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Economía Ética y Doctrina Social de la Iglesia | categoría
Ética, Iglesia y Desarrollo Social | tema
Autor: Pedro Miguel López Pérez | Fuente: www.arbil.org
El subsidio agrario y la reforma laboral
Hace escasos meses el director de éste curso, profesor José Manuel Cansino (9), se quejaba de que ningún debate sobre la protección del Estado sea sereno y riguroso; afirmando que "en el caso del subsidio agrario la falta de rigurosidad está alcanzando, e
 
El subsidio agrario y la reforma laboral
El subsidio agrario y la reforma laboral


Hace escasos meses el director de éste curso, profesor José Manuel Cansino (9), se quejaba de que ningún debate sobre la protección del Estado sea sereno y riguroso; afirmando que "en el caso del subsidio agrario la falta de rigurosidad está alcanzando, en algunos casos, niveles que deben ruborizar a más de uno a juzgar por la falta de respeto que supone ofrecer a los ciudadanos razonamientos falaces".

Se refería el profesor Cansino a la confusión existente entre el PER y el subsidio agrario. Entonces, días antes de la huelga general del 20-J, igual que hoy se habla de la reforma del PER cuando lo que se pretende reformar desde el gobierno es el subsidio agrario. Este último es una prestación asistencial del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, mientras que el PER (Plan de Empleo Rural), que en 1996 cambió su denominación por la de AEPSA (Acuerdo Económico para la Protección Social Agraria), es un programa de inversiones.

Naturalmente que entre el PER y el subsidio agrario existe una ligazón, pero ambas actuaciones públicas son de naturaleza diferente.

El subsidio agrario es una prestación no contributiva a la que pueden tener acceso los trabajadores eventuales agrarios con residencia en algún municipio de Extremadura o Andalucía. Su regulación comenzó en 1983 y su aplicación en 1984. La limitación geográfica de esta cobertura, como bien recuerda el profesor Cansino, no fue, ni entonces ni ahora, pacífica. La recurrente invocación a la " solidaridad interterritorial" - argumento tradicional de quien es beneficiario neto de la misma - no fue entendida así por aquellas regiones que presentaron una cuestión de inconstitucionalidad sobre este subsidio, que finalmente fue desestimada por el Tribunal Constitucional en 1989.

Por su parte, el antiguo PER consiste en unos fondos que con carácter anual aprueba el INEM y que gestionan los ayuntamientos andaluces y extremeños, los cuales han de destinarlos obligatoriamente a la realización de obras de infraestructura.

El vínculo entre el subsidio agrario y el PER aparece de la mano de uno de los requisitos legales para acceder al cobro del subsidio: la justificación, por parte del beneficiario, de haber trabajado al menos 35 peonadas en el año anterior al cobro de la prestación. Cuando un trabajador agrario no puede alcanzar ese número de jornadas puede buscar empleo en las obras financiadas con fondos del PER. Para ello deberá dirigirse a su Ayuntamiento correspondiendo a la autoridad municipal sobre su contratación. Las jornadas trabajadas "en el PER" más las trabajadas "en el campo" permitirán al trabajador acceder al subsidio agrario.

Ahondando en lo que acabamos de exponer, el profesor Mora Aliseda (10) se refiere a Extremadura y Andalucía como las comunidades acogidas al PER, "es decir que los jornaleros o trabajadores agrarios sin tierras tienen que justificar un número mínimo de peonadas (35 anuales) para poder percibir un subsidio de vida durante las largas temporadas en las que el campo no da ocupación alguna" , puesto que las faenas suelen concentrarse en determinados períodos (siembra, poda y recolección). Por ello, según Mora Aliseda, no debería hablarse de paro sino de " subempleo agrario " con precariedad laboral y fuerte estacionalidad.

No es necesario recordar que el subsidio agrario es inferior al salario mínimo interprofesional, porque no llega a cubrir dignamente las necesidades más esenciales (comida, vestido y vivienda) y menos aún si el perceptor tiene familia a cargo. El PER o AEPSA es producto de una política discriminatoria hacia Extremadura y Andalucía, pues en realidad lo que se hizo durante los años ochenta fue una " reconversión agraria " a la baja; cuando en el resto de España se hacía una reconversión industrial, a través de las Zonas de Urgente Reindustrialización , donde a los mineros, los trabajadores de la siderurgia y la metalurgia de Asturias, Vascongadas, Cataluña y Valencia, se les jubiló anticipadamente con pensiones que igualaban o superaban su salario de partida, ya de por sí elevado en relación con los de la agricultura.

En cuanto al fraude en el cobro del subsidio agrario, se trata de algo que parece innegable. Ha existido fraude para cobrar las peonadas, tanto por parte de los jornaleros como de los empresarios, pero es que el PER hasta hace dos años, prácticamente obligaba a ello, puesto que no permitía que los obreros trabajasen fuera de su núcleo de residencia y que tampoco superasen las peonadas establecidas, porque entonces perdía el derecho al cobro. Así mismo, no todas las áreas de secano (por ejemplo en Extremadura, la Campiña sur o la Sierra de Gata) tienen oferta de trabajo como para superar las peonadas mínimas. Ante esta tesitura, y considerando las deficientes rentas anuales, los jornaleros no tenían más remedio que hacer cuanto podían para sobrevivir y mantener a sus familias. Contando, algunas veces con la connivencia de los alcaldes que en ocasiones eran sensibles a esta delicada realidad. Aunque en otras, los alcaldes, convertidos gracias al PER en grandes empleadores, utilizaban dicho plan como generador de clientelas electorales. Esto es lo que se dio en llamar " voto cautivo ".

Por todo ello, más que de fraude, que sin duda ha existido y que debe perseguirse, hablaríamos de complementos para la subsistencia, ya que en la práctica el subsidio agrario funciona como un programa público de lucha contra la pobreza, en lugar de cómo un programa de sustitución de rentas (naturaleza de todos los programas de cobertura por desempleo).

La habilitación normativa realizada por Pimentel, cuando estuvo al frente del Ministerio de Trabajo, (R.D. 73/2000) recogió con acierto el problema y excluyó las rentas del trabajo agrario eventual y por cuenta ajena del cómputo por el que se establece el límite máximo de rentas que se pueden tener sin dejar de recibir el subsidio. Además de que el trabajador, a partir de ese momento, podía salir fuera de su municipio a buscar trabajo sin que ello le perjudicara para asegurar su sustento y amortiguar así el declive del mundo rural.

Muy probablemente una buena parte de la sociedad, aunque me atrevería a afirmar que se trata de quienes desconocen la realidad del mundo rural, entiende injusto que familias enteras obtengan notables ingresos del cobro del subsidio agrario. Pero no nos engañemos, porque, en primer lugar, también se percibe como injusto el bajo nivel de renta del medio rural en mitad de una sociedad opulenta, y en segundo término, porque el importe total del PER supone una cantidad ínfima comparada con las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), acaparadas mayoritariamente por los latifundistas, o con los Incentivos Regionales que reciben las empresas, y que alcanzan hasta el 70 por ciento de la inversión realizada.

Mucha gente, ya digo que desconocedoras de la realidad rural agraria, y especialmente de otras regiones que no se encuentran con semejante problema, ha llegado a considerar a los jornaleros que sobreviven con el subsidio como vagos. No seré yo quien entre en esa discusión; seguro que hay vagos entre los obreros agrícolas, pero no más que los que se dan en otros sectores de actividad.

El problema de fondo, como bien señalaba el profesor Mora Aliseda, reside en que "durante años se ha utilizado esta masa obrera con fines espurios" (11), como sumisión a las élites, como voto cautivo o como punto de crítica hacia unas regiones (Andalucía y Extremadura) que no progresan al ritmo adecuado. Sea como fuere, parece claro que no se ha hecho lo necesario por sacar a este grupo humano de la humillación y el olvido, pues sin formación y cualificación no tienen " nicho laboral " en una sociedad cada vez más terciarizada.

Si se suprime el PER, o AEPSA para ser más correctos, habrá que establecer nuevos mecanismos para la supervivencia de un colectivo con unas peculiaridades específicas (históricas, geográficas y laborales) que de otro modo estaría condenado a la indigencia.


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