ROMA, martes 3 de noviembre de 2009 (ZENIT.org).- La cuestión del rechazo de los inmigrantes en condiciones de irregularidad avistados en el Mediterráneo sigue siendo motivo de controversia y de protestas desde muchos sectores. Palabras de condena ha pronunciado también monseñor Agostino Marchetto, Secretario del Consejo Pontificio de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que intervino el pasado jueves 29 de octubre en Roma, en un encuentro organizado por la Konrad-Adenauer-Stiftung, con el patrocinio de la Pontificia Universidad Gregoriana, en colaboración con el "Centre of European Studies" de Bruselas.

En su introducción, sobre el tema "Mare nostrum, mar de los derechos humanos”, el arzobispo recordó que el derecho a emigrar está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 13§2), "aún sin recurrir a la doctrina social de la Iglesia, que también es explçicita en la materia”.

En este contexto, el prelado mostró su “postura de condena para quien no observa el principio de non refoulement, que está en la base del tratamiento debido a cuantos huyen de una persecución”.

“Me pregunto, si en tiempo de paz no se consigue hacer respetar este principio fundamental del derecho internacional humanitario, ¿cómo se hará para requerir su observancia en tiempo de guerra?”, dijo, subrayando que la pregunta “se puede extender a la cuestión de la protección de los civiles durante los conflictos, que queda así debilitada en su raíz común humanitaria”.

Según el arzobispo, también es “paradójico” el hecho de que muchos países europeos reconozcan como refugiados a “personas que han llegado en su territorio por vía no marítima, pero procedentes de los mismos países de los que llegan los inmigrantes interceptados y rechazados en nuestro mar, en el mar de los derechos”.

“Otro derecho violado en el acto de interceptar y rechazar a los migrantes en las costas africanas del Mediterráneo es el derecho a un proceso justo, que comprende el derecho a defenderse, a ser escuchado, a apelar contra una decisión administrativa, el derecho a obtener una decisión motivada, y el de ser informados sobre los hechos en los que se basa la sentencia, el derecho a una corte independiente e imparcial”, prosiguió el prelado.

Estas interceptaciones, añadió, violan el “Código fronterizo Schengen” (n. 3), en el que se declara que todas las personas a las cuales en les niega el ingreso al territorio tendrán derecho de apelación.

Las personas rechazadas “no tienen posibilidad de ejercer este derecho de apelación, no son informadas de dónde y cómo ejercer este derecho, y aún más, no existe para ellos ni siquiera un acto administrativo que les prohíba proseguir su viaje desesperado para alcanzar aguas internacionales y que disponga el retorno al lugar de partida o a otro destino en la costa africana”.

Otros derechos violados son también el de la “integridad física, a la dignidad humana e incluso a la vida”.

No todos los que parten desde las costas africanas y confían su destino al Mediterráneo, de hecho, “llegan a la soñada Europa”.

“Se han encontrado a miles sin vida o se les ha declarado perdidos en aguas, digamos así, españolas, italianas, maltesas, tunecinas y libias. Esto sin contar a aquellos que han naufragado, junto a su 'barquito de la esperanza', en el Mediterráneo o en el Atlántico sin dejar rastro”.

Los rechazos y otras medidas restrictivas hacia los inmigrantes, recordó monseñor Marchetto, se deben también a “un casi pánico por una presunta 'invasión' de inmigrantes, al sentirse puestos en estado de inseguridad muchos ciudadanos autóctonos”.

Muchos habitantes de los países desarrollados llegan a considerar en riesgo sus identidades nacionales, y temen que el gasto público a favor de los inmigrantes vaya en detrimento suyo. Los ataques terroristas de la última década, además, “han hecho aumentar las preocupaciones por la seguridad nacional y puesto en evidencia las fronteras”.

“El este contexto, las migraciones irregulares son ya percibidas como fenómeno que es signo de su porosidad, por lo que, en consecuencia, se ha hecho sentir la necesidad de una mayor vigilancia”.

“La migración se asocia por tanto fuertemente al terrorismo, considerado casi como la otra cara de la medalla de la presencia de quienes vienen sin documentos”.

Contra este prejuicio, subrayó el prelado, es necesario movilizarse de un modo decidido, también porque los inmigrantes son devueltos a países como Libia, donde “existen centros de detención y de repatriación donde las condiciones varían entre aceptables e inhumanas y degradantes”. El Estado libio, además, no ha adherido la Convención de Ginebra de 1951, ni el correspondiente Protocolo de 1967, y no reconoce al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En la base de la postura vaticana, concluyó monseñor Marchetto, "está la dignidad de la persona humana”. Esto de hecho “forma parte de la perenne tradición de la Iglesia, junto a la defensa de los derechos de todo hombre y mujer, joven o viejo, también en el caso de los migrantes irregulares y de los demandantes de asilo que navegan por el Mare nostrum".

[Por Roberta Sciamplicotti, traducción de Inma Álvarez]