No fue hasta el siglo XVII, después de la pseudo-reforma protestante, que se estableció un canon universal para la Iglesia entera.

Del siglo V al siglo X, los obispos fueron desempeñando un papel mucho más directo en la supervisión de los cultos emergentes. Antes de agregar un nuevo nombre al calendario local, los obispos insistían en que los solicitantes presentaran informes escritos (las llamadas vitae) sobre vida, virtudes y muerte del candidato, así como informaciones sobre sus milagros y, en su caso, acerca de su martirio. Los prelados más exigentes pedían además testimonios presenciales, sobre todo tratándose de milagros. Hay que anotar, sin embargo, que esos procedimientos rudimentarios servían más para asegurarse de la reputación de santidad del candidato que para examinar su dignidad o virtud personal.

Una vez obtenida la aprobación del obispo o del sínodo regional, el cuerpo era exhumado y trasladado a un altar, acto que venía a simbolizar la canonización oficial. Por último, se le asignaba al nuevo santo un día para la celebración litúrgica de su fiesta y se inscribía su nombre en el santoral local. De esa manera informal la canonización se convirtió gradualmente en una función eclesiástica.

Poco a poco, sin embargo, los obispos iban cayendo en la cuenta de que había serias razones para escudriñar con mayor cuidado las vidas de los candidatos antes de otorgarles el beneplácito episcopal.

¿Cómo podía la Iglesia venerar a unos santos cuyo martirio no era auténtico o que renegaban de la fe ortodoxa? Y, en cuanto a los milagros, ¿quién podía saber si no fueron realizados con la ayuda del diablo? Era evidente que hacía falta alguna forma de "control de calidad".

Hacia finales del siglo X, había una creciente tendencia a encargar los honores de la canonización a los papas, en virtud de su autoridad suprema. De esta manera, al agregar al culto una especie de sello oficial, se esperaba una mayor probabilidad de que el santo fuese reconocido más allá de la comunidad local. Habrían de pasar, sin embargo, siete siglos más hasta que el entero proceso de canonización quedara firmemente sometido al control papal. Para que ellos sucediera, debían realizarse previamente dos condiciones históricas: un extraordinario refinamiento de los procedimientos de canonización y, por otra parte, la consolidación de la autoridad que el papa ejercía sobre la Iglesia.

Ninguna de las dos se cumplió instantáneamente ni sin conflictos. Como era de esperar, la extensión del control papal sobre el proceso de canonización, aun siendo gradual, no fue siempre recibida con entusiasmo en todas partes. En primer lugar, muchos santos habían muerto hacía largo tiempo y eran objeto de vigorosos cultos locales. ¿Cómo podía el Papa, después de tantos años, negarles validez? ¿Y cómo podían él o sus legados llevar a cabo una investigación retrospectiva sobre la vida de un santo para decidir si realmente merecía la veneración del pueblo?

A pesar de los resquemores, en el transcurso de las décadas, la intervención papal en la canonización fue haciéndose más pronunciada. Con cada vez mayor frecuencia, los papas exigían pruebas de los milagros y virtudes en forma de declaraciones de testigos fiables.

A partir de entonces, el proceso de canonización se volvió cada vez más meticuloso. El reglamento exigía esencialmente la creación de tribunales locales con delegados papales que escuchaban las declaraciones de los testigos que estaban allí para confirmar las virtudes y los milagros del candidato. Estos últimos eran sometidos a un escrutinio particularmente severo.

Aún así, no fue hasta el siglo XIV, con el traslado de la corte papal a Aviñón, que los papas lograron instituir unos métodos bien reglamentados para investigar las vidas de los nuevos candidatos a la santidad.

Gracias a las reformas canónicas que tuvieron lugar entonces, los procedimientos de canonización adquirieron la forma explícita de un proceso legal en toda regla entre los solicitantes, a los que presentaba un procurador oficial o defensor de la causa, y el papa, representado por una nueva especie de funcionario de la curia, el "promotor de la fe", más conocido popularmente como "abogado del diablo". Además, la Santa Sede exigía, antes de tomar en consideración una causa, que el proceso a favor del candidato fuese solicitado mediante cartas de "reyes, príncipes y otras personas prominentes y honradas" (lo cual incluía, obviamente, a los obispos). En otras palabras, la vox populi no bastaba para comprobar la reputación de santidad si no recibía el apoyo de las jerarquías eclesiásticas. Los procesos se prolongaban a menudo durante meses y se celebraban localmente.
A pesar de esas medidas, el período comprendido entre 1200 y 1500 asistió a la más amplia difusión del culto de los santos en toda la historia de la Iglesia occidental. Cada ciudad y cada pueblo veneraba a su propio santo patrono, y el ascenso de las órdenes mendicantes agregaba nuevos nombres a las listas. A partir de entonces el papado introdujo una nueva distinción: de entonces en adelante, tenían derecho a ser llamados sancti (santos) solamente aquellos que hubieran sido canonizados por el papa, mientras que los que eran venerados sólo localmente o por determinadas órdenes religiosas recibían el nombre de beati (beatos). Se toleraban así los cultos locales y se reservaba, sin embargo, el reconocimiento oficial a aquellos siervos de Dios cuyas vidas y virtudes ofrecían los mejores ejemplos a la cristiandad entera. Por eso la canonización papal apuntaba a presentar a los creyentes unas vidas dignas de ser imitadas, y no a unos santos que solamente fuesen invocados para pedir milagros y otros favores.

Pero no fue hasta el pontificado de Urbano VIII (1623-1644) que el papado obtuvo por fin el control completo de la canonización de los santos. En una serie de decretos papales, Urbano definió los procedimientos canónicos por los que habían de regirse las beatificaciones y las canonizaciones. Una de esas decisiones merece especial atención. El papa prohibió estrictamente cualquier forma de veneración pública – incluida la publicación de libros de milagros o revelaciones, atribuidos a un supuesto santo – hasta que la persona en cuestión no hubiera sido beatificada o canonizada por solemne declaración papal.

En los siglos siguientes, los refinamientos del proceso de canonización se debieron mayormente a influencias exteriores. La evolución de la historia como ciencia crítica, por ejemplo, afectó gradualmente la manera en que la Congregación manejaba los textos, aunque tuvo un efecto menos visible sobre la redacción de las vitae. Y, lo que es más importante, la evolución de la medicina científica, redujo en grado considerable el número y la variedad de favores divinos aceptables como milagros sin lugar a dudas. Pero la "ciencia" decisiva sigue siendo el derecho canónico con sus exigencias. La prueba fundamental la seguían constituyendo los testimonios presenciales; el objetivo principal era comprobar el martirio o las virtudes heroicas. Incluso el término técnico usado por la Iglesia, processus o proceso, tiene claras connotaciones jurídicas.

El proceso moderno de canonización

En 1917, el reglamento formal para la canonización fue incorporado al Código de Derecho Canónico. Para quienes no eran estudiosos del derecho canónico o no leían latín, todo el proceso fue expuesto pormenorizadamente por un clérigo católico británico, Canon Macken, en un libro publicado en 1910.

El procedimiento había adquirido, a lo largo de cuatro siglos de refinamiento, una cierta reputación hagiográfica propia por la precisión jurídica que mostraba en el descubrimiento y la verificación de los santos auténticos.

En los procesos de canonización, todo se reduce a ciencia exacta. Los procedimientos legales de las naciones civilizadas se basan en gran medida en los métodos establecidos de la Iglesia. Pero en ninguna otra parte hallamos la misma severa regularidad y estricta disciplina que se practica en esos exámenes. En todas las fases se observa un máximo de diligencia y precisión y, mirando el asunto desde un punto de vista puramente humano, es preciso admitir que, si existe alguna institución, algún método de investigación conocido que sea capaz de alcanzar el pleno conocimiento de la verdad, entonces el procedimiento sereno y reflexivo de la Iglesia es el que con mayor derecho puede aspirar a tal distinción. El gran objetivo de todas las investigaciones, desde el principio hasta el fin, es excluir toda posibilidad de error o engaño y asegurar que la verdad reluzca en todo su esplendor. Durante el antiguo régimen canónico, al igual que en el curso del nuevo, el sistema apuntaba a hallar respuestas a los siguientes interrogantes generales:

¿Goza el candidato de la reputación de haber muerto como mártir o de haber practicado las virtudes cristianas en grado heroico?

Como prueba de tal reputación, ¿invoca la gente la intercesión del candidato ante Dios al rezar por favores divinos?

¿Qué mensaje o ejemplo particular aportaría a la Iglesia la canonización del candidato?

¿Está la reputación de martirio o de virtudes extraordinarias del candidata basada en hechos?

Por el contrario, ¿hay algo en la vida o en los escritos del candidato que presente un obstáculo para su canonización? Específicamente, ¿ha escrito, enseñado o defendido opiniones heterodoxas o contrarias a la fe o a la moral católicas?

¿Hay entre los signos divinos atribuidos a la intercesión del candidato algunos que sean inexplicables para la razón humana y que constituyan, por tanto, potenciales milagros?

¿Hay alguna razón pastoral por la que el candidato no debiera ser beatificado en este momento?

¿Después de la beatificación del candidato, se han producido gracias a su intercesión otros milagros que pudieran ser interpretados como señales divinas de que el beato es digno de canonización?

¿Hay alguna razón pastoral por la que el beato no debiera ser canonizado, o no en el momento presente?

El proceso de canonización sufrió un nuevo cambio en la década de 1980. Algunas formalidades jurídicas continuaron siendo las mismas, pero la dinámica subyacente sufrió un cambio de orientación.