Autor: Carmen Elena Villa | Fuente: Zenit Uruguay: oposición al aborto ¿cuestión sólo de religión?
El parlamento discutirá próximamente un proyecto de ley para despenalizar este delito
Uruguay: oposición al aborto ¿cuestión sólo de religión?
MONTEVIDEO, miércoles 6 de abril de 2011
Para la
senadora Mónica Xavier, una de las principales promotoras del proyecto
de ley del aborto en Uruguay "quienes en el marco
de una sociedad laica y democrática profesan una religión, no
deben confundir pecado con delito", así lo dijo en declaraciones
al diario Últimas Noticias en días pasados.
Así lo aseguró al
defender el proyecto de ley de despenalización del aborto, que
en los próximos días será presentado por el Frente Amplio,
coalición de izquierda ante el parlamento uruguayo. El proyecto busca
que ésta practica deje de ser un delito en tres
causas: razones económicas, de violación o falta de edad para
enfrentar la maternidad. El tema ha levantado ampollas estos días
en la opinión pública uruguaya, sin embargo, ¿se trata sólo
de una cuestión religiosa?
Veto presidencial
El 11 de noviembre de 2008
el Parlamento de este país aprobó un proyecto de ley
de “Salud sexual y reproductiva”, que establecía, bajo ciertas circunstancias
la llamada “interrupción del embarazo”, durante las doce primeras semanas
como un derecho de la mujer. En este proyecto establecía
los deberes del médico, marcaba plazos para la presentación de
la objeción de conciencia de parte de los profesionales de
la salud y modificaba los artículos del código penal referidos
al “delito de aborto”, estableciendo una amplia, aunque no total,
despenalización de esta práctica.
Sin embargo, tres días después, el entonces
presidente Tabaré Vázquez, oncólogo y radioterapeuta, quien se declara ateo
y comunista, vetó capítulos y artículos que se referían al
tema, y envió al parlamento un mensaje en el que
fundamentaba su decisión, con referencias a datos científicos, derechos establecidos
en la Constitución de la República y compromisos asumidos por
Uruguay con la firma de convenciones de derechos humanos, entre
ellos Pacto de Costa Rica.
“Hay consenso en que el aborto
es un mal social que hay que evitar”, dijo el
hoy ex presidente. “Sin embargo en los países en los
que se ha liberalizado el aborto éstos han aumentado. En
Estados Unidos en los diez primeros años se triplicó y
la cifra se mantiene. La costumbre se instaló”, ejemplificó Vásquez.
“Lo mismo sucedió en España”, concluyó.
El entonces mandatario aseguró que
el verdadero grado de civilización de una cultura “mide cómo
se protege a los más necesitados. Por eso se debe
proteger más a los más débiles. Porque el criterio ya
no es el valor del sujeto en función de sino
los afectos que suscita en los demás o de la
utilidad que presta sino en el valor que resulta de
su mera existencia”.
Pero a comienzos de año, dos legisladores del
oficialista Frente Amplio, el diputado Álvaro Vega (Movimiento de Participación
Popular) y la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista), presentaron varios
proyectos a favor de la despenalización del aborto, el cual
podría darse por la sola voluntad de la mujer, durante
las primeras 12 semanas o incluso después en caso de
que el feto presente malformaciones o Síndrome de Down.
“El proyecto
en sí no tiene de fondo nada diferente a lo
que es otro intento más de legalizar la destrucción de
los concebidos no nacidos”, dijo a ZENIT Gustavo Ordoqui, presidente
del Instituto Arquidiocesano de Bioética Juan Pablo II en Montevideo.
“Las
diferencias entre proyectos en pugna están en el periodo de
tiempo en que se autoriza el aborto y hasta que
semana lo que es irrelevante a los fines del homicidio
que se pretende legalizar”, aseguró Ordoqui.
Objeción de conciencia institucional
El proyecto
de Xavier, como se le conoce, presenta serias trabas al
tema de la objeción de conciencia. Entre las instituciones que
quedarían obligadas por ley a practicar abortos se encuentran asociaciones
mutuales católicas y evangélicas. La ley les ofrece la posibilidad
de contratar a un tercero para que preste esos servicios
fuera de la institución, pero a costo de la misma.
“Es
necesario que la sociedad y la ley reconozcan el derecho
de las instituciones a regirse de acuerdo a sus principios
y valores fundacionales, como ya lo ha hecho el Parlamento
Europeo”, advirtió monseñor Heriberto Bodeant, obispo de Melo (oriente de
Uruguay) y portavoz de la Conferencia Episcopal Uruguaya.
El prelado había
declarado a un medio de prensa que pagar para que
otro realice un acto contrario a la moral, lo hace
aún más culpable que quien lo realiza materialmente, de modo
que esa solución “no es aceptable para las instituciones católicas”.
La
paradoja del invierno demográfico
Igualmente, Uruguay es un país que presenta
un alarmante descenso demográfico muy diferente al del resto de
América Latina. En el último censo, realizado en 2004, la
población alcanzaba los 3.241.003 habitantes, con una tasa anual media
de crecimiento del 3,2‰ con respecto al censo de 1996
donde la población era de 3.163.763 habitantes. La baja tasa
de crecimiento en el periodo 1996-2004 es aún inferior a
la registrada entre los censos 1985-1996 de 6,4‰. “Ese descenso
se debe a una disminución progresiva de la fecundidad y
a la emigración de muchos uruguayos”, dijo monseñor Bodeant.
Por su
parte, el profesor Ordoqui señaló que “es un ámbito en
el que quedan en evidencia claras incoherencias de este gobierno
que por un lado fomenta el aborto y por otro,
manifiesta la preocupación de que faltan “gurises” siendo este el
termino que utiliza nuestro presidente”.
“La tasa de crecimiento demográfico en
nuestro país”, indicó el profesor Ordoqui, “decrece día a día
sin que se haya adoptado ninguna medida de protección para
las familias con hijos. Aun considerando el tema solo desde
el punto de vista económico no se ha sabido ver
en los hijos el factor de desarrollo económico del país”.
Para
los obispos uruguayos resulta “paradójico que, mientras se quiere alentar
el número de nacimientos, ante el invierno demográfico de nuestra
nación, y se habla de recurrir a ciudadanos de otros
países para poblar nuestro suelo uruguayo, se impulsen leyes para
diezmar nuestra población”, así lo afirma un comunicado de la
Conferencia Episcopal Uruguaya publicado, luego de la asamblea que tuvieron
entre el 21 y 25 de marzo pasados.
Al margen de
la Iglesia
Varios han sido los pronunciamientos en contra de la
Iglesia por querer oponerse a la ley del aborto en
Uruguay. El pasado martes 29 de marzo el diario Ultimas
Noticias recogió expresiones de los autores de los proyectos de
ley ante el comunicado de los Obispos.
"Los que estamos tratando
de que la interrupción del embarazo no sea delito, sin
interferir en las religiones, reclamamos que no interfieran en disposiciones
legales", dijo Mónica Xavier, quien aseguró que la Iglesia católica
no debe "adjudicarle concepciones que distan mucho de los principios
humanistas que defiendo" y le pidió "no seguir generando confusión".
Por
su parte para el doctor Ordoqui, la opinión pública en
Uruguay ha querido abordar el tema del aborto como “un
tema de religión”, con el fin de “acaparar la aceptación
de los no católicos y generar controversias dentro de este
ámbito” un hecho que resulta “literalmente absurdo pues todos sabemos
que no es un tema de religión”.
“Prueba de ello es
que el ex presidente Vásquez haya sido quien haya vetado
el proyecto de ley hace casi tres años por motivos
netamente científicos”, concluyó.
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