tomamos voz y voto. Tomamos voz y voto porque la naturaleza nos dio un encargo único; tomamos voz y voto porque representamos lo que vive y enfrenta cada mujer embarazada; también tomamos voz y voto por los derechos de las niñas abortadas, que son exactamente la mitad de los abortos inducidos.

Mi reciente experiencia como mamá, me motiva ha participar y promover una nueva perspectiva de política pública en torno al embarazo. Sin fundamentalismos, sin falsos debates sobre el progresismo y el oscurantismo. Es momento de escuchar a las mujeres para que digamos lo que sí queremos como mujeres. Honestamente poner hoy el tema del aborto en el centro de nuestra discusión parlamentaria sin propuestas serias, sin el uso responsable de la información científica y estadística, sin alternativas, es una irresponsabilidad que pone en riesgo nuevos acuerdos sobre los problemas urbanos que son prioridad para los habitantes de la Ciudad de México.

Compartimos la grave preocupación que tienen nuestros compañeros legisladores relativa a la mortandad de mujeres en el Distrito Federal por la práctica de abortos clandestinos, pero consideramos que es un falso dilema señalar: que el aborto debe ser legalizado por el número de mujeres que mueren cuando se les practica clandestinamente uno; es reduccionista proponer un silogismo tan pobre. Obliguémonos como legisladores a ser más imaginativos para construir política pública, demos una lección a México, aún más cuando la vida humana está de por medio; replantemos la discusión de esta controvertida propuesta partiendo de una premisa qué sí es consenso: La despenalización del aborto no ha sido planteada por ningún actor político como un fin en sí mismo, se ha propuesto como un medio para, supuestamente, mejorar la condición de vida de las mujeres.

Nadie quiere el aborto, ni legal, ni clandestino. Ningún actor responsable de la política actual puede plantear a la sociedad una propuesta en la que se considere al aborto como un fin bueno en sí mismo; los que lo defienden, lo presentan como un beneficio que en un momento dado, una mujer podría obtener de practicarlo legalmente cuando un embarazo se presente sin planeación previa o vaya en contra de su proyecto de vida. De tal forma, que hemos considerado, en estricto sentido de equidad y responsabilidad y en concordancia con los Principios que siempre hemos defendido como Partido, sumarnos a este debate con la consideración de que el aborto no es ni el único, ni el mejor medio para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres ni mucho menos la única opción posible para enfrentar un embarazo no esperado, estoy segura que las partes que debaten a su favor compartirán, después de una deliberación objetiva no ideologizada, la posición argumentativa de que dentro de las opciones existentes, es la menos deseable.

Por eso venimos aquí, con opciones. Para que no se diga que no nos importan las mujeres. Para que no se nos tilde de machistas o misóginos.

Para plantear con responsabilidad una propuesta que verdaderamente ofrezca alternativas, respetando el derecho a la procreación como un proceso vital del ser humano-mujer y a la maternidad plena como una forma de realización personal esencial, que si bien no es la única, es por la que optan millones de mujeres hoy en el Distrito Federal.

Es cierto que en nuestra sociedad existen ciertas prácticas e incentivos para que una mujer considere como algo negativo un embarazo. En algunos casos la complicada compatibilidad para ejercer la maternidad y la realización laboral en un momento dado, en otros, por la no prevención de embarazos durante diversas etapas y situaciones que cotidianamente vive la mujer.

En ambos casos, es nuestro deber eliminar barreras a la maternidad plena, cambiar la visión negativa que hemos construido sobre la procreación y la paternidad, y ofrecer condiciones sociales amables a este proceso natural, con respeto a la vida de quien no se puede defender. En el caso de embarazos inesperados o no deseados, independientemente de sus causas o situaciones específicas, será necesario que el Estado informe plenamente las opciones disponibles para llevar a término el proceso con plenas garantías de salud, según sus propias convicciones y con pleno respeto al derecho del no nacido.

Es deber del Estado compatibilizar de manera eficaz la preeminencia del derecho a nacer del nuevo ser y la decisión de la progenitora de no ejercer la maternidad, con opciones seguras y efectivas para dar en adopción al bebé.

Cualquier intento de despenalización del aborto en esta Asamblea con los argumentos planteados en diversas iniciativas, tendrá una consecuencia práctica: La determinación de su inconstitucionalidad.

Ahí están los Tratados Internacionales signados por nuestro país. Ahí está también el argumento constitucional a favor de la vida del no nacido. Ahí están las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la legislación federal y local, civil y penal, que prohíben el aborto y reconocen los derechos del no nacido. Si el objetivo, si el fin no es el aborto en sí mismo, busquemos como dignos representantes del interés ciudadano promover mecanismos sustentados en Principios Constitucionales que sean viables para lograr el verdadero objetivo:

La realización de la maternidad y el apoyo a la mujer para compatibilizar el embarazo con su proyecto de vida, independientemente de si este es o no deseado.

Si no lo hacemos, caemos en una necedad, en un argumento político, en una lucha frontal entre ideologías, en una complacencia a los radicalismos irracionales que en nada resuelven los problemas cotidianos de millones de mujeres.

Demos cauce pues al interés superior, poniendo por encima de los medios, los fines y adecuando buenos medios para lograr los mejores fines en una lógica clara de consecución de objetivos con medios que respetan principios éticos y legales, según nuestros ordenamientos jurídicos.

Las mujeres reclamamos opciones reales, viables y seguras para enfrentar nuestra condición de progenitoras y madres frente a los retos que hoy vivimos como actores fundamentales de todos los procesos de vida en el Distrito Federal con el reciente empoderamiento como jefas de familia y actores de los procesos políticos, económicos, comunicacionales y sociales.

Esta iniciativa, plantea una obligación gubernamental de protección a la maternidad, desde diversos puntos de vista: Defensa legal, protección efectiva con una Red de Protección a mujeres embarazadas desde las instituciones públicas especializadas en la atención a la mujer con asesoría legal especializada y litigante contra la discriminación en el trabajo, asistencia médica gratuita en la red de salud pública o privada, opciones preferenciales a programas sociales de vivienda y en el transporte público, incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres embarazadas, opciones para las mujeres adolescentes que se encuentran estudiando, asesoría y redes para ejercer el derecho a dar en adopción a un bebé.

Resaltamos la necesidad de que el gobierno del Distrito Federal incluya de manera universal a las futuras madres como sujetos de derecho a recibir un apoyo económico directo y suficiente para solventar los gastos que implica la maternidad en todas sus etapas: La gestación, el parto y el cuidado de los hijos hasta los 9 años.

La oferta del Gobierno del Distrito Federal enfocada a madres solteras es un esfuerzo valiosísimo, pero insuficiente. Este año se aprobó un presupuesto de 127 millones para garantizar que 16, 666 niños y niñas de madres solteras pobres reciban mes con mes una beca de 636 pesos mensuales. Un buen esfuerzo sin duda alguna, pero absolutamente insuficiente.

Según datos del Gobierno existen casi 3.5 millones de madres en el Distrito Federal que todos los días enfrentan la problemática de adecuar sus actividades laborales e incrementar el ingreso familiar, con el cuidado de sus hijos. Asimismo, se considera que la mitad de madres son solas por diferentes razones, casi 1.7 millones de mujeres en el Distrito Federal son madres solteras. Solo el 0.009% de las mujeres solas están recibiendo un apoyo del Gobierno. Por eso necesitamos replantearnos nuestra visión de la maternidad y dar incentivos a quienes quieren ser madres, y a quienes no, darles opciones reales para evitar la muerte de inocentes y consecuencias negativas en su salud futura por un aborto provocado.

Las madres del siglo XXI viven día a día el drama de mantener a sus hijos y educarlos con una escasa oferta de apoyo por parte del Gobierno. Esto sin contar a cientos de miles de mujeres que están esperando un hijo actualmente y se enfrentan a altos costos de atención al embarazo y parto, ni qué decir de los partos múltiples o de niños con necesidades de atención especial o de mujeres con VIH Sida.

No podemos seguir promoviendo como legisladores que la maternidad, un proceso esencial, no necesario, pero sí inherente al ser mujer, se siga percibiendo como un aspecto negativo que interrumpe o afecta el proyecto de vida de la mujer. La procreación, la maternidad y la paternidad son aspectos inherentes al ser humano, son aspiraciones legítimas de toda familia y todo ser humano y debe velarse por todos los medios al alcance del poder público para que éste se desarrolle en plenitud.
Sabemos bien que existen muchos embarazos no deseados por diversas y respetables razones.

Sabemos bien que hace falta una verdadera promoción del ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable y que son las mujeres adolescentes quienes viven esta situación con mayor intensidad. Es necesario que el Gobierno instrumente una red de apoyo específico para las mujeres en condición de embarazo no deseado en donde se explique y exponga de manera objetiva y con el respeto a las creencias y convicciones personales, las diferentes opciones existentes, en específico dar en adopción al bebé. Nadie en su sano juicio puede pretender que el aborto sea el único medio, la única salida para enfrentar un embarazo no planeado.

Mas allá de cualquier fundamentalismo o concepción teológica y moralista, en esta iniciativa motivamos y obligamos al Gobierno a promover activamente la difusión de opciones para que cada quien, en estricto ejercicio de su propia Libertad, decida lo que quiere hacer frente a una situación no prevista o no deseada, dando preferencia a mecanismos no abortivos, es más, promoviendo activamente la continuación del embarazo hasta el final, y que protegen el derecho del nonato, sobre mecanismos que a la larga se ha comprobado pueden generar diversos problemas de salud, como la incidencia de cáncer de mama, la infertilidad futura o trastornos psicológicos.

Nuestra sociedad necesita ser amable y comprensiva con la maternidad en todas sus formas por medio de acciones positivas para protegerla. La visión negativa que se pretende instaurar en el ordenamiento jurídico del Distrito Federal, relativa a la procreación y la maternidad como un obstáculo para la realización de la mujer, tendrá que ser reconsiderada y replanteada. Así lo está exigiendo la mayoría de los ciudadanos.

Esta es la propuesta de Acción Nacional, estamos seguros que lo planteado dotará al debate actual de nuevas dimensiones y formas de abordar las disyuntivas que nos conflictúan. El aborto no es un fin, el fin es la mujer y su realización plena en todos los ámbitos.

Los argumentos que planteamos en esta iniciativa se dividen en diversos aspectos. Primero una fundamentación desde la visión del PAN. Porque no podemos olvidar nuestros puntos de partida y como un ejercicio claro para actualizar en realidades concretas los motivos que nos hacen ser panistas y que nos mueven para legislar con principios claros. Como segunda argumentación, exponemos una visión de los derechos humanos desde el punto de vista filosófico, con la ayuda del Doctor en la materia, Rodrigo Guerra quien amablemente ha colaborado con sus ideas para la redacción de esta iniciativa.

A continuación, exponemos argumentos jurídicos en materia de tratados internacionales signados por nuestro país, interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, así como argumentos Constitucionales y legales a nivel federal y local para promover mecanismos que protejan la vida y generen acciones positivas del Gobierno a favor de la mujer que vive la etapa de maternidad. Posteriormente exponemos un breve pero sólido conjunto de argumentos a favor de la equidad, aspectos económicos y médicos que inciden en la visión que tenemos para sustentar que el Gobierno, deberá poveer de los mejores medios a la mujeres para que tomen las mejores decisiones, respetando también la vida de miles de niños que no han nacido.

Exposición de Motivos

1. Nuestra posición como Partido Político


Desde su origen el Partido Acción Nacional ha reconocido como el fundamento de su acción y el fin de sus esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la Persona Humana, hombre y mujer en igualdad de circunstancias.

El reconocimiento teórico y práctico de la superioridad de la Persona Humana implica que es el centro y razón de ser, es decir, el sujeto, principio y fin de la vida social y política. No concebimos proyecto político, ni política administrativa, ni legislación que tenga razón de ser, si no concibe a la Persona con una dignidad intrínseca.

La política no es un valor autónomo y supremo, sino que se inscribe y tiene su razón de ser en el reconocimiento de la integralidad de la naturaleza humana y la excelencia de su dignidad con respecto a toda otra realidad. Todo está ordenado a la persona para su realización y perfeccionamiento.

La persona es un todo que integra en un solo ser una pluralidad de dimensiones, que a la vez que lo constituyen son una tarea a realizar, ya que tiene una vocación temporal y eterna.

La dignidad de la persona es constitutiva de su propio ser, lo cual quiere decir que por el simple y trascendental hecho de existir, cada ser humano debe ser reconocido y respetado por sí mismo, independientemente de su condición o de su actuar. Con sus acciones, la persona puede lograr una mayor realización o un detrimento de sus fines existenciales.

Afirmamos que esta dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer; su edad, e incluso, y hoy de manera especial, al recién concebido en el seno de su madre o en cualquier otro medio y forma, del minusválido, enfermo o desahuciado; que sea rico o pobre; sabio o ignorante; su raza, cultura, religión o creencia. Por ello, la razón de ser de todo grupo social, desde la familia hasta la comunidad internacional, está en el servicio a la persona.

La libertad es una característica propia de la persona. Afirmarla y expandirla es una de las aspiraciones más profundas del ser humano; el cual se perfecciona a sí mismo a través del compromiso y de una acción solidaria que opta por la libertad de los demás y no por la simple posibilidad de elección.

Toda ideología, sistema o práctica social que despersonalice al ser humano pretendiendo convertirlo en simple objeto, es negarle su carácter de sujeto libre y responsable, es contraria a la dignidad de la persona humana.

Se atenta contra la dignidad de la persona humana al sostener, que los derechos humanos y su propia dignidad son objeto de negociación o que están al vaivén de la opinión pública.

Nadie tiene derecho a desarrollar su vida en detrimento de la de los demás. Nada justifica que un grupo promueva su desarrollo y calidad de vida a costa de la exclusión de otros, en especial aquellos que no pueden defenderse.

Por su carácter de persona el ser humano es sujeto de derechos y obligaciones fundamentales. El respeto a estos derechos y el cumplimiento de estas obligaciones son no sólo el cimiento de toda convivencia democrática, sino la base de toda sociedad justa y de la paz.

El rostro de la persona manifiesta una dignidad única, insustituible e imborrable como su propio nombre, que permanecerá como un reclamo de justicia ante la conciencia de los demás.

Justicia y conciencia que dan sentido, talante y dimensión moral a la convivencia social y al quehacer político, y que son el origen y fundamento de todo derecho a cuyo servicio debe estar el Estado y la sociedad.

No puede excluirse a nadie de los beneficios del bien común argumentando pertenencia a Nación, religión, sexo, raza, convicción política o posición social. Nadie, ni los aún no nacidos ni las siguientes generaciones deberán ser excluidos de tales bienes. Esta generación debe cuidar responsablemente los bienes y recursos necesarios para las generaciones por venir.

El vivir del ser humano, es necesariamente un convivir, no sólo en el orden físico y biológico, sino sobre todo en el cultural y espiritual. Los seres humanos somos una especie frágil, contingente y físicamente perecedera. No todo lo que se puede se debe hacer, existen criterios de factibilidad técnica que deben completarse con criterios de exigibilidad ética.

La protección del ser y la vida son condiciones necesarias y mínimas para la realización del Bien Común.

La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

Por otro lado, Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y los hombres, y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político.

La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y la sociedad. Debemos redistribuir equitativa y solidariamente entre hombres y mujeres la responsabilidad familiar.

Por estas razones de Principio y visión como Partido, es que presentamos el día de hoy una iniciativa de Ley que busca promover un estado activo y proactivo en la defensa de la vida, que tenga facultad expresa de ejecutar mecanismos específicos y especiales para la protección de las mujeres embarazadas y las madres en todas sus circunstancias.


2. Argumentación filosófica.

El derecho a la vida, la Libertad y el derecho de toda persona, hombre o mujer, a decidir su proyecto de vida y realizar su vocación, parecieran ser aspectos que se contraponen, la discusión maniquea relativa a Libertad personal vs. Derecho a la Vida, pasa por la importante discusión esencial relativa a los derechos humanos y su fundamentación filosófica.

Cuando los iusfilósofos más connotados del mundo, como Norberto Bobbio, afirman que toda búsqueda de fundamento es infundamentable, y que los derechos humanos están tanto más fundados cuanto más adeptos tienen, no cabiendo, por ende, otro asidero para su defensa que el mero consenso, creemos que se equivoca.

La acción humana muestra en su dinámica natural la necesidad de reconocer los derechos humanos, de positivizarlos y de crear instituciones que los promuevan y protejan de una manera eficaz.

Los derechos de la persona y el derecho en general brotan desde esta perspectiva, no de la fuerza del poder, no de una racionalidad abstracta, sino de la vida humana y de sus exigencias más elementales al buscar mantenerse precisamente como humana.

Frente a la persona existen deberes absolutos que cumplir, y que poseen un correlato objetivo.
Cuando dos seres humanos se encuentran, el reconocimiento de su condición de personas se constituye como un deber, lo cual configura una relación de justicia, es decir, una relación jurídica. Fijémonos que no es sólo una relación moral —que posee su importancia para la perfección de los sujetos involucrados—, sino que, con independencia de si esta acción de reconocimiento y eventualmente de trato digno es realizada con las características que se requieren para que auténticamente resulte perfectiva, es una relación que entraña un deber exigible de suyo. Así, la dimensión objetiva del derecho nos parece innegable. Los derechos de la persona son obligaciones objetivas. La obligación, por ejemplo, de respetar la condición de persona de un niño, de una mujer, de un anciano, ¡de cualquier ser humano!, no es sólo de orden moral, sino que aun cuando la actitud de respeto y sus gestos consiguientes no se realicen cuidando de todas las condiciones que requiere un acto para ser virtuoso posee una obligatoriedad extrínseca objetiva propia de lo jurídico.

El derecho positivo no es una esfera escindida respecto de la vida humana y su dinámica ordinaria. Gracias a él, la dignidad es reconocida y protegida institucionalmente en una sociedad. Más aún, el derecho positivo es creado por los seres humanos como una exigencia encontrada en la experiencia del humanum que pide asegurar de manera normativa, extrínseca e inexorable un conjunto de realidades que se descubren como bienes elementales, como mínimos humanos, como realidades justas a preservar.

Desde un punto de vista antropológico, el derecho positivo no tiene su origen en él mismo, sino en la vida humana que posee un valor que es necesario asegurar. En este sentido, el derecho positivo tiene un origen pre-positivo y propiamente jurídico.

Los modelos políticos que han afirmado la libertad suprimiendo la referencia a la verdad han mostrado prácticamente que al final de su aventura “libertaria” el imperio del más fuerte se establece como ley. Paralelamente, quienes optan por afirmar una verdad suprimiendo la libertad terminan aplastando la verdad sobre el hombre. Mencionamos ambos casos para mostrar la inconsecuencia que significa elegir entre la conciencia contra la verdad o la verdad contra la conciencia.

El derecho a la libertad de conciencia debe ser afirmado como el derecho a poder dirigirse hacia la verdad de la manera que le es propia a la persona, es decir, libremente.

En este asunto ni la adecuación a la coacción exterior ni la libertad sin referentes objetivos pueden ser sostenidas como derecho en sentido propio.

El hecho de que los derechos de segunda y tercera generación posean un grado de dificultad grande respecto de su realización efectiva debido a que dependen de una serie de recursos que ordinariamente la sociedad y el Estado no alcanzan cabalmente a proveer no significa que no deban de ser considerados derechos subjetivos ni que deje de existir la obligación de parte del Estado de una acción de tutela adecuada.

Cuando a los derechos de segunda y tercera generación no se les considera auténticos derechos de la persona los responsables de la política pública y los organismos que integran la sociedad civil no se perciben obligados strictu sensu atrabajar en orden a satisfacer los bienes que este tipo de derechos demandan.

Los derechos de segunda y tercera generación ayudan a percibir que todos los derechos de la persona, si son tales, son exigibles aun cuando lo sean bajo modalidades diversas. Es importante para ello avanzar en la comprensión de que las obligaciones estatales y sociales respecto de estos derechos poseen niveles diversos y diferenciados.

Así, es posible pensar en un modelo que aplicando la idea del principio de subsidiaridad presente:

1) En un primer nivel, que existe la obligación del Estado de respetar la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada persona o comunidad en pos de autosatisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales, medioambientales, etcétera;

2) luego, que existe la obligación estatal de proteger esa libertad de acción y uso de los recursos frente a terceros. Aquí la función de tutela estatal es similar a la que se realiza respecto de los derechos de primera generación;

3) posteriormente, que existen las obligaciones de promover condiciones para que las personas puedan acceder al bien;

4) que, en seguida, existen obligaciones de asistencia que puede asumir formas sumamente diversas, y,

5) finalmente, que debe de haber una obligación de satisfacción que puede consistir en la directa provisión de medios para cubrir necesidades básicas como comida, medicinas, educación, etcétera, cuando la persona no lo pueda hacer por sí misma.

La obligación del Estado a favor de la familia, la maternidad y la vida debe construirse tomando en cuenta que los denominados derechos de primera generación no brindan una conceptualización suficiente para tal efecto.

Por ello, familia y vida tienen que mirarse como elementos que atraviesan el contenido de los Derechos económicos, sociales y culturales, derechos que por su naturaleza implican la obligación del Estado de actuar de manera proactiva.

Los derechos humanos, son los derechos fundamentales, propios de cada ser humano, y comunes a todos; pues todos compartimos la común naturaleza. Tales derechos acompañan toda la vida del ser humano, desde el comienzo de su existencia (fecundación), hasta la muerte natural; sin que sea admisible ningún condicionamiento para su goce, como podría ser el haber nacido, o tener autonomía propia. En definitiva, son el reflejo jurídico de la dignidad humana.

Al depender de la naturaleza --inmutable de por sí--, son universales, es decir que siempre y en todo lugar deben ser reconocidos por el derecho; y, por ende, irrenunciables para el sujeto, e indisponibles para el resto de la sociedad. Al decir referimos que pertenecen a nuestra condición humana y, por ende, son anteriores a las leyes y al Estado.

Desde nuestra concepción, el embrión humano es persona y tiene derechos.

La vida humana inicia a partir de la penetración de un espermatozoide a un óvulo, dentro del cual se forma un embrión unicelular, el cual ya contiene toda la información a nivel genético para crecer y desarrollarse, con todas las características de ser humano y siempre el mismo ser humano, a los ojos de la genética y la embriología.

Cumple, también, todas la leyes de la biología de cualquier ser pluricelular, de una forma simple va adquiriendo forma cada vez mas compleja, pero en todo su desarrollo su esencia es la misma, siempre el mismo ser humano y no otro.

La embriogénesis, etapa del desarrollo cuando ya están formados todos y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas del nuevo ser humano, culmina a las 8 semanas a partir de la penetración del espermatozoide al óvulo, 6 semanas apenas de la ausencia de menstruación de la mujer. Un nuevo ser humano inicia su vida a partir de la penetración del espermatozoide al óvulo, desde ese momento tiene el Derecho a la Vida y nosotros la Obligación de protegerla.

El embrión NO es una parte del cuerpo de la mujer, pues tiene una dependencia externa únicamente alimenticia, pero una independencia de crecimiento y desarrollo intrínseca.

El respeto a la vida humana desde el momento mismo de su inicio es una obligación de cualquier ser humano al igual que un derecho inalienable.

El derecho a la vida es fundamental e inalienable, por su parte, el derecho a la libertad se considera secundario a la vida, ya que sin este último es imposible la existencia del otro.

Expuesto lo anterior, pasaremos a la argumentación jurídica. El debate tradicional acerca de la libertad de la mujer a decidir sobre su “propio cuerpo” con la finalidad de no interrumpir su proyecto de vida contra el derecho inalienable del no nacido a vivir, debe encontrar un cauce. Un justo medio, una respuesta práctica en el aquí y el ahora.

En primer lugar, con una argumentación jurídica:

La legislación mexicana protege la vida del no nacido desde la concepción. En este sentido plantear una causal como la propuesta por nuestros compañeros diputados del PRI y de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no puede ser jurídicamente viable. Frente a esta situación y nuestra preocupación por su libertad de elección, su necesidad de trabajar y los problemas que enfrenta con el embarazo consideramos necesario actualizar de manera positiva, una legislación a favor de la maternidad en el Distrito Federal para brindar alternativas reales, no inconstitucionales.

Los siguientes apartados de esta exposición de motivos tratan de los argumentos legales de carácter internacional, con los Tratados Internacionales signados por nuestro país en la materia, y los ordenamientos legales federales y locales relativos al derecho a la vida.

3. Tratados Internacionales

Según la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, los derechos humanos de las mujeres son entendidos como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales; debiendo asegurarse su promoción y protección a lo largo de todo el ciclo vital.

En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la protección de la maternidad se relaciona con un conjunto de libertades –derecho de formar una familia, libertades reproductivas, derecho al trato igualitario, derecho a la intimidad- que los Estados están obligados a proteger y respetar.

El art. 25 (2) de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos sienta el derecho de las madres e hijos/as a gozar de cuidados y asistencia especial. También el artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a protección cuidados y asistencia especiales.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 (d) el deber de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre y postnatales apropiados.

La protección de la maternidad es reconocida por el art. 10 (2) de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de brindar resguardo especial durante un período razonable antes y después del nacimiento. En similares términos, se incluye el deber estatal, en el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15).

Por otro lado, el derecho a formar una familia se aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas con el concepto de ¨maternidad segura¨ y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados.

Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado (art. 23 de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos; arts. 17.1. y 17.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

En particular, el art. 10.1 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia protección y asistencia para el establecimiento de la familia y el cuidado y educación de los/as hijos/as.

Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en el ámbito laboral. En este sentido, el art. 10 (2) de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados beneficios sociales durante un periodo razonable antes y después del nacimiento de los/as hijos/as.

Uno de los principales documentos internacionales que rige en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el art. 16.1 inc. e) dispone que los Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre varones y mujeres "... los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos"; y en el art. 5 (b) se establece que los Estados parte adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el apropiado entendimiento de la maternidad como una función social.”

El ejercicio del derecho al trato igualitario y la consiguiente evitación de las situaciones de violencia originadas en tratos discriminatorios, presupone el respeto del principio de igualdad de oportunidades dirigido a equiparar las posibilidades de ejercicio de los derechos.

En relación con las medidas tendientes al trato igualitario, es pertinente recordar la interpretación asignada al art. 26 de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos. A tenor de esta norma se entiende que los Estados parte tienen el deber de eliminar las normas, políticas y prácticas que suponen tratos discriminatorios sobre bases especificadas o no.

La redacción del texto sugiere que se encuentran incluidas entre las prácticas y regulaciones a eliminar, aquellas que basadas en cualquier condición, afecten la capacidad de las mujeres de ejercer los derechos relacionados con la maternidad libre y segura.

Específicamente en el ámbito laboral, sucede que muchas veces las exigencias asociadas a la función materna no son contempladas apropiadamente por los ordenamientos legales al momento de equiparar las condiciones de trabajo formal, consolidándose situaciones de inequidad.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se reafirmó este compromiso.

Tratados internacionales signados por nuestro país relativos a la protección de la vida, la mujer, la maternidad y la familia:

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fecha de adopción 2 de mayo de 1948.

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1948. Fecha en que México lo ratificó: 22 de julio de 1952. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 11 de octubre de 1952.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas No. 217 A (III). Fecha de adopción 10 de diciembre de 1948.

Convenio relativo a la norma mínima de la Seguridad Social (convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo). Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de suscripción: 28 de junio de 1952. Fecha en que México lo ratificó: 12 de octubre de 1961. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 1959.

Declaración de los derechos del niño. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV), de fecha 20 de noviembre de 1959.

Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos. Lugar de aprobación: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Fecha en la que México se adhirió: 24 de marzo de 1981. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 20 de mayo de 1981. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de junio de 1981.

Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Fecha en la que México se adhirió: 23 de marzo de 1981. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.

Convención americana sobre derechos humanos "Pacto San José de Costa Rica". Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, general; 24 de marzo de 1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 7 de mayo de 1981. Última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2002, aprobadas por el Senado el 10 de diciembre de 2001.

Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2542 (XXIV), de fecha 11 de diciembre de 1969.

Declaración de los derechos del retrasado mental. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2856 (XXVI), de fecha 20 de diciembre de 1971.

Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Proclamada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunida en Estocolmo, Suecia. Fecha de adopción 16 de junio de 1972.

Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución No. 3348 (XXIX), de fecha 17 de diciembre de 1974.

Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 3384 (XXX), de fecha 10 de noviembre de 1975.

Declaración de los derechos de los impedidos Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 3447 (XXX), de fecha 9 de diciembre de 1975.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. Fecha en que México lo ratificó: 23 de marzo de 1981. Fecha en que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. Fecha de publicación de la Fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación: 18 de junio de 1981.

Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 41/128, de fecha 4 de diciembre de 1986.

Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador".Lugar de adopción: San Salvador, El Salvador. Fecha de adopción: 17 de noviembre de 1988. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 01 de septiembre de 1998.

Convención sobre los derechos del niño. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1989. Fecha en que México lo ratificó: 21 de septiembre de 1990. Fecha en que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 25 de enero de 1991.

Declaración y programa de acción de Viena Adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de Viena, Austria, con fecha 25 de junio de 1993.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 48/104, de fecha 20 de diciembre de 1993.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”.Lugar de adopción: Belém Do Pará, Brasil. Fecha de adopción: 9 de junio de 1994. Fecha en la que México se adhirió: 12 de noviembre de 1998. Fecha de publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 19 de enero de 1999.

Declaración universal sobre el genoma humano y los Derechos Humanos. Adoptada en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con fecha 11 de noviembre de 1997.

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad Lugar de suscripción: Guatemala, Guatemala. Fecha de suscripción: 07 de junio de 1999. Fecha en la que México se adhirió: 25 de enero de 2001. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de marzo de 2001.

En todos estos instrumentos internacionales, se destacan los siguientes principios:

1.-
Que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza coadyuvante o complementaria del que ofrece el derecho interno de los estados.
2.- Que toda persona es ser humano.

3.- Que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.

4.- Que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

5.- Que el derecho a la vida estará protegido por la ley a partir de la concepción.

6.- Que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

7.- Que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.

8.- Que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.

9.- Que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso a la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.

10.- En todas y cada una de las declaraciones, pactos y tratados los Estados se obligan a respetar los instrumentos internacionales, y a adecuar su legislación a los mismos.

4. Argumentos jurídicos

El Derecho a la vida y la Constitución


Nuestra Constitución hace referencia al derecho a la vida y la protección a la familia y la maternidad principalmente en los artículos 1, 4 y 123.

En la Legislación Federal, el Código Civil sustenta estos derechos en los artículos 6, 22, 23, 337, 1314 y 2357.

En el Código Penal Federal encontramos referencias en los artículos 302, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 336 BIS, 337, 338, 339, 340, 342, 343,

En México existe una jerarquía de normas jurídicas en la que la tutela al derecho a la vida se encuentra por encima al ejercicio de la libertad. Ya que no se concibe el ejercicio de las garantías sin que previamente exista un ser humano vivo que las pueda disfrutar, tal y como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones 13/2002 y 14/2002. Por lo que, de existir algún conflicto entre ambos derechos, prevalece el de la vida.
En la Legislación Federal, encontramos los siguiente ordenamientos:

Ley Federal del trabajo: Artículos 3, 132, 134, 135, 166, 167, 170, 176, 473, 474 y 477.

Ley general de Salud: Artículos 2, 3, 6, 100, 194 BIS, 204, 214, 221, 222, 277. 278, 281, 306, 314, 330, 331, 332, 334, 343, 345, 450 BIS-6, 354, 402, 410, 411, 415, 425, 455 y 469.

Ley del Seguro Social: Artículos 41, 42 y 55.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los trabajadores del Estado: Artículos 55, 34 y 44.

Ley genreal de Población : Artículo 3.

Ley para la protección de los Derechos de las niñas, y niños adolescentes: Artículos 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 43 y 44.

Ley Federal para prevenir y eliminar la descriminación : Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.

En la Legislación del Distrito Federal, encontramos las siguientes argumentaciones:

Código civil para el Distrito Federal

“Artículo 6.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.”

“Artículo 10.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.”

“Artículo 11.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.”

“Artículo 20.- Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.”

“Artículo 21.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público.”

“Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”

“Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

“Artículo 337.- Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Juez del Registro Civil. Faltando algunas de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad.“

“Artículo 1314.- Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.”

“Artículo 2357.- Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337.”

Código Penal para el Distrito Federal

“Artículo 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.”

“Artículo 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón). No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.- La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable.”

“Artículo 4 (Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material). Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal.”

“Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.”

“Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión.”

“Artículo 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.- Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.”

“Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión, el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta.”

“Artículo 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años.”

“Artículo 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.“

“Artículo 144. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.”

“Artículo 145. Al que hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de cinco a ocho años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de ocho a diez años de prisión.”

“Artículo 146. Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.”

“Artículo 147. Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.”

“Artículo 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código; II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.- En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.”

“Artículo 149. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.”

“Artículo 152. Además de las penas previstas en el capítulo anterior, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.”

“Artículo 154. Se impondrán de dos a seis años de prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los que: I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo; II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; y III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos.”

“Artículo 155. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.”

“Artículo 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.- Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.”

“Artículo 163. Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa.”

“Artículo 165. En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, o que fallezca durante el tiempo en que se encuentre privado de su libertad, se impondrán de cincuenta a setenta años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa.”

“Artículo 166. Se impondrán las mismas penas señaladas en el artículo 165, cuando la privación de la libertad se realice en contra de un menor de edad ó de quien por cualquier causa no tenga capacidad de comprender ó resistir la conducta, con el propósito de obtener un lucro por su venta o entrega.”

“Artículo 168. Al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.- Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.- Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren.”

“Artículo 182. Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores resulten hijos, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.”

“Artículo 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.- Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.”

“Artículo 194. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.”

“Artículo 195. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los Artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado.”

“Artículo 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.”

“Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia; II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o IV. Niegue o restrinja derechos laborales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.- No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.- Este delito se perseguirá por querella.”

“Artículo 209. Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa.- Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:

a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y
c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.- Este delito se perseguirá por querella.”

“Artículo 294. Se impondrán de tr
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