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Bioderecho | categoría
Aborto | tema
Autor: . | Fuente: Acción Nacional
Iniciativa de ley en defensa de la maternidad
Hacer las previsiones normativas necesarias para que, en el ámbito territorial del Distrito Federal, exista una red solidaria de ayuda a las embarazadas, a fin de ofrecerles soluciones alternativas a sus problemas, compatibles con la continuación de la ge
 
Iniciativa de ley en defensa de la maternidad
Iniciativa de ley en defensa de la maternidad
27 de Marzo, 2007.
Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de protección a la maternidad en México DF

Los diputados que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V incisos g), i), k), y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones XI y XIII, XV y XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17 fracción IV, 88 fracción I, y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos presentar la siguiente Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de protección a la maternidad del Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de esta IV Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentaron 2 iniciativas de ley para reformar diversos ordenamientos legales con la finalidad de despenalizar la práctica del aborto hasta las 12 ó 14 semanas de gestación, argumentando una afectación al proyecto de vida de la mujer que tiene un embarazo no deseado.

Este debate se ha tratado y discutido en los medios de comunicación exclusivamente por legisladores hombres, con excepción de la Diputada Paula Soto, quien ha argumentado la postura del PAN.

Hoy las mujeres legisladoras, como parte toral de la discusión, tomamos voz y voto. Tomamos voz y voto porque la naturaleza nos dio un encargo único; tomamos voz y voto porque representamos lo que vive y enfrenta cada mujer embarazada; también tomamos voz y voto por los derechos de las niñas abortadas, que son exactamente la mitad de los abortos inducidos.

Mi reciente experiencia como mamá, me motiva ha participar y promover una nueva perspectiva de política pública en torno al embarazo. Sin fundamentalismos, sin falsos debates sobre el progresismo y el oscurantismo. Es momento de escuchar a las mujeres para que digamos lo que sí queremos como mujeres. Honestamente poner hoy el tema del aborto en el centro de nuestra discusión parlamentaria sin propuestas serias, sin el uso responsable de la información científica y estadística, sin alternativas, es una irresponsabilidad que pone en riesgo nuevos acuerdos sobre los problemas urbanos que son prioridad para los habitantes de la Ciudad de México.

Compartimos la grave preocupación que tienen nuestros compañeros legisladores relativa a la mortandad de mujeres en el Distrito Federal por la práctica de abortos clandestinos, pero consideramos que es un falso dilema señalar: que el aborto debe ser legalizado por el número de mujeres que mueren cuando se les practica clandestinamente uno; es reduccionista proponer un silogismo tan pobre. Obliguémonos como legisladores a ser más imaginativos para construir política pública, demos una lección a México, aún más cuando la vida humana está de por medio; replantemos la discusión de esta controvertida propuesta partiendo de una premisa qué sí es consenso: La despenalización del aborto no ha sido planteada por ningún actor político como un fin en sí mismo, se ha propuesto como un medio para, supuestamente, mejorar la condición de vida de las mujeres.

Nadie quiere el aborto, ni legal, ni clandestino. Ningún actor responsable de la política actual puede plantear a la sociedad una propuesta en la que se considere al aborto como un fin bueno en sí mismo; los que lo defienden, lo presentan como un beneficio que en un momento dado, una mujer podría obtener de practicarlo legalmente cuando un embarazo se presente sin planeación previa o vaya en contra de su proyecto de vida. De tal forma, que hemos considerado, en estricto sentido de equidad y responsabilidad y en concordancia con los Principios que siempre hemos defendido como Partido, sumarnos a este debate con la consideración de que el aborto no es ni el único, ni el mejor medio para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres ni mucho menos la única opción posible para enfrentar un embarazo no esperado, estoy segura que las partes que debaten a su favor compartirán, después de una deliberación objetiva no ideologizada, la posición argumentativa de que dentro de las opciones existentes, es la menos deseable.

Por eso venimos aquí, con opciones. Para que no se diga que no nos importan las mujeres. Para que no se nos tilde de machistas o misóginos.

Para plantear con responsabilidad una propuesta que verdaderamente ofrezca alternativas, respetando el derecho a la procreación como un proceso vital del ser humano-mujer y a la maternidad plena como una forma de realización personal esencial, que si bien no es la única, es por la que optan millones de mujeres hoy en el Distrito Federal.

Es cierto que en nuestra sociedad existen ciertas prácticas e incentivos para que una mujer considere como algo negativo un embarazo. En algunos casos la complicada compatibilidad para ejercer la maternidad y la realización laboral en un momento dado, en otros, por la no prevención de embarazos durante diversas etapas y situaciones que cotidianamente vive la mujer.

En ambos casos, es nuestro deber eliminar barreras a la maternidad plena, cambiar la visión negativa que hemos construido sobre la procreación y la paternidad, y ofrecer condiciones sociales amables a este proceso natural, con respeto a la vida de quien no se puede defender. En el caso de embarazos inesperados o no deseados, independientemente de sus causas o situaciones específicas, será necesario que el Estado informe plenamente las opciones disponibles para llevar a término el proceso con plenas garantías de salud, según sus propias convicciones y con pleno respeto al derecho del no nacido.

Es deber del Estado compatibilizar de manera eficaz la preeminencia del derecho a nacer del nuevo ser y la decisión de la progenitora de no ejercer la maternidad, con opciones seguras y efectivas para dar en adopción al bebé.

Cualquier intento de despenalización del aborto en esta Asamblea con los argumentos planteados en diversas iniciativas, tendrá una consecuencia práctica: La determinación de su inconstitucionalidad.

Ahí están los Tratados Internacionales signados por nuestro país. Ahí está también el argumento constitucional a favor de la vida del no nacido. Ahí están las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la legislación federal y local, civil y penal, que prohíben el aborto y reconocen los derechos del no nacido. Si el objetivo, si el fin no es el aborto en sí mismo, busquemos como dignos representantes del interés ciudadano promover mecanismos sustentados en Principios Constitucionales que sean viables para lograr el verdadero objetivo:

La realización de la maternidad y el apoyo a la mujer para compatibilizar el embarazo con su proyecto de vida, independientemente de si este es o no deseado.

Si no lo hacemos, caemos en una necedad, en un argumento político, en una lucha frontal entre ideologías, en una complacencia a los radicalismos irracionales que en nada resuelven los problemas cotidianos de millones de mujeres.

Demos cauce pues al interés superior, poniendo por encima de los medios, los fines y adecuando buenos medios para lograr los mejores fines en una lógica clara de consecución de objetivos con medios que respetan principios éticos y legales, según nuestros ordenamientos jurídicos.

Las mujeres reclamamos opciones reales, viables y seguras para enfrentar nuestra condición de progenitoras y madres frente a los retos que hoy vivimos como actores fundamentales de todos los procesos de vida en el Distrito Federal con el reciente empoderamiento como jefas de familia y actores de los procesos políticos, económicos, comunicacionales y sociales.

Esta iniciativa, plantea una obligación gubernamental de protección a la maternidad, desde diversos puntos de vista: Defensa legal, protección efectiva con una Red de Protección a mujeres embarazadas desde las instituciones públicas especializadas en la atención a la mujer con asesoría legal especializada y litigante contra la discriminación en el trabajo, asistencia médica gratuita en la red de salud pública o privada, opciones preferenciales a programas sociales de vivienda y en el transporte público, incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres embarazadas, opciones para las mujeres adolescentes que se encuentran estudiando, asesoría y redes para ejercer el derecho a dar en adopción a un bebé.

Resaltamos la necesidad de que el gobierno del Distrito Federal incluya de manera universal a las futuras madres como sujetos de derecho a recibir un apoyo económico directo y suficiente para solventar los gastos que implica la maternidad en todas sus etapas: La gestación, el parto y el cuidado de los hijos hasta los 9 años.

La oferta del Gobierno del Distrito Federal enfocada a madres solteras es un esfuerzo valiosísimo, pero insuficiente. Este año se aprobó un presupuesto de 127 millones para garantizar que 16, 666 niños y niñas de madres solteras pobres reciban mes con mes una beca de 636 pesos mensuales. Un buen esfuerzo sin duda alguna, pero absolutamente insuficiente.

Según datos del Gobierno existen casi 3.5 millones de madres en el Distrito Federal que todos los días enfrentan la problemática de adecuar sus actividades laborales e incrementar el ingreso familiar, con el cuidado de sus hijos. Asimismo, se considera que la mitad de madres son solas por diferentes razones, casi 1.7 millones de mujeres en el Distrito Federal son madres solteras. Solo el 0.009% de las mujeres solas están recibiendo un apoyo del Gobierno. Por eso necesitamos replantearnos nuestra visión de la maternidad y dar incentivos a quienes quieren ser madres, y a quienes no, darles opciones reales para evitar la muerte de inocentes y consecuencias negativas en su salud futura por un aborto provocado.

Las madres del siglo XXI viven día a día el drama de mantener a sus hijos y educarlos con una escasa oferta de apoyo por parte del Gobierno. Esto sin contar a cientos de miles de mujeres que están esperando un hijo actualmente y se enfrentan a altos costos de atención al embarazo y parto, ni qué decir de los partos múltiples o de niños con necesidades de atención especial o de mujeres con VIH Sida.

No podemos seguir promoviendo como legisladores que la maternidad, un proceso esencial, no necesario, pero sí inherente al ser mujer, se siga percibiendo como un aspecto negativo que interrumpe o afecta el proyecto de vida de la mujer. La procreación, la maternidad y la paternidad son aspectos inherentes al ser humano, son aspiraciones legítimas de toda familia y todo ser humano y debe velarse por todos los medios al alcance del poder público para que éste se desarrolle en plenitud.
Sabemos bien que existen muchos embarazos no deseados por diversas y respetables razones.

Sabemos bien que hace falta una verdadera promoción del ejercicio pleno de la sexualidad informada y responsable y que son las mujeres adolescentes quienes viven esta situación con mayor intensidad. Es necesario que el Gobierno instrumente una red de apoyo específico para las mujeres en condición de embarazo no deseado en donde se explique y exponga de manera objetiva y con el respeto a las creencias y convicciones personales, las diferentes opciones existentes, en específico dar en adopción al bebé. Nadie en su sano juicio puede pretender que el aborto sea el único medio, la única salida para enfrentar un embarazo no planeado.

Mas allá de cualquier fundamentalismo o concepción teológica y moralista, en esta iniciativa motivamos y obligamos al Gobierno a promover activamente la difusión de opciones para que cada quien, en estricto ejercicio de su propia Libertad, decida lo que quiere hacer frente a una situación no prevista o no deseada, dando preferencia a mecanismos no abortivos, es más, promoviendo activamente la continuación del embarazo hasta el final, y que protegen el derecho del nonato, sobre mecanismos que a la larga se ha comprobado pueden generar diversos problemas de salud, como la incidencia de cáncer de mama, la infertilidad futura o trastornos psicológicos.

Nuestra sociedad necesita ser amable y comprensiva con la maternidad en todas sus formas por medio de acciones positivas para protegerla. La visión negativa que se pretende instaurar en el ordenamiento jurídico del Distrito Federal, relativa a la procreación y la maternidad como un obstáculo para la realización de la mujer, tendrá que ser reconsiderada y replanteada. Así lo está exigiendo la mayoría de los ciudadanos.

Esta es la propuesta de Acción Nacional, estamos seguros que lo planteado dotará al debate actual de nuevas dimensiones y formas de abordar las disyuntivas que nos conflictúan. El aborto no es un fin, el fin es la mujer y su realización plena en todos los ámbitos.

Los argumentos que planteamos en esta iniciativa se dividen en diversos aspectos. Primero una fundamentación desde la visión del PAN. Porque no podemos olvidar nuestros puntos de partida y como un ejercicio claro para actualizar en realidades concretas los motivos que nos hacen ser panistas y que nos mueven para legislar con principios claros. Como segunda argumentación, exponemos una visión de los derechos humanos desde el punto de vista filosófico, con la ayuda del Doctor en la materia, Rodrigo Guerra quien amablemente ha colaborado con sus ideas para la redacción de esta iniciativa.

A continuación, exponemos argumentos jurídicos en materia de tratados internacionales signados por nuestro país, interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, así como argumentos Constitucionales y legales a nivel federal y local para promover mecanismos que protejan la vida y generen acciones positivas del Gobierno a favor de la mujer que vive la etapa de maternidad. Posteriormente exponemos un breve pero sólido conjunto de argumentos a favor de la equidad, aspectos económicos y médicos que inciden en la visión que tenemos para sustentar que el Gobierno, deberá poveer de los mejores medios a la mujeres para que tomen las mejores decisiones, respetando también la vida de miles de niños que no han nacido.

Exposición de Motivos

1. Nuestra posición como Partido Político


Desde su origen el Partido Acción Nacional ha reconocido como el fundamento de su acción y el fin de sus esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la Persona Humana, hombre y mujer en igualdad de circunstancias.

El reconocimiento teórico y práctico de la superioridad de la Persona Humana implica que es el centro y razón de ser, es decir, el sujeto, principio y fin de la vida social y política. No concebimos proyecto político, ni política administrativa, ni legislación que tenga razón de ser, si no concibe a la Persona con una dignidad intrínseca.

La política no es un valor autónomo y supremo, sino que se inscribe y tiene su razón de ser en el reconocimiento de la integralidad de la naturaleza humana y la excelencia de su dignidad con respecto a toda otra realidad. Todo está ordenado a la persona para su realización y perfeccionamiento.

La persona es un todo que integra en un solo ser una pluralidad de dimensiones, que a la vez que lo constituyen son una tarea a realizar, ya que tiene una vocación temporal y eterna.

La dignidad de la persona es constitutiva de su propio ser, lo cual quiere decir que por el simple y trascendental hecho de existir, cada ser humano debe ser reconocido y respetado por sí mismo, independientemente de su condición o de su actuar. Con sus acciones, la persona puede lograr una mayor realización o un detrimento de sus fines existenciales.

Afirmamos que esta dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición de hombre o mujer; su edad, e incluso, y hoy de manera especial, al recién concebido en el seno de su madre o en cualquier otro medio y forma, del minusválido, enfermo o desahuciado; que sea rico o pobre; sabio o ignorante; su raza, cultura, religión o creencia. Por ello, la razón de ser de todo grupo social, desde la familia hasta la comunidad internacional, está en el servicio a la persona.

La libertad es una característica propia de la persona. Afirmarla y expandirla es una de las aspiraciones más profundas del ser humano; el cual se perfecciona a sí mismo a través del compromiso y de una acción solidaria que opta por la libertad de los demás y no por la simple posibilidad de elección.

Toda ideología, sistema o práctica social que despersonalice al ser humano pretendiendo convertirlo en simple objeto, es negarle su carácter de sujeto libre y responsable, es contraria a la dignidad de la persona humana.

Se atenta contra la dignidad de la persona humana al sostener, que los derechos humanos y su propia dignidad son objeto de negociación o que están al vaivén de la opinión pública.

Nadie tiene derecho a desarrollar su vida en detrimento de la de los demás. Nada justifica que un grupo promueva su desarrollo y calidad de vida a costa de la exclusión de otros, en especial aquellos que no pueden defenderse.

Por su carácter de persona el ser humano es sujeto de derechos y obligaciones fundamentales. El respeto a estos derechos y el cumplimiento de estas obligaciones son no sólo el cimiento de toda convivencia democrática, sino la base de toda sociedad justa y de la paz.

El rostro de la persona manifiesta una dignidad única, insustituible e imborrable como su propio nombre, que permanecerá como un reclamo de justicia ante la conciencia de los demás.

Justicia y conciencia que dan sentido, talante y dimensión moral a la convivencia social y al quehacer político, y que son el origen y fundamento de todo derecho a cuyo servicio debe estar el Estado y la sociedad.

No puede excluirse a nadie de los beneficios del bien común argumentando pertenencia a Nación, religión, sexo, raza, convicción política o posición social. Nadie, ni los aún no nacidos ni las siguientes generaciones deberán ser excluidos de tales bienes. Esta generación debe cuidar responsablemente los bienes y recursos necesarios para las generaciones por venir.

El vivir del ser humano, es necesariamente un convivir, no sólo en el orden físico y biológico, sino sobre todo en el cultural y espiritual. Los seres humanos somos una especie frágil, contingente y físicamente perecedera. No todo lo que se puede se debe hacer, existen criterios de factibilidad técnica que deben completarse con criterios de exigibilidad ética.

La protección del ser y la vida son condiciones necesarias y mínimas para la realización del Bien Común.

La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

Por otro lado, Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y los hombres, y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político.

La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y la sociedad. Debemos redistribuir equitativa y solidariamente entre hombres y mujeres la responsabilidad familiar.

Por estas razones de Principio y visión como Partido, es que presentamos el día de hoy una iniciativa de Ley que busca promover un estado activo y proactivo en la defensa de la vida, que tenga facultad expresa de ejecutar mecanismos específicos y especiales para la protección de las mujeres embarazadas y las madres en todas sus circunstancias.


2. Argumentación filosófica.

El derecho a la vida, la Libertad y el derecho de toda persona, hombre o mujer, a decidir su proyecto de vida y realizar su vocación, parecieran ser aspectos que se contraponen, la discusión maniquea relativa a Libertad personal vs. Derecho a la Vida, pasa por la importante discusión esencial relativa a los derechos humanos y su fundamentación filosófica.

Cuando los iusfilósofos más connotados del mundo, como Norberto Bobbio, afirman que toda búsqueda de fundamento es infundamentable, y que los derechos humanos están tanto más fundados cuanto más adeptos tienen, no cabiendo, por ende, otro asidero para su defensa que el mero consenso, creemos que se equivoca.

La acción humana muestra en su dinámica natural la necesidad de reconocer los derechos humanos, de positivizarlos y de crear instituciones que los promuevan y protejan de una manera eficaz.

Los derechos de la persona y el derecho en general brotan desde esta perspectiva, no de la fuerza del poder, no de una racionalidad abstracta, sino de la vida humana y de sus exigencias más elementales al buscar mantenerse precisamente como humana.

Frente a la persona existen deberes absolutos que cumplir, y que poseen un correlato objetivo.
Cuando dos seres humanos se encuentran, el reconocimiento de su condición de personas se constituye como un deber, lo cual configura una relación de justicia, es decir, una relación jurídica. Fijémonos que no es sólo una relación moral —que posee su importancia para la perfección de los sujetos involucrados—, sino que, con independencia de si esta acción de reconocimiento y eventualmente de trato digno es realizada con las características que se requieren para que auténticamente resulte perfectiva, es una relación que entraña un deber exigible de suyo. Así, la dimensión objetiva del derecho nos parece innegable. Los derechos de la persona son obligaciones objetivas. La obligación, por ejemplo, de respetar la condición de persona de un niño, de una mujer, de un anciano, ¡de cualquier ser humano!, no es sólo de orden moral, sino que aun cuando la actitud de respeto y sus gestos consiguientes no se realicen cuidando de todas las condiciones que requiere un acto para ser virtuoso posee una obligatoriedad extrínseca objetiva propia de lo jurídico.

El derecho positivo no es una esfera escindida respecto de la vida humana y su dinámica ordinaria. Gracias a él, la dignidad es reconocida y protegida institucionalmente en una sociedad. Más aún, el derecho positivo es creado por los seres humanos como una exigencia encontrada en la experiencia del humanum que pide asegurar de manera normativa, extrínseca e inexorable un conjunto de realidades que se descubren como bienes elementales, como mínimos humanos, como realidades justas a preservar.

Desde un punto de vista antropológico, el derecho positivo no tiene su origen en él mismo, sino en la vida humana que posee un valor que es necesario asegurar. En este sentido, el derecho positivo tiene un origen pre-positivo y propiamente jurídico.

Los modelos políticos que han afirmado la libertad suprimiendo la referencia a la verdad han mostrado prácticamente que al final de su aventura “libertaria” el imperio del más fuerte se establece como ley. Paralelamente, quienes optan por afirmar una verdad suprimiendo la libertad terminan aplastando la verdad sobre el hombre. Mencionamos ambos casos para mostrar la inconsecuencia que significa elegir entre la conciencia contra la verdad o la verdad contra la conciencia.

El derecho a la libertad de conciencia debe ser afirmado como el derecho a poder dirigirse hacia la verdad de la manera que le es propia a la persona, es decir, libremente.

En este asunto ni la adecuación a la coacción exterior ni la libertad sin referentes objetivos pueden ser sostenidas como derecho en sentido propio.

El hecho de que los derechos de segunda y tercera generación posean un grado de dificultad grande respecto de su realización efectiva debido a que dependen de una serie de recursos que ordinariamente la sociedad y el Estado no alcanzan cabalmente a proveer no significa que no deban de ser considerados derechos subjetivos ni que deje de existir la obligación de parte del Estado de una acción de tutela adecuada.

Cuando a los derechos de segunda y tercera generación no se les considera auténticos derechos de la persona los responsables de la política pública y los organismos que integran la sociedad civil no se perciben obligados strictu sensu atrabajar en orden a satisfacer los bienes que este tipo de derechos demandan.

Los derechos de segunda y tercera generación ayudan a percibir que todos los derechos de la persona, si son tales, son exigibles aun cuando lo sean bajo modalidades diversas. Es importante para ello avanzar en la comprensión de que las obligaciones estatales y sociales respecto de estos derechos poseen niveles diversos y diferenciados.

Así, es posible pensar en un modelo que aplicando la idea del principio de subsidiaridad presente:

1) En un primer nivel, que existe la obligación del Estado de respetar la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada persona o comunidad en pos de autosatisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales, medioambientales, etcétera;

2) luego, que existe la obligación estatal de proteger esa libertad de acción y uso de los recursos frente a terceros. Aquí la función de tutela estatal es similar a la que se realiza respecto de los derechos de primera generación;

3) posteriormente, que existen las obligaciones de promover condiciones para que las personas puedan acceder al bien;

4) que, en seguida, existen obligaciones de asistencia que puede asumir formas sumamente diversas, y,

5) finalmente, que debe de haber una obligación de satisfacción que puede consistir en la directa provisión de medios para cubrir necesidades básicas como comida, medicinas, educación, etcétera, cuando la persona no lo pueda hacer por sí misma.

La obligación del Estado a favor de la familia, la maternidad y la vida debe construirse tomando en cuenta que los denominados derechos de primera generación no brindan una conceptualización suficiente para tal efecto.

Por ello, familia y vida tienen que mirarse como elementos que atraviesan el contenido de los Derechos económicos, sociales y culturales, derechos que por su naturaleza implican la obligación del Estado de actuar de manera proactiva.

Los derechos humanos, son los derechos fundamentales, propios de cada ser humano, y comunes a todos; pues todos compartimos la común naturaleza. Tales derechos acompañan toda la vida del ser humano, desde el comienzo de su existencia (fecundación), hasta la muerte natural; sin que sea admisible ningún condicionamiento para su goce, como podría ser el haber nacido, o tener autonomía propia. En definitiva, son el reflejo jurídico de la dignidad humana.

Al depender de la naturaleza --inmutable de por sí--, son universales, es decir que siempre y en todo lugar deben ser reconocidos por el derecho; y, por ende, irrenunciables para el sujeto, e indisponibles para el resto de la sociedad. Al decir referimos que pertenecen a nuestra condición humana y, por ende, son anteriores a las leyes y al Estado.

Desde nuestra concepción, el embrión humano es persona y tiene derechos.

La vida humana inicia a partir de la penetración de un espermatozoide a un óvulo, dentro del cual se forma un embrión unicelular, el cual ya contiene toda la información a nivel genético para crecer y desarrollarse, con todas las características de ser humano y siempre el mismo ser humano, a los ojos de la genética y la embriología.

Cumple, también, todas la leyes de la biología de cualquier ser pluricelular, de una forma simple va adquiriendo forma cada vez mas compleja, pero en todo su desarrollo su esencia es la misma, siempre el mismo ser humano y no otro.

La embriogénesis, etapa del desarrollo cuando ya están formados todos y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas del nuevo ser humano, culmina a las 8 semanas a partir de la penetración del espermatozoide al óvulo, 6 semanas apenas de la ausencia de menstruación de la mujer. Un nuevo ser humano inicia su vida a partir de la penetración del espermatozoide al óvulo, desde ese momento tiene el Derecho a la Vida y nosotros la Obligación de protegerla.

El embrión NO es una parte del cuerpo de la mujer, pues tiene una dependencia externa únicamente alimenticia, pero una independencia de crecimiento y desarrollo intrínseca.

El respeto a la vida humana desde el momento mismo de su inicio es una obligación de cualquier ser humano al igual que un derecho inalienable.

El derecho a la vida es fundamental e inalienable, por su parte, el derecho a la libertad se considera secundario a la vida, ya que sin este último es imposible la existencia del otro.

Expuesto lo anterior, pasaremos a la argumentación jurídica. El debate tradicional acerca de la libertad de la mujer a decidir sobre su “propio cuerpo” con la finalidad de no interrumpir su proyecto de vida contra el derecho inalienable del no nacido a vivir, debe encontrar un cauce. Un justo medio, una respuesta práctica en el aquí y el ahora.

En primer lugar, con una argumentación jurídica:

La legislación mexicana protege la vida del no nacido desde la concepción. En este sentido plantear una causal como la propuesta por nuestros compañeros diputados del PRI y de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no puede ser jurídicamente viable. Frente a esta situación y nuestra preocupación por su libertad de elección, su necesidad de trabajar y los problemas que enfrenta con el embarazo consideramos necesario actualizar de manera positiva, una legislación a favor de la maternidad en el Distrito Federal para brindar alternativas reales, no inconstitucionales.

Los siguientes apartados de esta exposición de motivos tratan de los argumentos legales de carácter internacional, con los Tratados Internacionales signados por nuestro país en la materia, y los ordenamientos legales federales y locales relativos al derecho a la vida.

3. Tratados Internacionales

Según la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, los derechos humanos de las mujeres son entendidos como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales; debiendo asegurarse su promoción y protección a lo largo de todo el ciclo vital.

En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la protección de la maternidad se relaciona con un conjunto de libertades –derecho de formar una familia, libertades reproductivas, derecho al trato igualitario, derecho a la intimidad- que los Estados están obligados a proteger y respetar.

El art. 25 (2) de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos sienta el derecho de las madres e hijos/as a gozar de cuidados y asistencia especial. También el artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a protección cuidados y asistencia especiales.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 (d) el deber de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre y postnatales apropiados.

La protección de la maternidad es reconocida por el art. 10 (2) de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de brindar resguardo especial durante un período razonable antes y después del nacimiento. En similares términos, se incluye el deber estatal, en el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15).

Por otro lado, el derecho a formar una familia se aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas con el concepto de ¨maternidad segura¨ y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados.

Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado (art. 23 de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos; arts. 17.1. y 17.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

En particular, el art. 10.1 de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia protección y asistencia para el establecimiento de la familia y el cuidado y educación de los/as hijos/as.

Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en el ámbito laboral. En este sentido, el art. 10 (2) de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados beneficios sociales durante un periodo razonable antes y después del nacimiento de los/as hijos/as.

Uno de los principales documentos internacionales que rige en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el art. 16.1 inc. e) dispone que los Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre varones y mujeres "... los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos"; y en el art. 5 (b) se establece que los Estados parte adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el apropiado entendimiento de la maternidad como una función social.”

El ejercicio del derecho al trato igualitario y la consiguiente evitación de las situaciones de violencia originadas en tratos discriminatorios, presupone el respeto del principio de igualdad de oportunidades dirigido a equiparar las posibilidades de ejercicio de los derechos.

En relación con las medidas tendientes al trato igualitario, es pertinente recordar la interpretación asignada al art. 26 de la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos. A tenor de esta norma se entiende que los Estados parte tienen el deber de eliminar las normas, políticas y prácticas que suponen tratos discriminatorios sobre bases especificadas o no.

La redacción del texto sugiere que se encuentran incluidas entre las prácticas y regulaciones a eliminar, aquellas que basadas en cualquier condición, afecten la capacidad de las mujeres de ejercer los derechos relacionados con la maternidad libre y segura.

Específicamente en el ámbito laboral, sucede que muchas veces las exigencias asociadas a la función materna no son contempladas apropiadamente por los ordenamientos legales al momento de equiparar las condiciones de trabajo formal, consolidándose situaciones de inequidad.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se reafirmó este compromiso.

Tratados internacionales signados por nuestro país relativos a la protección de la vida, la mujer, la maternidad y la familia:

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fecha de adopción 2 de mayo de 1948.

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1948. Fecha en que México lo ratificó: 22 de julio de 1952. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 11 de octubre de 1952.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas No. 217 A (III). Fecha de adopción 10 de diciembre de 1948.

Convenio relativo a la norma mínima de la Seguridad Social (convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo). Lugar de adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de suscripción: 28 de junio de 1952. Fecha en que México lo ratificó: 12 de octubre de 1961. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 1959.

Declaración de los derechos del niño. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV), de fecha 20 de noviembre de 1959.

Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos. Lugar de aprobación: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Fecha en la que México se adhirió: 24 de marzo de 1981. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 20 de mayo de 1981. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de junio de 1981.

Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Fecha en la que México se adhirió: 23 de marzo de 1981. Fecha en la que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.

Convención americana sobre derechos humanos "Pacto San José de Costa Rica". Lugar de adopción: San José, Costa Rica. Fecha de adopción: 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México: 24 de marzo de 1981, adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, general; 24 de marzo de 1981, México. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 7 de mayo de 1981. Última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2002, aprobadas por el Senado el 10 de diciembre de 2001.

Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2542 (XXIV), de fecha 11 de diciembre de 1969.

Declaración de los derechos del retrasado mental. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2856 (XXVI), de fecha 20 de diciembre de 1971.

Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Proclamada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunida en Estocolmo, Suecia. Fecha de adopción 16 de junio de 1972.

Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución No. 3348 (XXIX), de fecha 17 de diciembre de 1974.

Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 3384 (XXX), de fecha 10 de noviembre de 1975.

Declaración de los derechos de los impedidos Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 3447 (XXX), de fecha 9 de diciembre de 1975.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. Fecha en que México lo ratificó: 23 de marzo de 1981. Fecha en que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. Fecha de publicación de la Fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación: 18 de junio de 1981.

Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 41/128, de fecha 4 de diciembre de 1986.

Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador".Lugar de adopción: San Salvador, El Salvador. Fecha de adopción: 17 de noviembre de 1988. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 01 de septiembre de 1998.

Convención sobre los derechos del niño. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1989. Fecha en que México lo ratificó: 21 de septiembre de 1990. Fecha en que se publicó el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 25 de enero de 1991.

Declaración y programa de acción de Viena Adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de Viena, Austria, con fecha 25 de junio de 1993.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 48/104, de fecha 20 de diciembre de 1993.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”.Lugar de adopción: Belém Do Pará, Brasil. Fecha de adopción: 9 de junio de 1994. Fecha en la que México se adhirió: 12 de noviembre de 1998. Fecha de publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 19 de enero de 1999.

Declaración universal sobre el genoma humano y los Derechos Humanos. Adoptada en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con fecha 11 de noviembre de 1997.

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad Lugar de suscripción: Guatemala, Guatemala. Fecha de suscripción: 07 de junio de 1999. Fecha en la que México se adhirió: 25 de enero de 2001. Publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de marzo de 2001.

En todos estos instrumentos internacionales, se destacan los siguientes principios:

1.-
Que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza coadyuvante o complementaria del que ofrece el derecho interno de los estados.
2.- Que toda persona es ser humano.

3.- Que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.

4.- Que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

5.- Que el derecho a la vida estará protegido por la ley a partir de la concepción.

6.- Que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

7.- Que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.

8.- Que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.

9.- Que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso a la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.

10.- En todas y cada una de las declaraciones, pactos y tratados los Estados se obligan a respetar los instrumentos internacionales, y a adecuar su legislación a los mismos.

4. Argumentos jurídicos

El Derecho a la vida y la Constitución


Nuestra Constitución hace referencia al derecho a la vida y la protección a la familia y la maternidad principalmente en los artículos 1, 4 y 123.

En la Legislación Federal, el Código Civil sustenta estos derechos en los artículos 6, 22, 23, 337, 1314 y 2357.

En el Código Penal Federal encontramos referencias en los artículos 302, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 336 BIS, 337, 338, 339, 340, 342, 343,

En México existe una jerarquía de normas jurídicas en la que la tutela al derecho a la vida se encuentra por encima al ejercicio de la libertad. Ya que no se concibe el ejercicio de las garantías sin que previamente exista un ser humano vivo que las pueda disfrutar, tal y como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones 13/2002 y 14/2002. Por lo que, de existir algún conflicto entre ambos derechos, prevalece el de la vida.
En la Legislación Federal, encontramos los siguiente ordenamientos:

Ley Federal del trabajo: Artículos 3, 132, 134, 135, 166, 167, 170, 176, 473, 474 y 477.

Ley general de Salud: Artículos 2, 3, 6, 100, 194 BIS, 204, 214, 221, 222, 277. 278, 281, 306, 314, 330, 331, 332, 334, 343, 345, 450 BIS-6, 354, 402, 410, 411, 415, 425, 455 y 469.

Ley del Seguro Social: Artículos 41, 42 y 55.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los trabajadores del Estado: Artículos 55, 34 y 44.

Ley genreal de Población : Artículo 3.

Ley para la protección de los Derechos de las niñas, y niños adolescentes: Artículos 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 43 y 44.

Ley Federal para prevenir y eliminar la descriminación : Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11.

En la Legislación del Distrito Federal, encontramos las siguientes argumentaciones:

Código civil para el Distrito Federal

“Artículo 6.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.”

“Artículo 10.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.”

“Artículo 11.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.”

“Artículo 20.- Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.”

“Artículo 21.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público.”

“Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”

“Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

“Artículo 337.- Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el Juez del Registro Civil. Faltando algunas de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad.“

“Artículo 1314.- Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.”

“Artículo 2357.- Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337.”

Código Penal para el Distrito Federal

“Artículo 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.”

“Artículo 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón). No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.- La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable.”

“Artículo 4 (Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material). Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal.”

“Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.”

“Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión.”

“Artículo 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.- Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.”

“Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión, el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta.”

“Artículo 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años.”

“Artículo 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.“

“Artículo 144. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.”

“Artículo 145. Al que hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de cinco a ocho años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de ocho a diez años de prisión.”

“Artículo 146. Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.”

“Artículo 147. Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.”

“Artículo 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código; II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.- En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.”

“Artículo 149. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.”

“Artículo 152. Además de las penas previstas en el capítulo anterior, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.”

“Artículo 154. Se impondrán de dos a seis años de prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los que: I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo; II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; y III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos.”

“Artículo 155. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.”

“Artículo 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.- Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.”

“Artículo 163. Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa.”

“Artículo 165. En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, o que fallezca durante el tiempo en que se encuentre privado de su libertad, se impondrán de cincuenta a setenta años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa.”

“Artículo 166. Se impondrán las mismas penas señaladas en el artículo 165, cuando la privación de la libertad se realice en contra de un menor de edad ó de quien por cualquier causa no tenga capacidad de comprender ó resistir la conducta, con el propósito de obtener un lucro por su venta o entrega.”

“Artículo 168. Al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.- Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.- Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren.”

“Artículo 182. Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores resulten hijos, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.”

“Artículo 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.- Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.”

“Artículo 194. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.”

“Artículo 195. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los Artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado.”

“Artículo 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.”

“Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia; II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o IV. Niegue o restrinja derechos laborales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.- No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.- Este delito se perseguirá por querella.”

“Artículo 209. Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa.- Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:

a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y
c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.- Este delito se perseguirá por querella.”

“Artículo 294. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o
III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.- Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.”

“Artículo 295. Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.”

“Artículo 324. Se impondrán prisión de uno a cuatro años, de cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en ejercicio que: I. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la institución adecuada; o II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud.”

“Artículo 325. Al médico que habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación de la materia, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.”

“Artículo 326. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa al médico que: I. Realice una operación quirúrgica innecesaria; II. Simule la práctica de una intervención quirúrgica; o III. Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquél pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital.”


Código de procedimientos penales para el Distrito Federal

“Artículo 131 Bis.- El Ministerio Público autorizara en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de que la mujer presente la solicitud, la interrupción de embarazo de acuerdo con lo previsto en el artículo 148, fracción I del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que exista denuncia por el delito de violación o inseminación artificial no consentida; II. Que la víctima declara la existencia del embarazo; III. Que se comprueba la existencia del embarazo en cualquier instituto del sistema público o privado de salud; IV. Que existan elementos que permitan al Ministerio Público suponer que el embarazo es producto de una violación o inseminación artificial en los supuestos de los artículos 150 y 151 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; y V. Que exista solicitud de la mujer embarazada.- Las instituciones de salud pública del Distrito Federal deberán, a petición de la interesada, practicar el examen que compruebe la existencia del embarazo, así como su interrupción.- En todos los casos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los apoyos y alternativas existentes; para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer.- De igual manera, en el periodo posterior ofrecerán la orientación y apoyos necesarios para propiciar su rehabilitación personal y familiar para evitar abortos subsecuentes.”


Algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la correcta interpretación de la Constitución

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: P. XXVIII/98, Página: 117

“Interpretación de la Constitución. Ante la oscuridad o insuficiencia de su letra debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el constituyente o el poder revisor
El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.”

Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Con relación al principio de seguridad jurídica
No. Registro: 200,234.- Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional, Común.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: II, Diciembre de 1995.- Tesis: P./J. 47/95.- Página: 133.
“Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo .- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”
Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

No. Registro: 200,080.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: IV, Julio de 1996.- Tesis: P./J. 40/96.- Página: 5.

“Actos privativos y actos de molestia. Origen y efectos de la distinción.- El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.”

Amparo en revisión 1038/94. Construcciones Pesadas Toro, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1074/94. Transportes de Carga Rahe, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla Cobián. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes Carbajal. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas Buentello y otra. 30 de octubre de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 40/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Febrero de 2002, Tesis: P./J. 13/2002, Página: 589.

“Derecho a la vida. Su protección constitucional.

Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discrepó el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 13/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Febrero de 2002, Tesis: P./J. 14/2002, Página: 588.

“Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes Federales locales

Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.”
Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discreparon los señores Ministros Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 14/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
No. Registro: 183,559.- Tesis aislada.- Materia(s): Constitucional, Penal.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XVIII, Agosto de 2003.- Tesis: 1a. XXXIX/2003.- Página: 229.


Con relación al aborto

Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, Febrero de 2002.- Tesis: P. VII/2002.- Página: 417

“Aborto. Requisitos para que se configure la excusa absolutoria prevista en el Artículo 334, Fracción III, del código penal para el Distrito Federal. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 334, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte, por una parte, que para que se actualice la excusa absolutoria que prevé es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que se haya cometido el delito de aborto, es decir, que una o varias personas hayan producido la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y II. Que previamente a lo anterior:

1) Dos médicos especialistas hubieren emitido juicio en el sentido de que existe razón suficiente para diagnosticar:
a) Que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas;
b) Que éstas pueden dar como resultado daños físicos o mentales y
c) Que éstos puedan poner en riesgo la sobrevivencia de aquél.

2) Exista consentimiento de la mujer embarazada.

3) Éste responda a una decisión libre, informada y responsable.

4) Como garantía de que la decisión reúne las características especificadas, los médicos que hicieron el diagnóstico hayan proporcionado a la mujer embarazada una información objetiva, veraz, suficiente y oportuna.

5) Que tal información comprenda tanto los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, como los apoyos y alternativas existentes; y, por otra, por ser una garantía para las personas que intervinieron en la muerte del producto de la concepción, deben existir las constancias necesarias, sustentadas en pruebas idóneas que acrediten el cumplimiento minucioso de todos y cada uno de los requisitos exigidos, pues si no está demostrado alguno de ellos, la autoridad respectiva puede llegar a la conclusión de que no se actualiza la excusa absolutoria a que se refiere el citado numeral y, por ende, deban aplicarse las sanciones previstas en los artículos 330 a 332 del citado ordenamiento penal. No escapa a la consideración de este Alto Tribunal que los requisitos de naturaleza médica se encuentran condicionados a la evolución de la ciencia y que la responsabilidad de los diagnósticos, en su caso, corresponderá a los dos médicos especialistas a que alude la norma; sin embargo, de llegar a producirse el aborto, dichos diagnósticos podrán ser analizados por otros médicos especialistas, a fin de que la autoridad respectiva esté en aptitud de determinar si tales diagnósticos iniciales tuvieron la sustentación idónea y fueron claros para quienes sin ser peritos en la materia, como en su caso lo puede ser la mujer embarazada, le sean entendibles en cuanto a sus conclusiones.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número VII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, Febrero de 2002.- Tesis: P. VIII/2002.- Página: 415

“Aborto. El artículo 334, Fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, no autoriza la imposición de una pena por analogía o mayoría de razón.
Del análisis de lo previsto en el citado numeral, se desprende que en su fracción III se contempla una disposición que no guarda relación con el principio de certeza jurídica en materia penal, consistente en la prohibición de imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, toda vez que lo único que determina es que, cuando se reúnan los requisitos ahí especificados, no se impondrá la pena señalada en las disposiciones relacionadas con el delito de aborto, por lo que es claro que no transgrede dicho principio.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número VIII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, Febrero de 2002.- Tesis: P. IX/2002.- Página: 415

“Aborto. El Artículo 334, Fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, no transgrede de la garantía de igualdad, pues no autoriza que se prive de la vida al producto de la concepción

Al establecer el citado precepto la posibilidad de que cuando se produzca la conducta delictiva (aborto) prohibida expresamente por el artículo 329 de aquel ordenamiento, pero se reúnan los requisitos consignados en aquella fracción, las sanciones previstas en los diversos numerales 330, 331 y 332, no podrán aplicarse, es indudable que no transgrede la garantía de igualdad contenida en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha norma no dispone que a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida, lo que sí sería discriminatorio.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número IX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, Febrero de 2002.- Tesis: P./J. 10/2002.- Página: 416

Aborto. La hipótesis prevista en el Artículo 334, Fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, constituye una excusa absolutoria

La hipótesis contenida en el citado numeral relativa a que cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo su sobrevivencia, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada, constituye una excusa absolutoria, pues se trata de una causa que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impide la aplicación de la pena, es decir, aun cuando se configura el delito de aborto, no es posible aplicar la sanción.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis no hubo discrepancia entre los once señores Ministros. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.
Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, Febrero de 2002.- Tesis: P./J. 11/2002.- Página: 592.

“Excusas absolutorias y excluyentes de resposabilidad. Sus diferencias.

Las excusas absolutorias son causas que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena, es decir, son aquellas en las que aun cuando se configure el delito, no permiten que se sancione al sujeto activo en casos específicos; en tanto que las excluyentes de responsabilidad se caracterizan por impedir que ésta surja. En otras palabras, en las citadas excluyentes la conducta tipificada en la ley no es incriminable desde el inicio; mientras que en las excusas absolutorias la conducta es incriminable, pero no sancionable, consecuentemente no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad.”

Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis no hubo discrepancia entre los once señores Ministros. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 11/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

En materia de transplate de órganos

No. Registro: 183,374.- Tesis aislada.- Materia(s): Constitucional.- Novena Época.- Instancia: Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XVIII, Agosto de 2003.- Tesis: P. IX/2003.- Página: 54
5. Justificación social: El ejercicio de la libertad en condiciones de equidad.

La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos en la historia de la Humanidad. Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada. La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social.

Ello plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con importantes reformas legislativas, como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas, en un marco más amplio de política de familia.

La reformulación de las políticas de empleo de modo tal que incorporen la dimensión de género supone garantizar la igualdad de oportunidades y la vigencia del principio de no discriminación en el empleo. Situaciones como la que se analiza, exigen medidas de acción positivas tendientes a equiparar las oportunidades de inserción laboral de las mujeres multíparas con hijos menores. La peculiar situación de excesivo esfuerzo físico y psíquico que atraviesa la mujer durante el período postnatal, sumada a las exigencias de cuidado de los/as hijos/as menores de edad, demanda un tratamiento específico por parte del ordenamiento jurídico, en consonancia con los principios y derechos en juego.

Explica Sartori (1990) que los grados de igualdad dependen del equilibrio de las desigualdades a través de un sistema eficaz de compensaciones recíprocas entre las mismas. De tal modo, la igualdad de oportunidades puede ser concebida como trato igual (imparcial) o como resultado igual. La importancia de esta diferenciación reside en la relación de ambas concepciones, en la medida que, partiendo de una realidad desigualitaria, el trato igual no lleva a resultados iguales y, en consecuencia para obtener resultados iguales es necesario un trato desigual. La imparcialidad en el trato no elimina las diferencias y la igualdad ante la ley no modifica las situaciones de privilegio. Sólo es posible alcanzar resultados iguales a través de medios desiguales, es decir, con tratos diferenciados.

En el caso sub examine, la vigencia del principio de igualdad supone la debida consideración de las diferencias originadas en el cumplimiento de la función materna.

Se ha considerado por diversos actores políticos que la despenalización del aborto puede ser una solución para diversos problemas que aquejan a las mujeres, en especial se presentan argumentos en materia de salud y para hacer frente a embarazos no deseados. El aborto es un problema social, nadie en su sano juicio puede aspirar a él como meta o como fin, la sociedad en conjunto, a través de la autoridad y la legislación debe poner los medios para que disminuya su incidencia. Si la despenalización del aborto se considera un medio para lograr un fin, es posible plantear como sociedad otros medios para lograr el mismo fin: La realización plena de la mujer en su integralidad y el mejoramiento de indicadores de salud y mortalidad materna.

En países que han legalizado o despenalizado el aborto se ha visto que en los primeros años el número de mujeres que se realizan esta práctica aumenta considerablemente; en los años siguientes este número se ha estabilizado, siendo, sin embargo, mucho mayor al número inicial de abortos. (Ejemplos: España, Reino Unido y Estados Unidos)

La despenalización o legalización del aborto no contribuye a disminuir las tasas de mortalidad materna. Evidencia basada en datos de la Organización Mundial de la Salud demuestran que es un factor independiente y que NO disminuye estas tasas. Lo que realmente favorece la reducción de los índices de mortalidad materna es la atención calificada antes, durante y después del parto. En Rusia, donde la legislación sobre el aborto es muy permisiva, la mortalidad materna es de 67 por 100,000 nacidos vivos. En Irlanda, donde el aborto es muy restringido, es de 5 por 100,000 nacidos vivos.

Por eso creemos que el Gobierno debe tener recursos disponibles para ser dirigidos al sistema de salud con el que contamos, pues es muy ineficiente y aun hay muchas mujeres que no tienen acceso a él. Si se despenalizara el aborto, la demanda de servicios aumentaría y los servicios serían aun más insuficientes, lo que podría incluso aumentar el índice de mortalidad materna.

Cada aborto es un fracaso del sistema. El número de abortos sube porque falta una auténtica política solidaria de apoyo a la mujer embarazada, especialmente en el caso de las adolescentes.

Esta iniciativa propone la creación de redes de apoyo multidisciplinares que ofrezcan alternativas eficaces a las mujeres embarazadas, a los padres y madres sin recursos o en situación de dificultad social, para llevar a término el embarazo.

El Estado debe asumir el liderazgo en la defensa de la mujer embarazada.
En una sociedad desarrollada, ninguna mujer debería quedar en situación de desamparo social sólo por estar embarazada y verse abocada, por eso, a sopesar la decisión de abortar. Sin embargo, es muy frecuente en nuestra sociedad que, ante un embarazo imprevisto, la mujer se sienta sola frente a los problemas que ese embarazo, eventualmente, pueda plantearle.

Especialmente, cuando concurren circunstancias de falta de integración en una relación familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos. Estos problemas
pueden ser agravados por el abandono e irresponsabilidad del padre, la amenaza expresa o presunta de pérdida del puesto de trabajo u otras dificultades de integración social específicas.

En estos casos, el aborto puede, subjetivamente, aparecer como la única solución a una situación a la que la afectada no ve otra salida; siendo,
además, tristemente frecuente que muchas voces en el entorno de la embarazada -amigas, familiares, incluso asistentes sociales y médicos- presenten a la afectada el aborto como la solución lógica a sus problemas y temores. Nuestra sociedad no ha sido capaz de ofrecerles alternativas reales no traumáticas.

Una sociedad que deja sola y abandonada a la mujer ante los problemas reales que le puede generar un embarazo imprevisto no es una sociedad
justa que responda a los requerimientos propios de una democracia avanzada en un Estado social.

Todo aborto es una inmensa tragedia, no sólo para el niño que no llega a nacer, sino también para la mujer que muchas veces no es libre de verdad, pues nadie le ofrece alternativas serias además del aborto y debe acarrear con frecuencia, durante largos años, con las terribles consecuencias del síndrome post-aborto, que lastra tantas veces a la mujer que ha abortado.

Ninguna mujer aborta con alegría. Todo aborto es una tragedia. Por eso, la sociedad y los poderes públicos deben implicarse activamente para que ni
una sola mujer en el Distrito Federal se vea en tal situación de soledad, falta de apoyo y carencia de ayuda solidaria, que el aborto se le presente como la única salida posible.

Generar una red de apoyo solidario a la mujer embarazada, para que ésta encuentre alternativas positivas frente al drama del aborto, es una imperiosa necesidad en nuestra sociedad.

Este es el objeto de la presente Iniciativa:

Hacer las previsiones normativas necesarias para que, en el ámbito territorial del Distrito Federal, exista una red solidaria de ayuda a las embarazadas, a fin de ofrecerles soluciones
alternativas a sus problemas, compatibles con la continuación de la gestación.Las embarazadas en situación de conflicto y desamparo necesitan, sobre todo, ofertas completas de apoyo, asesoramiento y orientación que les ayuden a superar las cargas emocionales y las discriminaciones negativas y poder decidirse en verdadera libertad por la vida de su hijo.

En nuestro país existen asociaciones privadas que, desde hace años, se dedican a esta labor de asistencia y apoyo a la embarazada con alto nivel de éxito en sus trabajos: según información suministrada por estas ONG, de cada
cuatro mujeres atendidas durante su embarazo, tres no abortan.

Una política pública de apoyo a la mujer embarazada, que le ayude a poder optar en libertad por la maternidad, supone alcanzar mayores cuotas de justicia social y ayudará a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la
importancia y el valor personal y social del embarazo y la maternidad.

6. Justificación económica

Una de las principales razones por las que consideramos fundamental la institución de una pensión económica suficiente a la mujer embarazada y la madre de niños hasta 9 años, así como de atención médica especializada gratuita, ya sea en hospitales públicos o bien por medio de un apoyo económico directo para atención hospitalaria privada, es que existe la idea, bien fundamentada, de que tener hijos, es caro. Desde el inicio del embarazo y hasta los primeros meses del bebé. Por eso creemos que una forma muy específica de proteger a la mujer para que lleve a término su embarazo cuando éste concluya es proporcionándole ayuda directa en este aspecto. El económico.

En mayo de 2007, el Periódico EL UNIVERSAL en un reportaje de Francisco Rosas, nos presentó un interesante artículo relativo al costo de un embarazo hoy en día. Referimos de manera textual la información que ilustra de manera simple y precisa lo relativo al costo de la gestación humana en nuestro país.

La etapa de gestación requiere cuidados de todo tipo y gastos en médicos, alimentos y ropa. El gasto de los nueve meses de espera, incluído el parto, pueden exceder los 50 mil pesos.
El reportaje relata que los gastos incluyen: Prueba casera de embarazo, que en promedio cuesta entre 50 y 170 pesos, primera consulta con el ginecólogo, 200 pesos, prueba de sangre en laboratorio, 240 pesos.

La oferta para el servicio de parto en el país es diversa y depende de las clínicas y zonas de la ciudad. En los sanatorios más lujosos la consulta del ginecólogo oscila entre 800 y 900 pesos, por visita. En los primeros ocho meses la revisión médica es una vez al mes en promedio y en el noveno, son cada ocho días. El paquete para un parto natural oscila en 24 mil pesos, sin considerar honorarios de pediatra, anestesista, ginecólogo y ayudante, que según el hospital ABC se ubicarían entre 3 mil y 4 mil pesos. En cesárea la tarifa sube a 31 mil 500 pesos.

La oferta para alumbramiento puede ser variada y los precios también, pues en sanatorios públicos de la ciudad de México cobran 400 pesos por parto natural y en nosocomios como el Ángeles la tarifa es de hasta 21 mil pesos, más honorarios de especialistas.

Sin embargo, si no cuenta con la liquidez necesaria, algunos hospitales, sobre todo los más grandes, tienen esquemas de financiamiento, es decir, hay pagos en "abonos". Desde que la mamá recibe la noticia puede programar sus pagos -que pueden ser semanales, quincenales o mensuales- con la clínica y liquidar el saldo cuando nazca el bebé.

Además del costo por las consultas, las mujeres deben tomar vitaminas y ciertos medicamentos. El gasto promedio mensual es de 300 pesos.
Una de las principales recomendaciones de los médicos es el consumo de ácido fólico, que ayuda el crecimiento del feto y aumenta las defensas de las madres. Su costo ronda entre los 15 pesos.
Al tercer mes hay que practicar el primer ultrasonido, que tiene un precio de entre 320 y 500 pesos y a lo largo de la gestación, se hacen alrededor de seis. El ultrasonido en tercera dimensión cuesta alrededor de mil pesos. Si quiere guardar el video en un disco compacto desembolsará 100 pesos más.

La mujer embarazada cambia su alimentación y su ropa. Es posible gastar por lo menos 8 mil pesos en la vestimenta adecuada para esta etapa. Por ejemplo, un pantalón para maternidad varía en precios. Se encuentran desde 200 hasta 600 pesos. En el caso de la ropa interior el costo fluctuó entre 50 y 200 pesos dependiendo de la prenda y la marca.

Hay que cambiar el calzado. Por lo general, una mujer embarazada pierde el equilibrio con facilidad y se recomienda utilizar zapatos de piso y olvidarse por nueve meses del tacón. En cremas antiestrías, para la piel y artículos de limpieza, alrededor de 500 pesos.

En total, los gastos médicos y personales de un embarazo ascienden entre 30 mil y 50 mil pesos.
En sanatorios públicos el gasto será considerablemente menor, sobre todo en el momento del alumbramiento. No obstante, habrá gastos ineludibles como vitaminas, ropa especial y los desembolsos inherentes con la llegada del bebé, como ropa de niño, artículos de limpieza, medicinas, biberones, muebles y muchas otras cosas.

Si una mujer que no ha pensado tener un hijo por que esta situación no estaba en sus planes se encuentra con los costos que implica un embarazo y un parto, así como el cuidado del recién nacido, tendrá mayor incentivo para optar por un practicarse un aborto. Pero si el Gobierno le ofreciera ayuda económica directa y suficiente, según su condición socioeconómica, podría valorar con mayor lucidez si quiere o no abortar.

Otro aspecto económico de gran relevancia es el trabajo de las mujeres madres, por que este significa un ingreso cada vez más importante en los hogares, si una mujer considera que su situación laboral está en peligro por estar embarazada, o si un empleador así se lo plantea.

Muchas mujeres temen decir que están embarazadas en su trabajo. Muchos empleadores no contratan mujeres embarazadas, no se les pide oficialmente el certificado de ingravidez, pero si saben que están embarazadas están en desventaja según el criterio actual. La sociedad empuja a las mujeres a tomar la decisión de abortar, pero si el Gobierno le ofrece opciones para litigar su defensa y mantener su empleo, o si da incentivos fiscales a quienes contraten a una mujer embarazada, podemos incentivar una decisión tomada con mejores elementos.

Otro problema al que se encuentran las mujeres, en términos económicos y de compatibilidad de la maternidad y la vida laboral, es la escasa y deficiente oferta de guarderías en el Distrito Federal.

En el 2004, la PROFECO analizó 245 guarderías de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En este estudio se encontró que el 64% de las madres que hacen uso de una guarderías es por razones de trabajo.

El servicio que prestan las guarderías está diferenciado por varios aspectos que a continuación se detallan.

Horario de atención
De acuerdo al sondeo, 38% de las guarderías tienen un horario menor a 9 horas, por lo que no cubren las necesidades de quienes trabajan tiempo completo. Todas las guarderías del sondeo proporcionan sus servicios de lunes a viernes.
Edades que atienden

Sólo 41.6% de las guarderías del sondeo atienden tanto a niños en edad de educación inicial (0 a 2 años 11 meses) como niños en edad de educación preescolar (3 a 5 años 11 meses). Algunas no atienden niños menores de 2 años (31.8%).

Costo del servicio típico
Las diferencias en el costo de las guarderías son significativas. En horarios típicos se cobra al mes entre $501 y $5,348 para niños de 0 a 1 año; entre $533 y $4,925 en el caso de los niños de 1 a 2 años; y de $653 a $3,777 en edades de 2 a 6 años. En promedio, casi la mitad de las guarderías (48.2%) cobra entre $2.51 y $10 la hora de atención.

Aspectos administrativos
Con respecto a la organización de cada centro, se encontró que 71.4% exige credencial emitida por la guardería para entregar al niño; 53.1% se comunica con los padres personal o telefónicamente y 37.1% no atiende niños discapacitados no dependientes.

Registro ante la SEP
Dos de cada tres guarderías declararon haber realizado su registro ante la SEP o que estaba en trámite; sin embargo, sólo 12.5% de los encuestados contaba con registro al 31 de enero de 2004.

Personal empleado
Alrededor del 80% de los casos se encontraron educadoras o pedagogas, así como asistentes educativas; sin embargo, sólo en 70% de las guarderías cuentan con un director con un perfil idóneo.

Equipo y Mobiliario
Este es un aspecto descuidado con frecuencia, en particular para niños menores de dos años.

Instalaciones.
Toda guardería debe contar con área de recepción, salas de atención, área de usos múltiples, cocina, baño exclusivo para niños y áreas exteriores. Más del 80% de las guarderías analizadas cuentan con las áreas necesarias para operar adecuadamente.

Medidas de seguridad
Las guarderías cuentan con distintas medidas de seguridad generales, como simulacros de evacuación, áreas al aire libre cercadas, salidas de emergencia y señalamientos. Sin embargo, entre 30 y 40% carece de medidas de seguridad específicas para niños.

Para conocer los aspectos que las mamás consideran al momento de elegir una
guardería, Profeco aplicó 896 cuestionarios a madres con hijos en las guarderías de la Ciudad de México y encontró que 64% hace uso de este servicio porque trabaja; mientras que un 16% lo hace para desarrollar la capacidad motriz e intelectual del menor.

De acuerdo con esta encuesta, las edades de los niños que son llevados a la guardería (40%) de 2 a 4 años y pasan en promedio 4 a 6 horas en este lugar (51%).

Finalmente, reportamos 2 artículos publicados por CIMAC relativos al Sistema de Salud público en el Distrito Federal. ¿Hoy en día nuestro sistema de salud será capaz de atender profesionalmente a mujeres que quieran abortar masivamente? Otra pregunta pendiente es si tiene capacidad de atender a las que sí quieren tener a su hijo y la calidad de esta atención.
CIMAC asegura que no se garantiza la atención de las mujeres y considera alarmante, la cifra de muerte materna en el Distrito Federal.

Del año 2000 al 2003 murieron en el Distrito Federal 443 mujeres por problemas asociados a la muerte materna, parto y puerperio, denunció Pilar Muriedas Juárez, directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM), quien recordó que este flagelo es un indicador de desarrollo de un país.

En el Distrito Federal, el 51 por ciento de las mujeres con embarazos registrados como de alto riesgo son derechohabientes a servicios de salud en alguna institución, en contraste con las que no tienen ninguna protección, que llegan al 48.8 por ciento.

De acuerdo al estudio Las mujeres en el Distrito Federal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dicha situación tiene que ver con diversos factores, entre los que se encuentran el estado coyungal de la embarazada, su condición de actividad económica o no económica, aspectos que combinados o por sí solos configuran la posibilidad de que este núcleo de población sea o no atendida como derechohabiente en las instituciones de salud.

Del total de consultas a mujeres durante el periodo puerperal, el 73. 9 por ciento fueron realizadas a derechohabientes y 26.1 por ciento a personas sin la prestación.

En el Distrito Federal, donde según el último censo habitan ocho millones 605 mil 239 personas, de las cuales el 52.2 por ciento son mujeres, las principales causas de mortalidad materna son edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo (45.6); hemorragias del embarazo, parto y puerperio (12.9); todos los tipos de aborto (6.9); complicaciones del puerperio (5.9); diabetes mellitus en el embarazo debido al VIH (1.0) y las demás causas obstétricas directas (16.8).

Es de resaltar que todas –excepto el aborto- se asocian a las condiciones socio-económica de las mujeres, así como al ya reiterado acceso y calidad de una atención médica oportuna.
En otra importante nota titulada Mortalidad Materna en el Distrito Federal y Estado de México. El riesgo de ser madre, la institución referida denuncia que el nuestra Ciudad, a pesar de ser considerada la metrópoli más grande del mundo, y con la mayor cantidad de hospitales, médicos y camas del país no presenta ninguna ventaja para las mujeres que deciden ser madres.
Las causas de muerte materna en el Distrito Federal son hemorragias, infecciones, complicaciones relacionadas con abortos en condiciones de riesgo y trastornos de hipertensión. Estos padecimientos son perfectamente prevenibles, y en el fondo están relacionadas con la pobreza y la marginación de que es víctima la población femenina.
En el Distrito Federal (DF), la toxemia del embarazo fue la principal causa de mortalidad materna, y su peso relativo prácticamente no tuvo cambios en la década de los 90 al pasar de 45.3 por ciento en el periodo 1989-1991 a 46.4 por ciento en el periodo 1995-1997, según un análisis del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

En ese tenor, para Mercedes Ballesté Gálvez integrante de Salud Integral para las Mujeres (Sipam) y coordinadora del proyecto de Mortalidad Materna en el DF, este problema de salud pública puede estar relacionado con la calidad de los servicios y la relación de las mujeres con el personal médico.

Y reveló que la falta de atención prenatal es un importante factor de riesgo que influye en la muerte materna porque no permite detectar, de manera oportuna, alteraciones durante el embarazo.

También, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su informe Anual 2003, refirió que la Secretaría de Salud capitalina tuvo 439 quejas, lo cual significó un incremento del 26 por ciento el número de quejas, respecto al año anterior, y en su mayoría fueron casos respecto a la calidad de atención en la prestación de los servicios o la negación de los mismos.

La propia Secretaría reconoce que la mayoría de los hospitales generales, pediátricos y materno infantiles se construyeron entre 1958 y 1982 y que el más nuevo fue donado por la Unión Europea, el cual se inauguró hace 15 años en la delegación Iztapalapa.

En el caso de los siete hospitales materno infantil, se cuentan con 282 camas censables y 206 no censables –aquellas que no se encuentran en el servicio de hospitalización sino el área de urgencias—y tiene una ocupación del 70 por ciento. En el primer nivel se cuenta con 214 centros de salud. Para la atención de segundo nivel, hay 26 hospitales, ocho generales, siete materno infantiles y 11 pediátricos, así como dos centros toxicológicos.

En este nivel se hallan 414 consultorios, de los cuales 63 corresponden a medicina general y el resto a diversas especialidades como pediatría, urgencias ginecobstétricas, medicina interna, traumatología y oftalmología, entre otras.
Datos de la Secretaría revelan que existe un déficit de 300 enfermeras y 100 médicos especialistas, sin embargo, hay un excedente de 310 médicos generales, 274 odontólogos y 197 trabajadoras sociales.

Además, según la SSDF, las condiciones generales de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), permiten un ausentismo “programado” o legal, el cual corresponde al 31 por ciento de jornadas contratadas, así el ausentismo no-justificado en 2003 fue de 34 mil jornadas.

Según el documento Salud México 2001, Informe para la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), año 2002; el Distrito Federal cuenta con poco más de dos médicos por cada mil habitantes, y más de 1.8 camas por esos mismos mil habitantes.
El mismo documento señala además como causas de la mala atención, pocos recursos económicos de las instituciones de salud y la obsolescencia de la mayoría de las instalaciones pertenecientes a la SSDF, “insuficientes para atender a los cerca de cuatro millones de capitalinos no asegurados”.

A esta situación habría de agregarse la inadecuada distribución geográfica situación que se traduce en una falta de servicios en las zonas periféricas donde actualmente se concentra la mayoría de la población pobre, como son las delegaciones del suroriente y surponiente de la ciudad.

Por todo lo anterior vemos que, 1) El sistema de salud pública del Distrito Federal (dependiente del GDF) tiene grandes deficiencias para atender a mujeres, 2) esta situación provoca que las mujeres busquen atención hospitalaria privada, con mucho mayor costo. El Gobierno tiene que ayudar a solventar esta problemática.

7. Justificación médica
Aborto legal no significa aborto seguro, existen una variedad de riesgos físicos y psicológicos, incluyendo el SPA (síndrome post aborto) el cual es reconocido por numerosas instituciones psiquiátricas.

Se ha reportado un número importante de muertes maternas por aborto legal en el mundo. Estudios finlandeses han demostrado que es más seguro llevar a término un embarazo que practicarse un aborto.

La despenalización del aborto:

  • * No disminuye su incidencia.

  • * No disminuye las tasas de mortalidad materna.

  • * No contribuye a la salud de la mujer.

  • * Engaña a la mujer, haciéndola creer que aborto legal significa aborto seguro.

  • * No contribuye al empoderamiento de la mujer, pues es ella la primera afectada por las secuelas del mismo.

  • * No ataca al problema de raíz.


  • Es un hecho que el aborto representa un problema de salud a nivel nacional e internacional dada la frecuencia de su realización, tanto en medios salubres como insalubres. La despenalización de su práctica no implica la ausencia de complicaciones.

    El “aborto seguro” no existe, pues siempre está presente la posibilidad de complicaciones médicas con repercusiones importantes para la vida y para la salud de la mujer.

    Algunas de estas complicaciones , pueden ser:

    Perforación uterina, hemorragia, lesión intestinal, laceración cervical, infección, trombo embolia pulmonar, aborto incompleto, estenosis cervical, convulsiones por anestesia, atonía uterina con sangrado, etc.

    Hay complicaciones tardías que pueden llevar a la mujer a no poder embarazarse nuevamente, igualmente existe un trastorno psicológico llamado síndrome post-aborto.

    Algunos de estos problemas pueden llevar a la muerte a estas pacientes, condición rara pero posible.

    El estudio, dirigido por la doctora Priscilla Coleman, una psicóloga e investigadora en la Universidad Estatal de Bowling Green, descubrió que las mujeres adolescentes que tienen un aborto son cinco veces más propensas a buscar ayuda para problemas psicológicos y emocionales que aquellas que dieron a luz.

    La investigación también reveló que las adolescentes que abortaron tenían muchos más problemas de sueño y una mayor incidencia en el consumo de marihuana. El estudio tuvo en cuenta variables como historial de salud mental previo y factores familiares, para lograr aislar los efectos del aborto.

    Coleman admitía que tener un hijo siendo adolescente no deja de ser problemático, pero, añadía, «los riesgos de poner fin al embarazo parecen ser incluso más pronunciados».

    La ciencia aún está investigando y debatiendo sobre la relación entre el aborto y el cáncer de seno. Sin embargo, existen estudios significativos que muestran que existe un mayor riesgo de este tipo de cáncer entre las mujeres que han experimentado un aborto inducido. A nivel mundial, 27 de 33 estudios coinciden en señalar un aumento en el riesgo. Un meta-análisis de 1996 sobre estudios ya publicados, llevado a cabo por el Dr. Joel Brind y el bioestadístico Vern Chinchilli, recogió datos de 28 informes y concluyó que el aborto inducido aumenta en un 30% el riesgo de cáncer de seno.

    La Dra. Daling, que se autodenomina pro-elección, es decir, no está contra el aborto, ha descubierto, por medio de una recolección de 37 estudios realizados en E.U., Inglaterra, Japón, Dinamarca, Italia, Rusia, Israel, Canadá y Francia que:

    • Mujeres de menos de 18 años que han abortado tienen un riesgo de cáncer de seno 150% mayor.
    • Mujeres de más de 30 años con 1 aborto aumentan su riesgo 110%.
    • Mujeres entre 18 y 30 años aumentan 50% con 1 legrado y hasta el 200% con más de un aborto.
    • Mujeres de más de 50 que tuvieron un aborto en su juventud tienen un aumento de 370%.
    • Si en la familia de la mujer que abortó su madre, hermana o tía tuvo cáncer de pecho, su riesgo aumenta 270%.
    • En el mismo caso pero con un aborto antes de los 18, el 100% de las mujeres sufrió cáncer de mama.

    La razón biológica para lo anterior es, que cuando la mujer se embaraza, su nivel hormonal, aumenta dramáticamente, esto es para estimular las células inmaduras del pecho y prepararlas a la lactancia. Si éste proceso queda interrumpido por un aborto, los niveles hormonales bajan dramáticamente suspendiendo el natural proceso de maduración de las células de la lactancia.

    Estas células quedan “vulnerables” a los agentes cancerígenos, ya que iniciaron un proceso pero no lo completaron.

    Así como toda mujer tiene derecho a ser informada de aspectos psicológicos, éticos, religiosos y físicos, también tiene derecho a conocer las consecuencias biológicas que afectarán su cuerpo a mediano plazo si se practica un aborto.

    Riesgos del aborto provocado

    Existen numerosas publicaciones médicas que demuestran como el aborto es causa de complicaciones fisiológicas y psicológicas de distinta gravedad.
    Posibles complicaciones físicas para la mujer:

    Hemorragia severa. Las pacientes pueden sangrar excesivamente durante un aborto o aún por algunos días después del mismo. En ocasiones es necesaria una transfusión de sangre, un segundo procedimiento de raspado o, incluso, una histerectomía (extracción del útero) para detener la hemorragia.

    Infección. Existe el peligro de que una bacteria pueda introducirse en el útero produciendo una infección, que si no es tratada puede derivar en muerte séptica. El riesgo de contraer infecciones se incrementa cuando son dejados restos del feto o de la placenta en el útero (aborto incompleto) y cuando la paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual como la clamidia. En estos casos, existe una probabilidad de más del 20% de desarrollar Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI), una infección que compromete el aparato reproductor superior, que puede poner en riesgo la vida, aumentar la posibilidad de un embarazo ectópico y producir infertilidad.

    Desgarramiento cervical. En al menos el 1% de abortos realizados en el primer trimestre se producen importantes desgarros cervicales que requieren sutura. La lesión latente post-aborto puede causar posterior incompetencia cervical, abortos espontáneos tardíos, parto prematuro y complicaciones durante el parto. El riesgo de daño cervical es mayor en las adolescentes y en los abortos practicados durante el segundo trimestre. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en China, el aborto provocado por aspiración produce un riesgo aumentado de pérdida del hijo en el siguiente embarazo.
    Perforación del útero. Entre un 2 y un 3 % de los casos existe el peligro de que el útero sea cortado o perforado por los instrumentos abortivos. Este riesgo se incrementa para las mujeres que ya han tenido hijos y para las que reciben anestesia general durante la realización del aborto.

    El daño del útero puede derivar en complicaciones para futuros embarazos y eventualmente pueden evolucionar en problemas que requieran histerectomía, que a su vez implica otra serie de complicaciones y riesgos como la osteoporosis. Cuando se perfora el útero también se corre el riesgo de afectar a órganos cercanos como los intestinos o la vejiga.
    Placenta previa. El aborto incrementa el riesgo de placenta previa y parto prematuro en ulteriores embarazos, circunstancia que pone en peligro tanto la vida de la madre como su embarazo deseado.

    Un estudio reciente mostró que este riesgo se presentó en 3 mujeres de cada 4 con historia de aborto inducido por curetaje. Por otro lado, el desarrollo anormal de la placenta debido al daño uterino aumenta el riesgo de malformaciones fetales, muerte perinatal y sangrado excesivo durante el parto.

    Embarazo ectópico. Varios estudios coinciden en señalar que hay un aumento de 2 a 13 veces en el riesgo de embarazo ectópico tras un aborto inducido. Esta complicación, cuya incidencia ha aumentado notablemente en los últimos años, puede poner en riego la vida y afectar la fertilidad.

    Parto prematuro. Las mujeres con antecedentes de aborto provocado tienen un riesgo mayor de presentar un recién nacido altamente prematuro (menos de 32 semanas de gestación). El parto prematuro aumenta el riesgo de muerte neonatal y es la principal causa de afecciones graves en los recién nacidos como asma, ceguera, sordera, bajo coeficiente de inteligencia, problemas respiratorios y parálisis cerebral. Sobre este tema existen numerosas investigaciones, una de las más recientes, llevada a cabo en Dinamarca19, estimó un riesgo relativo de parto prematuro de 2.27 para las mujeres que habían abortado una vez, y de 12.55 para aquellas que lo habían hecho dos veces. Un estudio realizado con mujeres alemanas en 1998 encontró que, después de un aborto, el riesgo de presentar un parto prematuro es de 150%, después de dos abortos la probabilidad asciende a 460% y después de tres a 510%.
    El 60% de las mujeres que abortan sufre algún problema emocional posterior. El 30% sufre problemas severos.

    Síndrome postaborto (SPA). El SPA es un tipo de trastorno de estrés post-traumático (TEPT) caracterizado por síntomas como depresión, ansiedad, conducta agresiva, pesadillas, pensamientos o actos suicidas, bulimia, anorexia, abuso de alcohol y drogas, y ruptura de relaciones de pareja. Algunas investigaciones señalan que las mujeres que han sufrido un aborto provocado padecen un síndrome de estrés generalizado con un 30% más de probabilidad que las que han llevado adelante su embarazo no deseado. De acuerdo con documentos internos de la IPPF23, un 91% de las mujeres que han abortado, tarde o temprano sufren alguna de las secuelas propias del SPA.

    Síntomas del síndrome postaborto (SPA)

    1. Síntomas depresivos (depresión, tristeza, pena, pesar, llanto frecuente) y ansiosos (ansiedad, angustia, rabia) relacionados con el aborto realizado.

    2. Sentimientos de culpa (de vergüenza, de pérdida de autoestima y de autorechazo) e incapacidad para perdonarse por el aborto realizado (a veces con pensamientos de suicidio); deseos de de borrar la culpa, y necesidad de reparar (de desagraviar, de satisfacer al ofendido), de remediar el daño o perjuicio cometido (a veces mediante un embarazo expiatorio «de reparación»).

    3. Pesadillas recurrentes sobre niños perdidos, despedazados, mutilados o muertos; pensamientos recurrentes e intrusivos o flashbacks sobre el aborto o la criatura abortada; ilusiones y pseudoalucinaciones auditivas (oír el llanto de un niño), fantasía reiteradas de cómo hubieran sido las cosas si no se hubiera abortado.

    4. Evitar y/o rechazar de estímulos o situaciones que recuerden el aborto, sus circunstancias o consecuencias (noticias de embarazos o abortos; reconocimientos médicos o ambientes clínicos, la visión de recién nacidos o de niños pequeños, de ropas o silletas de niño, de chupetes, etc.); empeoramiento típico de los síntomas en las fechas en que tuvo lugar el aborto o en que el niño debería haber nacido (reacciones de aniversario).

    5. Alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto: trastornos sexuales (inhibición o rechazo sexual, frigidez, promiscuidad); anorexia u otros trastornos alimentarios; abuso de drogas o alcohol; aislamiento social y falta de interés y atención para las tareas y obligaciones habituales; enfados repentinos y arrebatos de cólera; aceptación de relaciones interpersonales abusivas; gestos o intentos autolíticos.
    El síndrome post-aborto (SPA) ha sido estudiado en países como EEUU, Canadá, Finlandia, Francia, Suiza, Inglaterra y España.

    Consecuencias psiquiátricas.

    El aborto provocado puede tener secuelas psiquiátricas, difícilmente tratables e irreversibles, independientemente de la actitud previa de la mujer hacia el aborto. En enero de 2002, el British Medical Journal informó que las mujeres que abortan su primer embarazo tienen un riesgo mayor de depresión crónica a largo plazo que aquellas que llevan a término un embarazo no deseado. El autor principal del estudio dijo que los resultados coinciden con estudios anteriores que muestran un riesgo de suicidio y abuso químico de cuatro a seis veces mayor en las mujeres con historia de aborto inducido26. Otro estudio, aparecido en la misma publicación concluyó que el aborto inducido puede repercutir en el deterioro de la salud mental.

    Riesgo de suicidio. Aproximadamente el 60% de las mujeres que experimentan secuelas psicológicas después del aborto reportan ideas suicidas. De éstas, un 28% comete intento de suicidio.

    Un prestigioso estudio llevado a cabo en Finlandia constató que la tasa de suicidio en el año posterior al aborto era tres veces más alta que la media femenina y siete veces más alta que la de las mujeres que habían dado a luz.

    Riesgo de abuso de alcohol y drogas. Existen más de 20 estudios médicos que vinculan el aborto inducido con un incremento en el abuso de drogas y alcohol. Uno de los más recientes, publicado por el American Journal of Drug and Alcohol Abuse encontró que, entre las mujeres que habían tenido un embarazo no deseado, aquellas que habían abortado tenían una mayor tasa de abuso de sustancias psicoactivas en comparación con quienes habían llevado el embarazo a término o con quienes no habían estado embarazadas. Entre las que habían dado a luz, la tasa de consumo de alcohol era incluso menor que la de las no embarazadas. Según los investigadores, esto podría sugerir que el tener un hijo, así sea no deseado, genera un efecto protector que surge del sentido de responsabilidad que desarrolla la madre frente al bebé.

    Disfunción sexual. Se han descrito alteraciones en las relaciones sexuales y el deseo sexual de numerosas mujeres que abortaron voluntariamente en varios estudios europeos y norteamericanos.

    Problemas de pareja. Después de un aborto, las parejas son más propensas a separase o divorciarse. Una investigación de la doctora Emily Milling con 400 parejas halló que el 70% se rompieron en el año siguiente al aborto.
    Maltrato infantil. El doctor Phillip Ney, psiquiatra infantil de la Universidad de British Columbia, descubrió que el aborto aumenta el maltrato a los otros hijos como consecuencia de los sentimientos de culpa y la reducción en la autoestima de la madre. De hecho, en Estados Unidos el maltrato infantil ha aumentado más de un 1.000% desde que se legalizó el aborto.

    La legalización del aborto no reduce su incidencia

    Contrario a lo que comunmente se dice, la legalización del aborto no conduce necesariamente a una disminución en las tasas de incidencia. Stanley Henshaw, un reconocido investigador del Alan Guttmacher Institute ha admitido que “en muchos países es común que después de la legalización las tasas de aborto tengan un aumento sostenido por algunos años para luego se estabilizarse”.

    En España 1 de cada 6 embarazos termina en aborto. 20 años después de la legalización, el número de abortos se ha incrementado en un 400%.
    En los últimos 10 años, el porcentaje de abortos en menores de 18 años se ha duplicado. Otro país que no se queda atrás es el Reino Unido. Sólo en Inglaterra y Gales se llevaron a cabo 185.415 abortos inducidos en el 2004 37, un 2.1% más que el año anterior.

    Desde su legalización, en el Reino Unido el número de abortos se ha incrementado en un 272%. En la última década este aumento ha sido del 17%.
    En el 2004, la tasa de aborto más alta se presentó entre las jóvenes de 18 a 24 años. Entre las adolescentes menores de 16 hubo un incremento del 6% con respecto al 2003. El 95% de los abortos se produjo argumentando problemas para la salud física o mental de la mujer. Cerca del 1% se llevaron a cabo por razones eugenésicas, de éstos, la tercera parte eran fetos con Síndrome de Down.

    Asimismo, la realidad muestra que el aborto está siendo utilizado principalmente como un método de planificación familiar, lo cual contradice abiertamente el espíritu de las conferencias del Cairo y Beijing.

    La legalización del aborto no reduce las tasas de mortalidad materna

    Es un mito asumir que la legalización del aborto es necesaria para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad materna en los países en desarrollo y que, de hecho, sea un factor relevante para alcanzar este objetivo.
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas coinciden en señalar que el aspecto crucial para disminuir las tasas de mortalidad materna es la atención de la mujer embarazada por personal calificado antes, durante y después del parto, lo cual incluye también el acceso a medicamentos, equipos e infraestructura adecuados, un sistema eficiente de comunicación y remisión a otros establecimientos de salud y, adicionalmente, el transporte.

    Desafortunadamente, de acuerdo con estos mismos organismos, cada año siguen muriendo unas 529.000 mujeres por esta causa en todo el mundo. Tal vez una de las razones que pueda explicar este fracaso en la política global para la reducción de la mortalidad materna radica en que gran parte de los recursos se han dirigido hacia agencias de planificación familiar que promueven los “servicios de salud sexual y reproductiva”, en los cuales el aborto juega un papel central, en lugar de ser destinados a mejorar el sistema de salud (inversión en la mejora de hospitales, equipos, cuidados de emergencia y medicinas) y otros aspectos como acceso al agua potable, al saneamiento y a la mejora de la alimentación.
    Si se hace un análisis comparado de las legislaciones de los países relativas al aborto y las tasas de mortalidad materna se encuentra que no existe una correlación estadística ni bases científicas para afirmar que a mayor liberalización de la legislación con respecto al aborto exista una disminución de la mortalidad materna. Hay países donde el aborto es ilegal o muy restringido, y donde se presumen altos índices de abortos clandestinos, que tienen menores tasas de mortalidad materna que otros donde esta práctica es ampliamente permitida y donde es llevada a cabo en condiciones
    “seguras”.

    Más del 50% de las muertes maternas del mundo suceden en los países que tienen las leyes menos restrictivas. En la India, por ejemplo, donde existe una legislación que permite el aborto en casi todos los casos desde 1972, es donde más muertes maternas ocurren. Cada año, se registran alrededor de 136.000 casos, equivalentes al 25% del total mundial, que para el año 2000 se calculó en 529.000.

    Una de cada 4 muertes maternas de todo el mundo sucede en la India, donde el aborto es ampliamente legal.

    En los países desarrollados también se puede ver que no hay una correlación entre la legalidad del aborto y los índices de mortalidad materna. Rusia, con una de las legislaciones más amplias, tiene una tasa de mortalidad materna alta (67 por 100.000 nacidos vivos), 6 veces superior al promedio. En contraste, Irlanda, donde el aborto es ilegal prácticamente en todos los casos, posee una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo (5 por 100.000 nacidos vivos), tres veces inferior a la de su vecino el Reino Unido (13 por 100.000 NV) y a la de Estados Unidos (17 por 100.000 NV), países donde el aborto es ampliamente permitido y los estándares de salud son altos.

    En América Latina, Chile, que posee una de las legislaciones más restrictivas del mundo con respecto al aborto, tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja (31 por 100.000 NV), después de la de Uruguay (27 por 100.000 NV), menor incluso que las de Cuba (33 por 100.000 NV) y Guyana (170 por 100.000 NV) que son los únicos países de la región donde el aborto es permitido sin restricciones. Las mayores tasas de mortalidad materna de Sur América las presentan Bolivia (420 por 100.000 NV) y Perú (410 por 100.000 NV), cuyas legislaciones permiten el aborto en algunos casos.

    Como puede verse la legalidad o ilegalidad del aborto no afecta las tasas de mortalidad materna. Lo que sí resulta determinante, en cambio, es el número de partos atendidos por personal calificado. En Haití, por ejemplo, que tiene la tasa de mortalidad materna más elevada de la región (680 por 100.000 NV), el 76% de los partos no reciben atención calificada, en Bolivia este número llega al 65% y en Perú, al 59%.

    En contraste, en los países donde la mayoría de los partos reciben atención calificada, las tasas de mortalidad materna son notablemente más bajas.

    Estos datos sugieren, de manera concluyente, que para disminiur la mortalidad materna no se debe recurrir a la legalidad del aborto sino a aumentar el número de partos que son atendidos por personal idóneo y calificado.

    El caso de Polonia es paradigmático, después de décadas de permitir el aborto a libre demanda como una nación Soviética, en 1993 el nuevo gobierno decidió penalizarlo (salvo en casos de violación, problemas con el feto o riesgo para la salud de la madre). Desde entonces, no sólo el número de abortos legales se redujo en un 99.8%, de 59,417 en 1990 a 138 en 2000, sino también la mortalidad materna, que experimentó un descenso del 73.3%, pasando de 15 por 100.000 NV en 1990 a 4 por 100.000 NV en 2000.
    Pretender que la legalización del aborto hace seguro este procedimiento y rebaja las tasas de mortalidad materna es desviar la atención del problema real. La legalización del aborto no resuelve las causas de fondo que son las carencias y las fallas en el sistema de salud. Las mujeres que están en riesgo debido a la falta de acceso a hospitales, personal calificado y medicamentos antes de la legalización, enfrentarán estas mismas circunstancias después de ésta, con el agravante de que una vez legalizada esta práctica (con los riesgos para la salud que implica) su demanda se incrementa, con lo cual será mayor el número de mujeres compitiendo por los mismos servicios escasos e ineficientes. Este hecho, en lugar de reducir las tasas de mortalidad materna, podría contribuir a aumentarlas.

    Las tasas de mortalidad son más elevadas en el aborto legal que en el parto

    Hay quienes afirman que el aborto, realizado en condiciones adecuadas y durante las primeras semanas de gestación, implica menos riesgos para la salud de la mujer que el parto. Esta idea surge de estudios que sólo tienen en cuenta las causas obstétricas, directas e indirectas, y las naturales relacionadas con el embarazo, mientras éste es llevado a cabo o en los 42 días posteriores a su terminación, que son reportadas en los certificados de defunción. Sin embargo, cuando se hace un análisis más completo, que incluye, no sólo el tipo de causas mencionadas, sino que cruza la información del certificado de defunción con datos obtenidos de la historia clínica de la paciente, se encuentra que las mujeres que se han practicado un aborto tienen una tasa de mortalidad más alta que aquellas que han continuado con su embarazo hasta el final.


    El estudio más significativo al respecto fue publicado en la revista de medicina, American Journal of Obstetrics and Gynecology bajo la dirección de Mika Gissler, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud de Finlandia. El estudio, que fue realizado entre 1987 y el año 2000, incluyó a toda la población de mujeres de Finlandia entre los 15 y los 49 años de edad. Los investigadores vincularon los registros de nacimientos y abortos a los certificados de defunción para determinar los riesgos relativos de mortalidad en los 12 meses después del término del embarazo y encontraron que la tasa de mortalidad materna por causa del aborto legal en Finlandia es 2.95 veces mayor que la del parto.

    La tasa de mortalidad materna asociada al aborto es 3 veces mayor que la del parto.

    Las mujeres que dieron a luz tenían la mitad de la tasa de mortalidad de las mujeres que no estuvieron embarazadas en el año anterior a su muerte. En contraste, las mujeres que tuvieron un aborto inducido tenían 46% más probabilidades de morir que aquellas que no habían estado embarazadas, 60% más probabilidades que quienes tuvieron un aborto espontáneo y 195% más probabilidades de morir que las mujeres que dieron a luz.

    Con este estudio, los investigadores concluyeron que el embarazo beneficia la salud de la mujer.
    Otra investigación reciente de los mismos investigadores reveló que el 94% de las muertes maternas relacionadas con el aborto no son identificables a partir de los datos del certificado de defunción.

    Otro estudio similar publicado en el Southern Medical Journal de Estados Unidos, vinculó los certificados de defunción con los pagos por concepto de partos y abortos de aproximadamente 173.000 mujeres de bajos ingresos en California. En ese estudio, los investigadores descubrieron que las mujeres que se habían practicado abortos fueron casi el doble de propensas a morir en los siguientes 2 años comparadas con aquellas que habían dado a luz, y que esta tendencia persistía durante por lo menos 8 años. De igual modo, las mujeres que habían abortado tenían 154% más probabilidades de morir a causa del suicidio, 82% más por accidentes y 44% más por causas naturales.

    Un estudio reciente financiado por el gobierno de Finlandia, confirmó que las mujeres que se someten a un aborto, corren cuatro veces más riesgo de morir que las que continúan su embarazo y dan a luz. El estudió tomó en cuenta más de 9 mil casos y concluyó que las mujeres que abortan tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el transcurso del año siguiente, que aquellas que tuvieron a sus bebés. El Dr. David C. Reardon, encargado de la investigación, confirmó que el aborto es más peligroso que el parto. El Dr. Reardon también comentó que “los que promueven el aborto, siguen mintiendo a las mujeres, les dicen que el aborto es más seguro que el parto, cuando hay pruebas irrefutables de lo contrario”. Si los que promueven el aborto fueran realmente pro libre elección (pro-choice), darían a conocer los riesgos reales que un aborto lleva consigo.

    Evidencias científicas sobre las repercusiones del aborto inducido en las mujeres.

    David Fergusson, miembro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Christchurch, Nueva Zelanda, es uno de los más importantes investigadores a nivel mundial del fenómeno del aborto y sus consecuencias psicológicas. En su estudio publicado por la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry en el año 2006 , investigó por 25 años a un grupo de 630 mujeres desde su nacimiento, observando los desórdenes en su salud mental relacionándolos con el aborto y el embarazo. Hallaron que las mujeres de 15 a 18 años de edad que no habían quedado embarazadas tenían un 31.2% de probabilidad de sufrir depresión mayor. Las que habían quedado embarazadas y no habían tenido un aborto tenían una probabilidad de 35.7%. Pero aquéllas que habían tenido un aborto tenían una probabilidad de 78.6%. Para el caso de ansiedad, las estadísticas fueron muy parecidas: Sin embarazos: 37.9%; embarazo y no aborto: 35.7%; aborto: 64.3%. Y para las ideas de suicidio, sin embarazo: 23%; embarazo y no aborto: 25%; aborto: 50%.

    Este estudio, que podría ser el más grande de su tipo, concluye que aquellas mujeres que tuvieron un aborto elevaron sus tasas de problemas de salud mental subsecuentes incluyendo depresión, ansiedad, comportamientos suicidas y desórdenes relacionados al uso de sustancias adictivas.

    Esta asociación persistió después del ajuste hecho con otros factores concomitantes”.
    El Instituto Elliot en Illinois publicó en el 2005 en la revista Journal of Anxiety Disorders ,que las mujeres que abortan son 3 veces más propensas a presentar síntomas de desórdenes de ansiedad generalizada en comparación a mujeres con embarazos no planeados que dieron a luz.

    La Dra. Coleman y cols. concluyeron en sus publicaciones de la revista British Journal of Health Psychology del año 2005 , y American Journal of Obstetrics and Gynecology del 2003 que las mujeres con una historia clínica de aborto inducido son 3 veces más propensas a usar drogas ilegales durante un embarazo posterior; así mismo en su estudio de 2002 de la revista American Journal of Orthopsychiatry que las mujeres que presentaron aborto inducido, contra las que llevaron a término su embarazo, presentan 42%, 30%, y 16% a 180 días, 1 año, y 2 años, mayor incidencia en la necesidad de tratamiento psiquiátrico.

    Reardon y cols, en su estudio publicado en el año 2003 por la revista Canadian Medical Association Journal; demuestran de manera significativa el mayor riesgo de admisiones al área de psiquiatría por parte de mujeres que hubieran presentado abortos inducidos, contra las que llevaban a término su embarazo; así mismo en su estudio de 2004 y del año 2000 de la revista The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, concluye que las mujeres que han presentado aborto inducido tienen mayor riesgo de abuso de sustancias ilegales, que las que no. De la misma forma publicado en el 2005 en la Canadian Medical Association Journal; Veber y Gentles, llegan a las mismas conclusiones que su antecesor.

    Cougle y cols, del Departamento de Psicología de la Universidad de Texas; publicó en el 2003 en la revista Medical Science Monitor un seguimiento a 8 años post embarazo a mujeres que se realizaron un aborto inducido, quienes tuvieron un 65% de mayor incidencia de depresión, depresión crónica y ansiedad, que las que concluyeron con su embarazo.
    El estudio Finlandés de Gissler y cols, de 1996 publicado por la afamada revista de Brithish Medical Journal, demuestra como las mujeres que llevaron a cabo un aborto inducido presentan 6 veces más incidencia de suicidio, que aquellas con embarazos que llegaron a término.

    Ley de protección a la maternidad en el Distrito Federal


    Capítulo I. Disposiciones Generales


    Artículo 1. El objeto de la presente ley es asegurar el ejercicio de los derechos de la mujer embarazada, resguardar su salud, la del niño en gestación y la infancia temprana.

    Artículo 2. La protección de esta ley incluye las etapas de embarazo, parto y maternidad en infancia temprana.

    Artículo 3. En la interpretación de esta ley, se aplicarán de manera complementaria, las siguientes disposiciones normativas:

    I. Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos aplicables en la República Mexicana, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
    II. Ley Federal del Trabajo;
    III. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional;
    IV. Ley del Seguro Social; y
    V. Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

    I. Derecho a la Vida: Derecho inherente al ser humano, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás normas jurídicas aplicables en el país, a partir del momento de la concepción, y hasta el momento de la muerte natural;

    II. Embarazo: Periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos; en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción II del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;

    III. Embrión: Producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la décimo segunda semana de gestación, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción III del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;

    IV. Lactancia: Fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir de la expulsión o extracción del feto y sus anexos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción X del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;

    V. Trabajo de parto: Es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas y que termina con la expulsión o extracción del feto y sus anexos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción VIII del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;

    VI. Maternidad: Estado o cualidad de madre;

    VII. Gestación: Periodo que dura el embarazo o la preñez;

    VIII. Infancia temprana: Periodo de vida humana comprendido desde que se nace hasta los 9 años;

    IX. Derecho a la protección de la salud: Garantía individual que incluye acciones a cargo del Gobierno a efecto de que se preserve la salud, es decir, el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones; y

    X. Puerperio: Es el periodo que se inicia con la expulsión o extracción del feto y sus anexos hasta lograr la involución de los cambios gestacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción IX del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.

    Artículo 5. Toda mujer tiene derecho a la maternidad. Para tales efectos, el Gobierno del Distrito Federal brindará las condiciones necesarias para hacer efectiva esta protección.

    Artículo 6. Toda mujer tiene derecho a la protección de la salud durante el embarazo y la maternidad. Para hacer efectivo este derecho, el Gobierno del Distrito Federal establecerá las condiciones necesarias a las mujeres embarazadas y con niños en infancia temprana, de manera gratuita y sin distinción alguna, en los términos previstos en esta ley demás disposiciones aplicables, a fin de que reciban orientación y facilidades para ejercitar los derechos previstos en esta ley.

    Artículo 7. A partir del momento en que un médico del servicio de salud público o privado tenga conocimiento de que una de sus pacientes se encuentra embarazada, tiene la obligación de informarle sobre la existencia de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, que la apoyará en el desarrollo de su embarazo, parto e infancia temprana de su hijo. El médico otorgará a la paciente los datos y forma de localización de esta Red.
    Deberá enfatizarse la difusión de esta información, tratándose de población con desventajas socioeconómicas y embarazadas adolescentes.

    Artículo 8. Cuando el Gobierno del Distrito Federal no cuente con capacidad suficiente para brindar la protección a la maternidad, a través de sus instituciones, otorgará un apoyo económico a la mujer embarazada, en términos de la reglamentación correspondiente, para que pueda acceder a los instrumentos de protección de la salud de ella misma y del niño en gestación e infancia temprana.

    Artículo 9. El Gobierno del Distrito Federal, administrará una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Esta Red tendrá por objeto la participación y corresponsabilidad de la sociedad en la política de protección a la maternidad.
    Para tales efectos, el Instituto de las Mujeres promoverá la participación, tanto del gobierno como de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación para la ejecución de proyectos en esta materia.

    Artículo 10. El objeto de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, será reunir a las organizaciones públicas y privadas para que brinden asesoría y apoyo a las mujeres para superar cualquier conflicto que se les presente durante el embarazo.
    Para incorporar a esta Red a las diferentes organizaciones públicas y privadas, deberá verificarse que no exista conflicto de intereses entre los objetivos de la red y los de la
    organización.

    Artículo 11. Las personas que formen parte de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, deberán observar la confidencialidad en la información que se recabe con motivo de la asesoría y apoyo brindado a las mujeres embarazadas.
    Las organizaciones responderán objetivamente por la violación a la confidencialidad prevista en este precepto.

    Artículo 12. El Instituto de las Mujeres contará con un Programa Integral de Apoyo a las Mujeres Embarazadas, que establezca líneas de acción y objetivos para lograr ese propósito. Este programa deberá definir:

    I. La identificación de los organismos y servicios a que puede acceder la embarazada, para lograr el apoyo necesario en el desarrollo de su embarazo;

    II. La previsión de realización de campañas públicas, sobre los métodos de sexo protegido y seguro;

    III. La instrumentación de campañas dirigidas a los varones, especialmente los adolescentes, para motivarles a asumir su responsabilidad como causantes del embarazo;

    IV. Las medidas que se pondrán en marcha para facilitar el acceso de la embarazada o nueva madre a los programas de apoyo social que sean adecuados a su situación; y

    V. Los mecanismos de difusión pública que se pondrán en marcha para que toda embarazada pueda conocer que existe la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas y las formas de acceder a ésta.

    Artículo 13. El Gobierno del Distrito Federal está obligado a otorgar apoyo técnico, económico y cooperación directa suficiente a las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la protección del embarazo, protección de los derechos de la maternidad y paternidad; así como promoción de la adopción con vistas al interés superior del menor.
    Para otorgar este apoyo económico, se deberá acreditar la necesidad de implementar la acción o proyecto, el contenido y objeto del mismo, así como los mecanismos para llevar a cabo su implementación.

    Capítulo II. De la aplicación de la ley

    Artículo 14. Son autoridades responsables de la aplicación de esta ley:

    I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
    II. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través del Sistema de Salud del Distrito Federal.
    III. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;
    IV. La Secretaría del Trabajo del Distrito Federal;
    V. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
    VI. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal;
    VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; y
    VIII. Las demás autoridades cuyas funciones tengan relación con lo previsto en la presente ley.

    Artículo 15. Para la aplicación de la presente ley, el Jefe de Gobierno podrá celebrar convenios con las autoridades federales o de los Estados, con instituciones educativas y con particulares, sujetándose a las disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

    Capítulo III. De los Derechos en relación con el embarazo

    Artículo 16. El Estado tiene la obligación de brindar protección al individuo, desde el momento en que es concebido, con independencia de que sea inviable o padezca deformaciones genéticas o congénitas.

    Artículo 17. Durante el embarazo, toda mujer tiene derecho:

    I. A consultas médicas, exámenes de laboratorio, ultrasonido, atención ginecológica gratuita, orientación sicológica y siquiátrica hasta el posparto, así como orientación y vigilancia en materia de nutrición, a través de instituciones públicas de salud, o bien, a través de instituciones privadas, en cuyo caso, el Gobierno otorgará un apoyo económico directo mensual suficiente a las mujeres que así lo soliciten, en términos de la regulación de la materia;

    II. A gozar de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle;

    III. A no ser discriminada por el hecho de estar embarazada;

    IV. A tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que las mujeres no embarazadas;

    V. A ocupar cargos de elección popular o de designación en los Órganos de Gobierno del Distrito Federal en igualdad de condiciones que los hacen los hombres y mujeres no embarazadas;

    VI. Al acceso y continuidad en la educación. Para tal efecto, las instituciones educativas públicas o privadas, deberán establecer modificaciones a los planes de estudios y horarios de la mujer embarazada, así como a justificar su inasistencia por motivos de atención médica, en su caso, se autorizarán bajas temporales, a efecto de garantizar la continuidad en sus estudios.
    Corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, velar por el cumplimiento de esta disposición, así como implementar las condiciones necesarias para optimizar el rendimiento académico de la embarazada y estimular la continuidad en sus estudios;

    VII. A contar con asesoría legal por cualquier acto de discriminación, vejación y vulneración de sus derechos como mujer embarazada, durante las veinticuatro horas del día. En los casos que se considere necesario, gozará de los servicios de defensoría de oficio, para interponer los recursos, juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o reivindicar sus derechos, así como en relación con los deferentes procedimientos de adopción; en este último caso, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal;

    VIII. Al acceso a los Centros de Atención a la Mujer, Gubernamentales o Privados, mismos que conocerán a través de una línea de atención gratuita que implementará el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, o bien, a través de la implementación de una página de internet. A través de esta línea telefónica o de internet, se proporcionará a las mujeres información detallada sobre sus derechos, la forma de acceder a ellos y las instancias para hacerlos efectivos;

    IX. Gozar de noventa días de descanso, mismos que podrá distribuir de la manera que desee la madre, ya sea antes o después del parto;

    X. Recibir ayuda sicológica o siquiátrica durante el embarazo y después del parto cuando se trate de embarazos no previstos. Esta ayuda deberá hacerse extensiva al padre, madre y demás familiares, principalmente, cuando la madre sea menor de edad;

    XI. A obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Gobierno del Distrito Federal;

    XII. A tener preferencia en el acceso a los programas sociales federales y locales, siempre que sean adecuados a su situación; y

    XIII. A contar con transporte público gratuito.
    A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV de este artículo, el Gobierno del Distrito Federal implementará un programa de incentivos fiscales para las personas físicas o morales que contraten a mujeres embarazadas.

    Artículo 18. En el caso de mujeres embarazadas a las que haya sido diagnosticado Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido, contarán además con atención especializada a efecto de garantizar su salud y la del niño en gestación, otorgando las mejores condiciones de atención médica, procurando que los responsables de la atención cuenten con la certificación de médico especialista, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Salud.

    Artículo 19. Las mujeres embarazadas que se encuentren sujetas a prisión preventiva, gozarán además de los siguientes derechos:

    I. A decidir libremente hacer uso de los Servicios Médicos de la Institución de internamiento, o bien, optar por servicios privados de atención médica u hospitalaria. En este último caso, se permitirá el libre acceso del médico particular al centro de internamiento, y se autorizará la atención hospitalaria privada, previo cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 88 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal;

    II. A contar con alimentación y vestimenta adecuadas, así como condiciones de seguridad e higiene; y

    III. A ser externadas provisionalmente y hasta 40 días después de haber ocurrido el parto, en el caso de que así lo deseen.

    Artículo 20. Las mujeres embarazadas que se encuentren en ejecución de la pena privativa de libertad, tendrán además los siguientes derechos:

    I. A no ser internadas en instituciones del sistema penitenciario de alta seguridad; y

    II. A compurgar la sanción penal en la modalidad de tratamiento en externación, o a través de reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, de acuerdo a la elección de la sentenciada. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal.

    Artículo 21. Durante el embarazo, se establecen las siguientes prohibiciones:

    I. Las mujeres embarazadas no sufrirán discriminación bajo ningún concepto;

    II. Está prohibido ejercer violencia física o moral a las mujeres embarazadas. La contravención a esta disposición se sancionará de manera agravada en los términos dispuestos por el Código Penal para el Distrito Federal;

    III. Bajo ningún concepto se podrá negar a la mujer embarazada el derecho al trabajo, independientemente de la etapa del embarazo en el que se encuentre;

    IV. No se vedará el derecho a la educación a las mujeres embarazadas;

    V. Las mujeres embarazadas no podrán
    realizar jornadas nocturnas de trabajo;

    VI. En cualquier actividad que desarrolle la mujer embarazada, no podrá se expuesta al contacto con agentes infectocontagiosos y/o inhalación de substancias tóxicas volátiles, o a trabajar en áreas con emanaciones radioactivas o contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos; y

    VII. No se podrá negar el acceso a mujeres embarazadas o mujeres con hijos en infancia temprana, a los establecimientos mercantiles. Las sanciones por la contravención a lo dispuesto en esta fracción, se establecerán en la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal.


    Capítulo IV. de los derechos durante el embarazo en relación con los servicios de salud

    Artículo 22. En relación con la prestación de los servicios de salud, las mujeres embarazadas tienen los siguientes derechos:

    I. A ser informada sobre las opciones disponibles legalmente en relación con el embarazo, el parto y la crianza de su hijo y a recibir información detallada sobre todos los lugares, profesionales y métodos disponibles para el parto;

    II. A recibir información completa y actualizada sobre los beneficios y riesgos de todos los procedimientos, fármacos y pruebas que se usan durante el embarazo, parto y postparto;

    III. A que no se emplee en forma rutinaria prácticas y procedimientos que no estén respaldados por evidencias científicas;

    IV. A otorgar su consentimiento informado sobre los probables beneficios y riesgos potenciales inherentes a la intervención profesional;

    V. A elegir métodos no farmacológicos de alivio del dolor, utilizándose analgésicos o anestésicos sólo si éstos son requeridos específicamente para corregir una complicación;

    VI. A conocer el nombre y la calificación profesional de la persona que le administra un medicamento o le realiza un procedimiento durante la gestación, trabajo de parto y parto.

    VII. A ser informada acerca de cualquier afección conocida o sospechada de su hijo;

    VIII. A acceder a su historia clínica y solicitar una copia de la misma;

    IX. A elegir una posición para el trabajo de parto y el parto y que sean las más convenientes para ella y su bebé;

    X. A recibir una atención cultural apropiada, es decir, una atención sensible y que responda a las creencias y valores, así como a las costumbres específicas de la etnia y religión de la madre; y

    XI. A ser informada sobre el sistema de orientación y quejas disponibles para inconformarse por la prestación de los servicios de salud.

    Capítulo V. de los derechos en relación con el parto

    Artículo 23. Durante el parto, la madre tiene derecho:

    I. A recibir atención digna, gratuita y de calidad durante el parto;

    II. A recibir información clara y completa sobre todas las alternativas, causas y consecuencias de las decisiones que tomen durante la atención médica;

    III. A decidir de manera libre e informada la forma en que se llevará a cabo el parto, de manera normal, por intervención quirúrgica, o a través de los distintos mecanismos establecidos en la práctica médica. En todo caso, la madre deberá otorgar por escrito su consentimiento, por sí, o a través de las personas que autorice para otorgarlo;

    IV. Al respeto pleno de sus creencias en la atención del parto, exceptuando los casos de necesidad médica;

    V. A decidir libremente sobre la conservación de las células madre del recién nacido; en todo caso, sin fines de lucro;

    VI. A recibir un apoyo económico por parte del gobierno, en términos de la regulación aplicable, para pagar los gastos del parto, en el caso de que decida no hacer uso de los hospitales pertenecientes al Sistema de Salud Pública; y

    VII. A dar en adopción al recién nacido, en términos de las disposiciones aplicables en materia civil, para lo cual recibirá asesoría legal, sicológica y siquiátrica gratuitas.

    Artículo 24. Las mujeres sujetas a prisión preventiva o por ejecución de condena, que no hayan optado por la preliberación o tratamiento en externación, respectivamente, podrán solicitar al Director General de la Institución de internamiento, que su parto se efectúe en hospitales privados, gozando del apoyo económico previsto en el artículo anterior.
    Cuando la mujer embarazada decida que su parto se lleve a cabo haciendo uso de los servicios médicos de las instituciones de internamiento, se estará a las siguientes restricciones:

    I. En ningún documento oficial se hará inscripción del domicilio del establecimiento de reclusión, como lugar de nacimiento. En este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal;

    II. No se podrá videograbar o fotografiar el alumbramiento, cuando a través de dichos medios pueda identificarse que se trata de un establecimiento de reclusión del Distrito Federal; y

    III. La atención médica se realizará bajo los más altos estándares de calidad de la práctica médica.

    Artículo 25. Tratándose de partos múltiples o de niños con necesidades especiales, el Gobierno del Distrito Federal deberá brindar un apoyo económico o en especie para que la madre pueda hacer frente a las necesidades imprevistas en la atención de sus hijos.

    Artículo 26. Tratándose de partos prematuros o de madres con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido, el Gobierno del Distrito Federal garantizará que se brinde atención médica y quirúrgica especializada bajo los más altos estándares de calidad en el servicio de la salud.

    Capítulo VI. De los derechos en relación con la lactancia

    Artículo 27. Con independencia de las disposiciones de seguridad social previstas en otras leyes, los patrones están obligados a contar con áreas especiales para la lactancia de los niños. La misma obligación se establece para las instituciones de educación pública o privada, centros de prevención y readaptación social, oficinas de los tres Órganos de Gobierno del Distrito Federal, y oficinas de los Partidos Políticos.

    Artículo 28. Asimismo, los descansos extraordinarios de media hora para lactancia, se hacen extensivos a todas las madres trabajadoras, estudiantes, funcionarias públicas, representantes populares, y en cualquier otro ámbito de su desarrollo.

    Capítulo VII. De los derechos en relación con la infancia temprana

    Artículo 29. La protección de la maternidad con relación a la infancia temprana, se extiende tanto a madres biológicas, como filiales derivadas de la adopción.

    Artículo 30. Las disposiciones previstas en este capítulo aplicarán también para el caso de los padres que acrediten hacerse cargo del cuidado de sus hijos en infancia temprana, sin contar con el apoyo de la madre.

    Artículo 31. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
    Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, contando con el apoyo y subsidio del Gobierno del Distrito Federal, mismo que deberá impulsar el crecimiento físico y mental de la niñez.

    Artículo 32. Es obligación del Gobierno del Distrito Federal proveer lo necesario para propiciar la protección de la salud del niño, el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable para protección de la niñez en el Distrito Federal.

    Artículo 33. Las madres trabajadoras con hijos menores de nueve años, gozarán de una hora de tolerancia en la entrada o salida a sus centros de trabajo.

    Artículo 34. Las madres estudiantes con hijos menores de nueve años, gozarán de horarios especiales para llevar a cabo sus estudios. Esta obligación se extiende a instituciones de educación privada y pública.

    Artículo 35. Las madres trabajadoras y estudiantes con hijos menores de nueve años, gozarán de días de inasistencias cuando se justifique con motivo de los cuidados maternos derivados de la salud de sus hijos.

    Artículo 36. El Gobierno del Distrito Federal garantizará que en los centros de empleo público o privado, así como en las instituciones educativas y centros de reclusión, se cuente con el servicio de guarderías e instancias infantiles previsto en las disposiciones relativas a la seguridad social.

    Artículo 37. En caso de imposibilidad de acceder a los servicios de guarderías o instancias infantiles del sector público, el Gobierno del Distrito Federal otorgará a la madre un apoyo económico suficiente, en términos de la regulación de la materia, destinado a la contratación del servicio de guardería privada.

    Artículos transitorios

    Primero . Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

    Segundo . Ante la concurrencia de normas incompatibles entre sí, que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, prevalecerá esta sobre cualquier otra.
    Tercero. El Jefe de Gobierno deberá realizar las modificaciones administrativas y presupuestarias necesarias para la aplicación de esta ley, en un periodo que no exceda de tres meses a partir de su publicación.

    Cuarto. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal contará con un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley, para crear la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas del Distrito Federal.

    Quinto. En un plazo que no exceda de seis meses a partir de la publicación de esta ley, el Gobierno del Distrito Federal deberá universalizar el programa de apoyo a madres solteras residentes en el Distrito Federal.

    Sexto. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
    Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil siete.

    Atentamente
    DIP. MIGUEL HERNÁNDEZ LABASTIDA

    DIP. JORGE TRIANA TENA


    DIP. MARGARITA MA. MARTÍNEZ FISHER


    DIP. DANIEL RAMÍREZ DEL VALLE
    DIP. KENIA LÓPEZ RABADÁN

    DIP. JOSÉ ANTONIO ZEPEDA SEGURA
    DIP. CELINA SAAVEDRA ORTEGA

    DIP. JORGE ROMERO HERRERA
    DIP. AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN

    DIP. MA. DEL CARMEN SEGURA RANGEL

    DIP. ALFREDO VINALAY MORA
    DIP. MA. DE LA PAZ QUIÑONEZ CORNEJO
    DIP. EZEQUIEL RÉTIZ GUTIÉRREZ
    DIP. PAULA A. SOTO MALDONADO
    DIP. JACOBO M. BONILLA CEDILLO

    DIP. MIGUEL ANGEL ERRASTI ARANGO
    DIP. ALDO DANIEL ARMAS PLUMA

     

     
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